La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó la mañana de este lunes un proyecto de ley para sancionar en sede penal a quienes entreguen antecedentes falsos ante comisiones especiales investigadoras de la Cámara Baja.
Se trata de una iniciativa que introduce modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En el documento, que fue ingresado esta jornada de manera virtual, se señala que “toda persona que preste testimonio ante una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados deberá proveer información veraz, absteniéndose de cometer falsedad en sus declaraciones”.
Sobre las penas, detallan que aquel que de manera maliciosa falte a la verdad en su declaración ante una comisión especial investigadora o a sabiendas aporte antecedentes falsos con el objeto de obstaculizar el funcionamiento de la misma, “será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos”.
Además, si quien falta a la verdad lo hace “en obligación de conformidad con una citación”, la pena será “de presidio menor en su grado medio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios público”. En el proyecto los RN incluyen que “la retractación oportuna constituirá una atenuante muy calificada”.
Por otra parte, la iniciativa busca que “todo compareciente en una comisión especial investigadora, antes de entregar su testimonio” preste “juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntare”.
Será el presidente de la comisión quien “instruirá al compareciente acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas” que arriesga si miente. Además, señala que se “instruirá al compareciente acerca de la posibilidad de guardar silencio”.
El proyecto se presenta en momentos en que la oposición ha apuntado al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, poniendo en duda el testimonio que prestó el 6 de noviembre en la comisión de la Cámara Baja que investigó los líos de platas políticas.
Ese día el también exdiputado dijo que tomó conocimiento del convenio entre el Minvu y Democracia Viva -que detonó el caso y la investigación del Ministerio Público por los convenios entre reparticiones públicas y fundaciones- como un “rumor” el 7 de junio. Es decir, nueva días antes de que se hiciera público. Crispi dijo también ante los legisladores que se comunicó con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para que investigara.
La versión, sin embargo, fue puesta en duda la semana pasada por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien autorizó los millonarios convenios con Democracia Viva cuando era seremi.
“El día 7 de junio del presente año Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario. Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”, indicó Contreras en un comunicado que trajo nuevamente de vuelta la crisis por los líos de platas a La Moneda.
luego de la declaración que emitió la semana pasada el exseremi de Vivienda de Antofagasta, quien aseguró que Presidencia recibió el 7 de junio un informe sobre el caso que detonó los denominados líos de platas.
/psg
