Desde bastante antes del estallido social de 2019, los chilenos venían dando claras señales de su descontento con el hecho de que el modelo socioeconómico no funcionaba de igual forma para todos. Mientras las reglas se aplican con firmeza -como debe ser- a la gente de a pie, las élites reciben un trato privilegiado que les permite saltarse la fila y evitar pagar el costo de hacer cosas indebidas.
El caso Hermosilla -esos audios en que el connotado abogado descaradamente habla de la necesidad de pagar coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero para recibir un trato especial y tener acceso a información de procesos judiciales- viene a confirmar que en Chile las reglas del juego no aplican de igual forma a todos. Mientras el país se ha pasado cuatro años debatiendo el contenido de la Carta Fundamental, la realidad nos recuerda cotidianamente que los poderosos pueden usar su dinero para saltarse la fila. Para la opinión pública, queda claro que da lo mismo lo que dice la Constitución si uno puede usar su posición de privilegio para violar esas reglas sin pagar costos.
Los connotados casos de colusión empresarial que se produjeron en los años anteriores al estallido social de 2019 alimentaron la sospecha popular de que la cancha del juego del modelo capitalista estaba dispareja. Los chilenos, habiendo visto la riqueza y el desarrollo que producía el modelo de libre mercado, querían que el modelo funcionara para todos. El descontento social de 2019 se basó en demandas por mejores pensiones y por una red de protección social más robusta. La élite, en vez de centrarse en mejorar el sistema y emparejar la cancha, optó por patear la pelota al córner y prometió una píldora mágica en forma de nueva Constitución que milagrosamente solucionaría todos los problemas. Cuatro años después, el caso Hermosilla viene a recordarnos que la cancha sigue dispareja. Además, subraya, con incuestionable claridad, que el problema no son las reglas del juego, sino que esas reglas no se aplican igual para todos.
Aunque el contenido de la conversación publicada por Ciper debiera ser suficiente para que, independientemente de las consecuencias legales, el abogado Luis Hermosilla sea defenestrado, hay buenas razones para sospechar que, después de que pasen unos años, Hermosilla seguirá siendo un influyente abogado de la plaza y este escándalo irá pasando a segundo plano cuando aparezcan nuevos escándalos. En lenguaje futbolístico, después de esa falta evidente y majadera, Hermosilla ni siquiera recibirá tarjeta amarilla.
Aunque el abogado tiene derecho a defenderse en las cortes, la sanción ética que debiera recibir de sus pares por lo que reconoció que él hacía -y por las implicaciones de sus dichos respecto a la probidad de las instituciones tributarias y de regulación financiera del país- debiera ser ejemplar. La fe pública está en entredicho. Las implicaciones de esos audios sobre la falta de probidad en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) son potencialmente catastróficas para la reputación de Chile como un país con Estado de Derecho sólido para invertir y hacer negocios.
Pero más allá del daño en la credibilidad de los mercados financieros y del sistema tributario, lo que dijo Hermosilla viene a confirmar la creencia de que, en Chile, las élites y aquellos con dinero pueden hacer uso de mecanismos ilegales e inmorales para evitar ser sometidos a las mismas reglas que, en el papel, deberían aplicar a todos. Los cuestionamientos al modelo económico de libre mercado seguirán debilitando la legitimidad del modelo en la medida que el sistema no comience a castigar de forma ejemplarmente severa a los miembros de la élite que violan las reglas y aprovechan su posición de privilegio para hacer trampa.
El escándalo Hermosilla confirma las sospechas de que, al final del día, da lo mismo lo que dice la Constitución y las leyes. Los de la élite reciben un trato diferente por parte de la justicia y su dinero les permite evitar que se les apliquen las mismas reglas que al resto. De ahí que, igual que con los casos de colusión que tanto daño han hecho a la credibilidad y legitimidad del modelo económico, el caso de Hermosilla viene a confirmar la sospecha de que el debate constituyente es sólo un espejismo que oculta el verdadero problema que tiene Chile. La grabación reafirma la creencia de que, en Chile, da lo mismo lo que digan las reglas del juego porque los poderosos siempre tienen formas de usar su dinero para evitar que esas reglas les apliquen también a ellos.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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