La investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, por más de $8.200 millones, sigue sumando antecedentes. Por primera vez aparece un testimonio que apunta responsabilidad directa a la administración actual en el conocimiento de sobreprecios y tasaciones irregulares.
Y es que a la serie de declaraciones y documentos que ya están en la carpeta investigativa del caso, encabezado por el fiscal Patricio Cooper, recientemente se agregó el testimonio de Santiago Urzúa Millán, representante de los propietarios del inmueble ubicado en calle Carmen 35, que corresponde a la primera edificación que el municipio liderado por la alcaldesa Irací Hassler (PC) sondeó para la instalación de su primera clínica municipal.
Él mismo se puso en contacto con efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), pues dijo tener antecedentes clave de la transacción que intentó llevar adelante la comuna. Entre ellos, que había un alto funcionario municipal que le reconoció que él podía intervenir en la realización de las tasaciones en el caso de que los montos no se ajustaran a lo que habían conversado. Esto, como declaró, en medio de las gestiones que se realizaron cuando Santiago aún estaba interesado en comprar el recinto a la inmobiliaria que él representaba.
Los cuestionamientos de Urzúa apuntaron sin titubeos en contra del entonces jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan) de la Municipalidad de Santiago, el geógrafo Luis Mayorga. “En una de las reuniones que sostuvimos con Luis Mayorga, no recuerdo exactamente en cuál de todas, le consultamos por la posibilidad de que las tasaciones que se iban a efectuar dieran un valor menor al que nosotros estamos vendiendo, dado que este último era alto, ante lo cual Mayorga nos señaló que le dejáramos eso a él nomás, deduciendo de sus dichos que se refería a que los valores los podía manejar él”, sostuvo.
Aquello, dijo, lo reafirmó al notar los montos a los que habían arribado las tasaciones que se habían pedido del inmueble en cuestión. “Los valores obtenidos en las tasaciones fueron de 86.439,5 UF, 87.500 UF y 87.435,2 UF, muy similares entre sí y muy cercanos al alto valor propuesto por nosotros”, indicó.
Asimismo, al revisar el detalle de las evaluaciones, que se encargaron a María José Sepúlveda, Patricio Gajardo -igualmente contactados para tasar Sierra Bella- y a la empresa Tasadores Chile, Urzúa mencionó que también advirtieron errores en su contenido. “Se copian entre sí, como también se copiaron para las tasaciones efectuadas por estos mismos para el inmueble de la exclínica”, complementó.
Los contactos con Santiago
Carmen 35, en el momento de las negociaciones, era de propiedad de Inmobiliaria Las Malvas SpA -constituida por los siete hijos de Urzúa Millán-, y de acuerdo con el relato del testigo, los contactos con el municipio los comenzaron a mediados de febrero de 2022, logrando un preacuerdo de compraventa aprobado por el Concejo Municipal, por $ 3.265.360.200, el 18 de mayo de 2022.
Sin embargo, el 12 de julio recibieron una negativa de parte del subdirector administrativo de la Dirección de Salud, Álvaro Méndez, quien les indica que por los altos costos que tenía la habilitación del recinto -cerca de $1.800 millones- habían optado por desistir de la compra.
Pese a ello, y tras una petición para reunirse a aclarar la situación, como precisó, se reunieron con Luis Mayorga el 25 de julio. “En esta ocasión él señala que persiste el interés de comprar el inmueble de Carmen 35, pero que el valor era algo elevado y deben pensar una forma de justificarlo. Ambas partes acordamos reflexionar sobre las posibles soluciones para continuar con la compraventa; ello les permitió ganar tiempo y mantener bajo secreto el negocio con Sierra Bella, que aún no podían presentar ante Concejo Municipal, dado que la propiedad tenía problemas de hipotecas y deudas”, dijo.
