Pocos días después de que estallara el Caso Convenios con la situación de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, El Líbero dio a conocer el caso de la Fundación Participa, que a fines de 2022 se había adjudicado $1.200 millones del Gobierno Regional de Los Lagos para ejecutar el programa “Saneamiento de títulos de dominio de familias vulnerables”, que se llevaría a cabo con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El abultado traspaso de dinero llamaba la atención, pues la Fundación Participa es un think tank vinculado a la izquierda que se ha dedicado siempre al trabajo político, y no a sanear títulos de dominio. De hecho, fue parte del grupo #CentrosDeEstudiosPorBoric, que apoyó la candidatura del actual Presidente.
La semana pasada, en la auditoría que realizó la Contraloría al Gobierno Regional de Los Lagos, se aclaró cómo se escogió a Participa para ejecutar este millonario contrato.
Quien los seleccionó y gestionó su arribo, fue la ex candidata a diputada del PPD por el distrito 26, Gloria González Sáez, quien hasta el 7 de agosto fue jefa de la División de Fomento Productivo e Industria (Difoi) del Gobierno Regional de Los Lagos.
Como adelantó El Líbero, Participa está estrechamente ligada al PPD. El presidente de la fundación, Daniel Ibáñez Castro, fue militante y candidato del PPD a concejal de Renca y El Monte, aunque sus últimos intentos fueron con el PRO. Pero los vínculos con el PPD no paran ahí. El responsable técnico de llevar a cabo el convenio en Los Lagos es Nicolás Navia, socio de la consultora Terranostrum, que sí hace saneamientos. El otro socio es Andrés Saavedra (PPD), pareja de la ex timonel del PPD, Natalia Piergentili y que en 2019 era promocionada por las redes sociales de Participa como su directora, aunque ella lo desmiente.
El cuñado de Piergentili, Mauricio Saavedra, fue hasta el 7 de agosto jefe de la División de Presupuestos e Inversión Regional (Dipir) del Gore de Los Lagos. No obstante, Gloria González fue la encargada de elegir, seleccionar y presentar a las fundaciones. A continuación, el mecanismo que se utilizó según la Contraloría.
No se usó un software para seleccionar a Participa
El informe del entre contralor señala que González llamó al presidente de la fundación, Daniel Ibáñez, y después le mandó un mail donde invitaba a Participa a operar como facilitadores de los programas del Gore. “En este proceso hemos utilizado desde nuestra base de datos información para seleccionar a través de un software de apoyo (Expert Choice), las mejores alternativas para apoyarnos en este proceso. Estas opciones fueron presentadas al Consejo Regional, quienes aprobaron sus instituciones en primera prioridad, dado los resultados emitidos por el proceso de selección”, decía el mail.
Sin embargo, eso no fue así. El testimonio de otro profesional no sólo descartó que se hubiera hecho una preselección de organizaciones privadas sin fines de lucro con ese software, sino que incluso otro trabajador del área de tecnología, sostuvo que el Gore jamás compró una licencia de “Expert Choice”.
González procedió del mismo modo con la Corporación El Canelo y Kimun: con llamada telefónica y luego un mail (en octubre) con la buena noticia de haber sido seleccionados. No obstante, a estas dos organizaciones no les mencionó el supuesto uso del software.
Lo que sí reconocen en el Gore, es que González dijo haber hecho un excel para darle puntaje a fundaciones de acuerdo a criterios como antigüedad y experiencia, pero nunca lo socializó en los consejos.
Respecto a la última parte del mail, donde señala que Participa fue aprobado por los consejeros regionales, consta en el acta del Consejo del 19 de octubre de 2022, que González expuso sobre la necesidad de saneamientos de títulos y que propuso como única ejecutora a Participa, lo que al Consejo le pareció bien. Ya en un consejo anterior (julio) el gobernador Patricio Vallespín había explicado que se evitarían las licitaciones en razón del tiempo. Tras ello, el mismo Vallespín tomó la palabra para justificar la ampliación de $650 millones a $1.200 millones para los proyectos de Participa y Kimün.
Según El Llanquihue, tras su salida, González se querelló para hacerse parte de las investigaciones. En el escrito al que accedió el diario, aseguró que en los dos últimos meses de 2022 las autoridades solicitaron «incorporar además de los 30 nuevos programas, dos programas de saneamiento (Fundaciones Kimün y Participa)», y que los plazos de trabajo eran «imposibles». Agregó que su labor fue en el ámbito de la preinversión y no en la gestión de recursos de inversiones, ni gestionó las firmas de convenios o la revisión de los antecedentes legales de las fundaciones. Eso, señaló en la publicación, era trabajo de la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir) y del Departamento Jurídico, «cuya participación no se ha investigado cabalmente». La Dipir estaba a cargo de Mauricio Saavedra.
En el sitio web del Poder Judicial no aparece ninguna acción legal a nombre de Gloria Patricia González Sáez en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.
El otro impasse de Gloria González
González no es una desconocida en la región. Profesora de profesión, fue directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), y en marzo de 2017 tuvo que renunciar a su cargo de jefa de la División de Planificación del Gobierno de Los Lagos, porque fue una de las cinco personas denunciadas por Contraloría al Ministerio Público por presuntos delitos de negociación incompatible.
En ese entonces, González era socia de al menos tres sociedades y se denunció que podría haber aprovechado su conocimiento para prestar servicios con una Oficina de Capacitación (Otec) de su propiedad. No obstante, en diciembre de ese año, la jueza de garantía de Puerto Montt la sobreseyó de manera definitiva.
Otras irregularidades: saneamientos abultados
Respecto a irregularidades, se detectó que el Gore de Los Lagos le transfirió los $1.200 millones a Participa el 31 de diciembre de 2022, pese a que la Contraloría, hasta el día de hoy, no ha hecho toma de razón de los términos del convenio. Es decir, legalmente es como que el acuerdo no existiera. Además, el documento no fundamenta ni acredita las razones de por qué se les dio ese programa sin haber un concurso de por medio.
El ente fiscalizador también corroboró que el convenio no estableció “planes de trabajo y/o el detalle de las actividades a ejecutar señalando para ellas solamente el monto, plazos y validadores, los objetivos generales y los objetivos específicos”. Asimismo, se advirtió que Participa no tiene una actividad económica asociada al saneamiento de títulos de dominio y que existe “falta de concordancia entre el objeto de la fundación, actividades económicas y el objetivo convenido en la iniciativa”.
Asimismo, Contraloría calculó que, en promedio, los servicios hechos por Participa tienen un valor superior a los que hace la Seremi de Bienes Nacionales de 245% y 191%. Irregularidades similares se encontraron en Kimün y El Canelo.
Original de El Líbero
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