Con seis votos a favor y tres en contra, la comisión investigadora que está indagando las responsabilidades políticas por las posibles irregularidades en el traspaso de recursos públicos a fundaciones aprobó remitir los antecedentes de la inasistencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, a la Contraloría General de la República.
La solicitud de la comisión fue despacha luego de que Crispi se ausentara por segunda vez a la Cámara de Diputados y enviará un documento de seis hojas explicando su rol en el cuestionado convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura cuando el era subsecretario de Desarrollo Regional.
En ese contexto, el presidente de la instancia, José Miguel Castro (RN), reunió los votos para entregar los antecedentes e iniciar un proceso sancionatorio si es que corresponde, con el apoyo de los diputados oficialistas Raúl Soto (PPD) y Marcos Ilabaca (PS).
Para el diputado Soto (PPD) «no caben las defensas corporativas, no cabe la opacidad y no cabe el meter debajo de la alfombra la basura».
«Lo que ha hecho el señor Crispi, al negarse a venir a la Comisión Investigadora por segunda vez, es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados», agregó.
En esa línea dijo que «más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría respecto de si es funcionario público o no, respecto de si tenía la obligación o no de venir o podía excusarse, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara, de aportar antecedentes, de defenderse, de dar explicaciones de los casos respecto de si tiene un rol o no en el Caso Convenios y cuál es este. Porque de lo contrario, cuando hay defensas corporativas, lo que ocurre es que se le termina haciendo un daño al propio Gobierno y quienes lo hacen se están disparando en los pies».
A juicio de Ilabaca (PS), «la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional y de la Cámara de Diputados en especial es absolutamente una prerrogativa que tenemos que defender, independientemente del gobierno que se encuentre presente».
«Creo que es bueno que los funcionarios públicos lleven adelante el cumplimiento de una obligación legal y constitucional que implica el asistir a comisiones investigadoras», agregó.
Por otro lado, la diputada Ericka Ñanco (RD) planteó que «esta comisión lamentablemente desde un inicio ha demostrado que no es una comisión imparcial».
«Se ha visto cómo el presidente ha tomado un lineamiento de no querer investigar los casos de corrupción en Chile y los traspasos directos de fondos, sino más bien con hacer una persecución política con personas ligadas al Gobierno. Acá el señor Crispi no es un funcionario público, bueno eso tendrá que esclarecerlo la Contraloría, pero de todas formas acá hay un ánimo mucho más grande de querer atacar y perseguir políticamente a una persona», añadió.
Al finalizar la comisión el diputado Castro (RN) indicó que «nos hemos dado cuenta que el caiga que caiga del Presidente de la República tiene un pero, pero si son amigos míos, pero si son parte de mi conglomerado, pero si son parte de mi partido, pero si son parte de mi núcleo más interno y aquí lo complicado es que el Presidente de la República fue parlamentario y debería darle y enaltecer esa labor en cuanto a la fiscalización, el señor Crispi también».
«Me da una lástima tremenda que solamente hemos visto parlamentarios del socialismo democrático, el diputado Soto y el diputado Ilabaca, quienes han puesto a disposición de la Contraloría la no asistencia del diputado Crispi, todos los demás siguen absolutamente blindándolos, dándole lo mismo su calidad de parlamentarios», agregó
Votación
Específicamente el escrito que aprobó la comisión es el siguiente: «En razón a las excusas presentadas por parte del ex Subsecretario de Desarrollo Regional y actual Jefe de Asesores de la Presidencia de la República, don Miguel Crispi, es que en razón a la obligación que comparecer ante la Comisión Investigadora por parte de Ministros de Estado y funcionarios de la Administración del Estado, entre otros (artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución y 54 LOC Congreso Nacional) es que se deben remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República con el propósito de iniciar el procedimiento administrativo sancionador que se establece en el artículo 10 de la LOC del Congreso Nacional».
El despacho de este escrito fue aprobado por la diputada Chiara Barchiesi (republicana), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Fuenzalida (UDI), Marcos Ilabaca (PS), José Miguel Castro (RN) y Raúl Soto (PPD). Se opusieron las diputadas Mercedes Bulnes (IND), Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC).
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