Así, continuó, en una segunda reunión el municipio les entregó un presupuesto con las obras para habilitar el recinto, mientras que ellos les entregaron antecedente sobre otro inmueble que les podía interesar. Sin embargo, en el tercer encuentro con Mayorga, este finalmente les indica, según el relato de Urzúa, que ellos debían ejecutar las obras y luego sumar el valor al monto total de la venta.
“Para dichos efectos, el arquitecto contratado por ellos nos iba a proporcionar el proyecto y nosotros debíamos ejecutarlo y sumar el costo al valor de la compraventa acordado previamente (…) El 8 de agosto de 2022, Mayorga nos envió un correo electrónico reafirmando la compraventa y señalando que en su valor de venta se debía considerar la habilitación física, y que Inversiones Las Malvas SpA debía proveer el ascensor funcionado hasta la terraza, y en la misma la habilitación de los baños”, sostuvo el empresario en su declaración.
Luego vinieron las cuestionadas tasaciones, pero de acuerdo con el relato de Urzúa todo quedó en nada cuando a fines de noviembre se les comunica que no se seguiría adelante con la compra por el traspaso que se había hecho de inmueble a Inversiones Angostura, que también era de propiedad de los hijos del testigo.
“Diego Berríos (abogado de Las Malvas) y David Urzúa (uno de los hijos del testigo) concurren a la Municipalidad de Santiago, donde se entrevistaron con el director jurídico, Jean Piere Chiffelle, quien les señaló que, luego de comunicar respecto de la dación en pago al director de SCPLA y a la directora de Salud, habían decidido no perseverar con la compra”, agregó.
El tenso encuentro
Con la transacción ya fracasada, Urzúa compartió con la PDI que eso lo llevó a enviar un nuevo correo a la alcaldesa Hassler el 7 de diciembre, “exponiendo lo sucedido, con copia a todos los funcionarios participantes del proceso, en el que expliqué la dación en pago y expuse el perjuicio que significaba que después de 10 meses de negociaciones, finalmente se desistieran de la compra”.
Eso, como relató, desencadenó que Chiffelle les enviara una carta con los antecedentes jurídicos que respaldaban la decisión del municipio y también una nueva reunión con Mayorga el 17 de enero, donde dijo le expusieron antecedentes respecto del sobreprecio que pagarían si decidían inclinarse por comprar la exclínica Sierra Bella.
“Se le hizo presente al Sr. Mayorga que el precio acordado para comprarle el inmueble de la exclínica Sierra Bella a Inmobiliaria San Valentino SpA, por 8 mil millones de pesos, contendría un sobreprecio de 5 mil millones, dada la diferencia con el valor publicado previamente en internet. El Sr. Mayorga nos señaló al respecto que eso ya lo conocía y lo había estudiado muy bien desde abril de 2022″, manifestó ante los investigadores, agregando que acompañaría un acta elaborada a raíz de ese encuentro.
Esta última, de hecho, está contenida en el informe elaborado por la Briac de la PDI y en ella se aprecia que Mayorga le reconoce aquello y que pese a que le advirtieron que estamparían una denuncia, él determinó seguir adelante.
Como se lee en ese documento, Diego Berríos le indica a Mayorga: “Nosotros sabemos por las reuniones del Concejo que son públicas que están comprando otra propiedad, y en esta otra propiedad ¿no les parece raro que ocurra exactamente lo mismo? En diciembre se transfirió en $2.000 millones de pesos algo que ahora piensan comprar en $8.000″.
A lo que Mayorga contesta: “No, porque eso viene desde abril, también lo revisamos, lo tenemos superclaro…”.
Se hace presente, asimismo, que ante la serie de interrogantes que tanto el abogado como Urzúa plantearon, el entonces jefe de Secplan responde en duros términos. “No, es que yo no tengo por qué aguantar que venga alguien que no es fiscalizador de la Contraloría o del Ministerio Público a pedirme cuentas sobre estos procesos”, enfatizó Mayorga al ser consultado por las preferencias por Sierra Bella.
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