El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, abordó este lunes los nuevos antecedentes y declaraciones que reactivaron los cuestionamientos al gobierno del Presidente Gabriel Boric por los líos de platas políticas, caso en que se investigan hechos constitutivos de corrupción y que ha golpeado al Ejecutivo.
El foco volvió a estar puesto en las irregularidades de los convenios entre reparticiones públicas y entidades privadas -que mantiene abierta una investigación por parte del Ministerio Público- tras la comentada comparecencia del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y la posterior exposición en la instancia del contralor Jorge Bermúdez, dando cuenta de que las irregularidades detectadas en las transferencias a la fundación Democracia Viva -ligada a RD- se replicaron como un patrón en todo el país y que se podía adicionar una nueva arista penal en la Región Metropolitana.
A eso se suma la decisión de la diputada Catalina Pérez (que tiene suspendida su militancia en RD) de romper el silencio en una entrevista con La Tercera. En ésta, la legisladora señaló que se enteró del caso y puso en alerta al gobierno -a través de la entonces subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas- una semana antes de que estallara el escándalo el 16 de junio.
En ese contexto, el timonel del gremialismo apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo. “El gobierno no es inocente, está en la primera línea de responsabilidad, el gobierno en su conjunto, sus funcionarios más importantes, las personas que tomaron la decisión de relajar la entrega de recursos públicos que permitieron que se burlaran controles, antigüedad y requisitos con los que se tenía que cumplir para el traspaso de recursos públicos”, afirmó en entrevista con Radio Pauta.
Macaya insistió en que “las declaraciones y el informe del contralor Jorge Bermúdez y del fiscal nacional Ángel Valencia en esta materia demuestran que el gobierno no es inocente, está en la primera línea de responsabilidad en unos de los casos de corrupción más grave que se hayan vivido en los últimos años en Chile”.
“Y creo que en esto siempre es útil hacer un poco de memoria. Este gobierno, no otro, tomó una serie de decisiones para relajar los controles de los traspasos, recursos millonarios a distintas fundaciones. La propia diputada (Catalina) Pérez da unas declaraciones que ponen en duda todas las declaraciones que se habían hecho, de cuándo se tomó conocimiento de este caso, dice ella haber advertido varias de las denuncias una semana antes de que explotara el caso”.
“La pregunta es si este supuesto caiga quien caiga que se había dicho en su momento está buscando proteger el desangre, es decir, que no sigan existiendo responsabilidades políticas. Nos hemos dado cuenta que han entrado en contradicciones muy evidentes de información que se ha puesto en conocimiento de la opinión pública y se ha buscado proteger”, enfatizó.
En cuanto a la manera en que se produjeron las irregularidades dadas a conocer por Contraloría, señaló: “Acá había un modus operandi que se repite y las actuaciones son calcadas (…) a mí me da la impresión de que esto estaba bien planificado y había gente que dijo en el fondo: esta es la manera”.
Los episodios de la semana pasada en torno a los líos de platas han vuelto a poner en una incómoda situación al ministro de Vivienda, Carlos Montes. De hecho, este fin de semana la oposición intensificó sus emplazamientos buscando que el secretario de Estado socialista dé un paso al costado.
“El gobierno no puede blindar a nadie, a ningún ministro, a ninguna autoridad”, dijo Macaya al respecto, quien ante la pregunta de si el gobierno está blindando al titular de Vivienda respondió: “Yo creo que sí”.
Luego ahondó: “Muestra un principio, una máxima de la lógica del trabajo político, ‘somos inocentes, nadie se va’, y eso desde la ciudadanía, cuando se burlaron tantos recursos públicos, yo creo que parece poco coherente con el caiga quien caiga, cuando van apareciendo nuevos antecedentes que muestran un mecanismo, un modus operandi, parece poco coherente que se están haciendo todos los esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias”.
En ese sentido, el senador de la UDI sostuvo que “el trabajo de las instituciones públicas va a seguir, el Ministerio Público va a seguir, nosotros tenemos presentada institucionalmente -otros partidos también lo han hecho- acciones legales, querellas criminales en distintas regiones del país que demuestran (…) que acá hay un modus operandi y acciones bastante similares para burlar los recursos de todos los chilenos”.
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