El veto que ha ingresado el gobierno respecto del proyecto de ley ya despachado por el Congreso que busca aumentar las sanciones para el delito de usurpación ha escalado a un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, pues esta última considera que los varios cambios que pretende introducir el Ejecutivo desnaturalizan el sentido de dicha norma, que apunta a desincentivar esta práctica ampliamente masificada en el país.
Hay plena coincidencia en que una sanción tan menguada no constituye desincentivo alguno, y frente a una práctica que no solo se ha expandido en los últimos años -los cientos de predios tomados ilegalmente cada año en la Macrozona Sur son solo un ejemplo de ello-, sino que además se ha sofisticado al punto que se han creado verdaderas mafias que toman predios para luego lotearlos, era indispensable enviar una señal muy clara en cuanto a que este tipo de prácticas conllevarían mayores sanciones. Cabe no perder de vista que ésta es una demanda muy sentida por la ciudadanía, sino también internalizada por numerosos parlamentarios, especialmente que representan a zonas donde este delito se ha masificado peligrosamente.
El veto que ha propuesto el Ejecutivo corrige algunos aspectos complejos del proyecto, pero en cambio relativiza otros que envían una señal contradictoria respecto de los fines que se persiguen. Respecto de lo primero, diversas voces habían coincidido en que al introducir la figura de la legítima defensa privilegiada se corría el evidente riesgo de que se pudiera fomentar la autotutela, en que los propios civiles tomaran la justicia por sus manos frente a una usurpación, considerando que además el proyecto establece que frente a la ocupación ilegal de un inmueble se está en presencia de un delito permanente. El veto suprime la introducción de esta figura para el caso de las usurpaciones, e introduce una medida de protección especial, en que se puede solicitar al tribunal el desalojo en cualquier etapa del proceso, aun sin una investigación formalizada.
Si el veto se hubiese concentrado en este punto, probablemente no se habría producido todo el revuelo que se ha levantado, y su tramitación habría generado menos resistencia. Pero dado que el veto establece que en el caso de aquellas usurpaciones que no generen violencia ni en las cosas ni en las personas la sanción podrá ser una multa o el presidio menor en su grado mínimo -lo que quedará a criterio del tribunal-, la sanción penal queda debilitada, y bien podría abrir la puerta para impulsar nuevas tomas, a sabiendas de que si se realiza por medios “pacíficos” la sanción puede llegar a ser muy baja.
Parece evidente que en esto el gobierno tuvo que ceder a las presiones del PC, el Frente Amplio y otros sectores de su coalición, que siguen viendo en las tomas un vehículo legítimo para llevar a cabo sus aspiraciones o presionar a la autoridad, y de allí que expresamente hayan solicitado que las sanciones fuesen en estos casos muy bajas o inexistentes. Las propias declaraciones de la ministra del Interior, al hablar de “usurpación pacífica” sin mayores distingos, contribuyó a profundizar la confusión, lo que incluso fue rebatido por los presidentes del Senado y la Cámara, quienes acertadamente recordaron que por definición en una ocupación no autorizada siempre hay violencia aparejada.
Viene ahora una compleja negociación política, sin que sea claro que estén los votos para aprobar el veto, mucho menos para rechazarlo por los dos tercios. Lo que cabe esperar es que una ley largamente aguardada no termine diluyéndose o siendo ineficaz.
/Editorial del diario La Tercera
