Empezó la cuenta regresiva. Sólo restan 40 días para que todo Chile vote “A favor” o “En contra” de la nueva propuesta constitucional que este martes le entregó el Consejo al Presidente Gabriel Boric. Es un texto de 182 páginas, 17 capítulos y 216 artículos que se comenzó a conocer en su totalidad ayer y que el gobierno también imprimirá para difundir por todo el país. No obstante, hasta el momento no lo hará con la misma magnitud que en el fallido proceso del año pasado.
Esto, porque para el plebiscito del “Apruebo” y “Rechazo”, entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres); licitaron -o encargaron por compra directa- la impresión de 1.278.400 ejemplares de la propuesta, mientras que este año Segegob ha licitado hasta el momento la impresión de 70 mil textos, ampliables a un número aún no determinado.
En términos de presupuesto, este año la Segegob dispuso $200 millones para la licitación de los textos de la nueva propuesta, mientras que en 2022 la cifra para impresión superó los $870 millones. Es decir, el dinero usado en este ítem cayó en 77%.
Menos tiempo, menos presupuesto, ¿menos difusión?
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó en octubre que el gobierno difundirá el nuevo texto tal como lo hizo en 2022, con kiosko constitucional incluido, aunque hizo la salvedad de que ya no serán 62 días los que tendrá la población para informarse, sino que sólo 40, y eso hacía diferencia.
“Nuestra responsabilidad es empujar una campaña informativa, nos vamos a desplegar en campañas en redes sociales, medios de comunicación, impresión de los textos, que estos lleguen a todas las regiones del país (…). Estamos cumpliendo con nuestro deber, con recursos a disposición. La única diferencia, que lo he manifestado también públicamente, es que tenemos un plazo mucho más acotado (de campaña)”, sostuvo.
No obstante, las licitaciones de los textos se hicieron con la misma anticipación en ambos años.
En 2022 la primera licitación al respecto la hizo Segegob el 15 de julio de 2022, es decir, 51 días antes del plebiscito, mientras que en 2023, esta se subió el 23 de octubre a Mercado Púbico, 55 días antes de las elecciones.
El año pasado se hizo una compra directa y una licitación (y una ampliación de cada una) para imprimir el texto que fue rechazado por amplia mayoría el 4 de septiembre. Segpres encargó una compra de 690 mil impresiones el 21 de julio (45 días antes del plebiscito) y la amplió a 900 mil en agosto ($557.999.999 en total).
Segegob, en tanto, abrió una licitación por 336.400 ejemplares el 15 de julio, la que se asignó el 1 de agosto y que se amplió a fines de ese mes para obtener 40.400 copias más. En total, $292. 165.600 y que sumados al gasto de Segpres, totalizan más de $870 millones.
Un par de días antes, el 13 de julio de 2022, la ministra Vallejo comenzó una gira en la Región de Los Lagos para difundir el texto. “En esta fase la principal fuente de información es precisamente el documento que fue entregado el 4 de julio y, por eso, se harán todos los esfuerzos para facilitar que el texto se lea y se debata”, decía una comunicación del ministerio en esa oportunidad. Hay que recordar que la Convención Constitucional había encargado mil ejemplares antes que los ministerios.
El Líbero consultó a Segegob sobre el inicio de una posible gira de la ministra para promocionar la nueva Constitución, pero indicaron que entregarán esa información más adelante.
En tanto, este 23 de octubre, Segegob subió una licitación de $200 millones, aún abierta, para la impresión de la propuesta. Eso sí, este proceso no considera una cifra total de ejemplares, sino un número referencial de páginas, dado que a esa fecha no estaba el texto terminado. No obstante, se consideraban entregas en tandas de 70 mil copias. No se especifica cuántas tandas se deben entregar. Esa será una información que recibirá la empresa que se gane la licitación. Se presentaron cinco y postulan por poco más de $168 millones.
¿Y las otras campañas?
Las campañas para llamar a votar e informarse del plebiscito también han sido disímiles.
