En la tarde de este jueves, el pleno del Consejo Constitucional aprobó la exención del pago de contribuciones a las primeras viviendas.
La iniciativa obtuvo 30 votos a favor y 17 en contra, además de las abstenciones de los consejeros Edmundo Eluchans (UDI), Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN)
Se trata de una propuesta contenida en el apartado de derechos y libertades fundamentales, específicamente, en el inciso 28 del artículo 16.
La iniciativa indica que «el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho».
Cabe señalar que por el momento la norma se encuentra acompañada de un transitorio, que fue solicitado por Chile Vamos, el que tiene como objetivo amortiguar los efectos de terminar con las contribuciones, estableciendo gradualidad en la aplicación de la iniciativa.
La noticia fue recibida con aplausos en las redes sociales, salvo naturalmente por los comunistas
OTROS ACUERDOS
Lo sucedido en el pleno, admiten comisionados y consejeros del oficialismo, significó “la derrota más dura” para el sector. Esto debido a que la derecha del Consejo, al fracasar en la búsqueda de acuerdos entre ambos bloques políticos, finalmente se impuso con su mayoría y avanzó despachando todas las normas sobre salud, educación, seguridad social, vivienda, libertad sindical, huelga, agua, libertad de enseñanza, trabajo, entre otros temas.
Luego de un largo debate, la derecha consiguió aprobar la norma sobre libertad en salud y también en seguridad social. Esta cláusula es la que la izquierda, tanto en la Comisión Experta y en el Consejo, han dicho una y otra vez que “constitucionaliza el modelo de isapres y AFP”.
Aquí radica el principal nudo político de todo este proceso constitucional y que se arrastra incluso desde la primera fase del proceso con los 24 comisionados. Para la derecha era intransable establecer la libertad de elección a nivel de aseguradora en salud y a nivel de administradora en seguridad social, ya que para el sector es indispensable que las personas puedan escoger quién se hará cargo de sus cotizaciones obligatorias y de sus ahorros previsionales. Esto, a juicio del oficialismo, implica amarrar en la Constitución las “isapres y las AFP” y “transforma en inconstitucionales” las ideas del sector que pretenden avanzar hacia seguros únicos administrados por el Estado.
La norma que visó el Consejo sobre salud plantea lo siguiente: “Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
La gran novedad vino en la aprobación de un plan básico universal. Esta fue una idea promovida en la Comisión Experta por el comisionado Teodoro Ribera (RN) para convencer a la izquierda, pero aquella vez no hubo caso y el oficialismo no cedió. En el consejo, la norma fue defendida con fuerza por el consejero Germán Becker (RN) y Pilar Cuevas (RN).
Ese plan quedó regulado de la siguiente manera: “La ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”. Pese a que RN quería que la norma explicitara que dicho plan era “obligatorio” y “solidario”, resistencias en la UDI y republicanos frustraron ese objetivo.
Durante el debate, fue el delegado de los republicanos, Luis Silva, quien transparentó el punto que justifica la ardua pelea entre ambos bloques por el tema de la libertad de elección en los derechos sociales.
“Muchos en esta sala querían el monopolio estatal, que solo el Estado provea de salud, educación, que se haga cargo de las pensiones de las personas. Precisamente por eso limitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal”, reconoció el consejero.
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