El obstinado silencio del Jefe del Segundo Piso de La Moneda sobre el Caso Convenios: Ahora no se presenta en Comisión Investigadora

El jefe del Segundo Piso de La Moneda Miguel Crispi (RD) estaba citado este lunes a la comisión especial investigadora por el caso Convenios, pero argumentó razones de agenda para no acudir, como sí lo han hecho otras autoridades de gobierno, como el ministro Carlos Montes. El sociólogo no entregó otras fechas para ir, por lo cual la derecha plantea enviar un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie por su ausencia. En el gobierno dicen que él no estaba legalmente obligado a ir, aunque si lo convocan nuevamente, lo hará. El rol de Crispi ha estado en la mira de la oposición desde que estalló el caso Democracia Viva, el 16 de junio.

Qué observar. Este lunes, el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), estaba citado a la Comisión Especial Investigadora de los traspasos realizados por las Seremi de Vivienda a organismos privados bajo el Programa de Asentamientos Precarios.

• El viernes lo habían convocado, luego de que otras autoridades de gobierno concurrieron a la comisión, como el ministro Carlos Montes.
• Crispi, sin embargo, respondió que no podía asistir. “En respuesta a la citación enviada el día 28 de septiembre de 2023 para asistir este lunes 2 de octubre de 12:00 a 13:00 horas a la sesión ordinaria que celebrarán, les informo que me excuso de asistir”, fue el mensaje que les habría llegado de él a los parlamentarios.
• El problema es que el sociólogo no entregó otras opciones para asistir, pese a que, señalan en la oposición, los funcionarios públicos están obligados a ir cuando están citados en comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados.
• De ahí que, hasta ahora, la derecha contempla enviar un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre su ausencia. “Le hemos dado una segunda oportunidad y en la próxima sesión, bajo apercibimiento por lo demás, lo estaremos esperando para que pueda dar la cara por parte del gobierno y de esa forma explicarnos cuál ha sido, cómo ha participado en el caso Convenios. A la Contraloría se puede recurrir porque él sigue siendo un funcionario público, no como subsecretario, pero sobre todo como jefe de asesores del Segundo Piso y la Contraloría es muy clara que cuando no se asiste se puede incluso llegar a quitarle el sueldo”, indicó José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión.
• Desde que estalló el caso públicamente, el 16 de junio, Crispi ha guardado silencio frente al tema.
• En el gobierno sostienen que Crispi no está obligado a asistir a la comisión, ya que, técnicamente, quienes tienen ese deber son los “funcionarios públicos” y no el personal contratado a honorarios, como es el caso del Jefe del Segundo Piso.
• Para aquello se cita el dictamen N° 11.588, de 2009, de Contraloría: “En relación con el anotado precepto legal, esta Entidad Fiscalizadora ha señalado, entre otros, en sus dictámenes N°s 3.451, de 1997; 12.473, de 2022 y 46.985, de 2007, que las personas que prestarn servicios a la Administración del Estado sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios públicos y tienen como única norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, el que constituye el marco jurídico que determina sus derechos y obligaciones”.
• Esta situación, dicen en el Ejecutivo, no obsta a que si lo vuelven a citar, Crispi comparecerá ante el Congreso.

La declaración del secretario ejecutivo de RD. El 11 de agosto, el secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, entregó nuevos antecedentes sobre el caso Democracia Viva ante el Ministerio Público. En su declaración, Dettoni dejó abierta las dudas sobre lo que sabía el Presidente Boric antes que explotara el escándalo, el 16 de junio pasado.

• Dettoni habló de un acuerdo de la directiva para informarle de las anomalías de Democracia Viva al jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, “cosa que finalmente entiendo que no sucedió,”.
• El abogado no fue claro en señalar si Latorre le había transmitido el mensaje al jefe de gabinete del Presidente, como se acordó formalmente en la directiva de RD, lo que en La Moneda niegan, al igual que el senador.
• La tarde del lunes 3 de julio, La Tercera publicó que la directiva de RD, liderada por Latorre, se enteró 10 días antes de que estallara el escándalo -a través de una reunión que sostuvieron de manera telemática con Daniel Andrade, Carlos Contreras y parte del equipo de la diputada Catalina Pérez, todos para entonces militantes de RD- de antecedentes del caso.
• Un día después, el entonces presidente de RD admitió lo ocurrido, lo que generó un hondo malestar en el Socialismo Democrático, ya que antes él no había dado a conocer esos datos.
• En una rueda de prensa, Latorre dijo que la información no se la entregó a Carlos Montes y al entonces ministro Giorgio Jackson, pero no respondió en 2 ocasiones si le había comentado lo ocurrido a Miguel Crispi, el también RD que como Subsecretario de Desarrollo Regional designó a la tercera línea de gobierno, incluyendo a los Seremis.
  Tres horas después, Latorre envió una rectificación a los medios señalando que él no había traspasado información alguna a ningún asesor presidencial.
• Crispi, junto a Carlos Durán, son probablemente los asesores más estrechos del Presidente.
• La administración pública exige que sus funcionarios entreguen a la justicia antecedentes de corrupción dentro de las primeras 48 horas de enterarse de aquello.

El oficio que llevó el caso al Segundo Piso. El 14 de junio de 2022, Crispi -entonces subsecretario de Desarrollo Regional- envió el oficio 2377 / 2022 al gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz (ex RD).

• En el documento respondía a la solicitud de validación del convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”, que la gobernación había asignado en forma directa a la fundación ProCultura, por $630 millones.
• La adjudicación había ocurrido pese a que sus actividades económicas registradas en el SII eran por “venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza” y “fundación y corporaciones; asociaciones que promueven actividades”.
• Según La Tercera, la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín -a quien se le ha atribuido cercanía con el Presidente Boric- está siendo investigada en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, por al menos seis convenios que suman en total $ 3.149.671.689.
• El oficio enviado por Crispi al gobernador para visar la operación señala lo siguiente: “La fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”.
• El problema fue que la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios, que suman 2400 metros cuadrados en Antofagasta -lo que según la fundación Procultura incluye el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas- costó $630 millones. El valor aproximado por metro cuadrado fue de 262 mil pesos, muy por sobre el precio de mercado.
• La semana pasada, en la comisión investigadora, el gobernador Díaz dijo:
  “El señor (Miguel) Crispi lo que valida es la fundación a través de un informe de un analista de la Subdere (…). Se hace el análisis de la expertiz y la competencia de la fundación”.
• Al igual que Crispi, la validación de este proyecto por parte de la directora de la Dirección de Presupuestos Javiera Martínez generó críticas en Chile Vamos y los republicanos.

Original de ex-ante.cl

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