El 4 de octubre de este año -74 días antes del plebiscito- se abrió una licitación para la campaña comunicacional por $750 millones, la que aún no es adjudicada (hay dos empresas ofreciendo sus servicios por $630 millones). Mucho antes, en junio y julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo dos licitaciones, por un total de $20 millones, destinadas a informar de los plazos de cambio de domicilio para votar en el extranjero.
Siendo así, en 2023, la suma de los esfuerzos económicos para promover este proceso en campañas comunicacionales, llegan $770 millones. Más los $200 millones de los textos, son $970 millones.
Es una cifra lejana al primer proceso constitucional, donde a estas alturas ya se conocían los tres videos de la campaña “Hagamos Historia”, se publicaban artículos en el Metro (en la foto) y un spot para TV abierta (abajo).
En 2022 se gastaron $726 millones en un variado plan de medios abierto a licitación 107 días antes del plebiscito (20 de mayo). Luego en julio se hizo lo propio para crear el “Concepto Creativo y Producción Audiovisual” por $260 millones (aunque cerrado en $209 millones). De esta forma, las solas campañas del año pasado, costaron más de $935 millones. Al sumar los textos, la cifra supera los $1.805 millones.
Hay que considerar también que el área de participación ciudadana y difusión de la Convención tenía $974 millones administrados por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech). De ese fondo, por ejemplo, provino el inserto publicado en el diario Las Últimas Noticias el 11 de abril de 2022.
Diferencias también en la ceremonia de entrega
Las diferencias entre este proceso y el anterior, también permearon en la ceremonia de entrega de la propuesta constitucional al Presidente. Aunque tanto la de 2022 como la de 2023 duraron una hora y fueron en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, tuvieron un espíritu y discursos muy distintos.
En 2022 la jornada empezó con sahumerio y rogativas de convencionales como Rosa Catrileo, quien ahora es asesora del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Los convencionales de derecha llegaron con banderas y la “tía Pikachu”, con pañuelo y mascarilla del personaje. Ayer nadie llamó especialmente la atención por atuendos u actividades previas. Sólo Félix González , presidente de Federación Regionalista Verde Social, llegó con una polera del «No».
En 2022, la ceremonia comenzó a las 10:30 cuando entraron al plenario el vicepresidente Gaspar Domínguez y la presidenta Elisa Quinteros, llevando en brazos el texto de la propuesta y depositándola en el centro de la testera para luego «presentarla» ante el público, tal como se hace en ceremonias de carácter religioso. Después, Quinteros saludó en varias lenguas, habló Domínguez, quien puso un fuerte sello en las medidas antidiscriminación y de descentralización del texto y dijo que “pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió”.
Ese año, a los 43 minutos, entró el Presidente Boric con la mano en el pecho y fue interrumpido por la exconvencional Ruth Hurtado, que le regaló pasajes a La Araucanía. Boric habló, firmó y entonó el himno nacional tocado por Valentín Trujillo antes de irse momentos antes de que terminara la ceremonia. En esa oportunidad llamó a leer el texto, a debatirlo “no sobre falsedades” y solicitó que “el plebiscito no fuera un juicio al Gobierno”.
Este martes el Presidente no tuvo un protagonismo particular. Entró junto a la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, y el secretario, y posteriormente se retiró con ellos. El primer discurso lo hizo Hevia y sus palabras captaron la atención del Mandatario, que a veces tomaba apuntes. Allí ella hizo alusión al fatal incendio que cobró 14 vidas en una toma de Coronel, como ejemplo de la “grave crisis social” que vive el país, y reconoció que ni ella ni él hubiesen esperado estar nuevamente en un segundo proceso. A su turno, Boric se ubicó en otro podio, al otro lado de la testera y dijo que había que preguntarse cómo trata el texto a los migrantes como los que murieron en el siniestro. Luego llamó a evaluar si esta Constitución une o no a los chilenos.
Original de El Líbero
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