En los últimos días se ha vuelto a instalar la discusión sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric. Durante la semana pasada, al interior del gobierno indicaron que lo que está en proceso de exploración es la forma en que se aplicará la condonación.
Todo esto resurgió porque en el debate del Presupuesto 2024 el gobierno firmó un documento de compromisos con los parlamentarios para viabilizar la discusión del erario fiscal. El punto 29 del protocolo dice que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.
Eso bastó para que se volviera a manifestar con fuerza la división entre las dos ‘almas del gobierno’: el Socialismo Democrático -coalición que agrupa al Partido Socialista, el PPD, los radicales y los liberales- y los colectivos que integraron Apruebo Dignidad -como el Frente Amplio y el Partido Comunista-.
Y es que dentro del gobierno también hay matices respecto a si el proyecto en cuestión hablará de condonación, algo a lo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha evitado referirse: “Significa que habrá una solución a los problemas que aquejan a los deudores del CAE, pero qué título le vamos a poner, ya lo veremos en su momento”.
El tono de la discusión subió todavía más luego de que el presidente de la Juventud Socialista (JS), Allan Álvarez, dijera el fin de semana pasado, en entrevista con El Mercurio, que “la condonación del CAE, además de costosa, no está en las prioridades de la ciudadanía”.
“El presidente de la JS se equivoca (…). ¿Por qué censurar el debate por una propuesta responsable, gradual y progresiva para darle fin a los créditos educativos? Mandarnos recados por la prensa, no es la forma”, respondió en redes sociales la diputada Emilia Schneider (CS), una de las defensoras de la condonación.
Con el fin de que más personas pudieran ingresar a la educación superior, en junio de 2005 -bajo el gobierno de Ricardo Lagos– se promulgó la Ley 20.027, que creó el Crédito con Garantía del Estado, también conocido como Crédito con Aval del Estado (CAE). Se trata de un beneficio del Estado que se otorga a estudiantes que necesitan apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera de pregrado en una institución acreditada del Sistema de Crédito con Garantía Estatal.
El crédito es entregado por el sistema financiero y cuenta con dos garantes (avales): la institución en que está matriculado el estudiante (por el riesgo de deserción académica) y el Estado, hasta que el beneficiario haya pagado el crédito por completo, una vez egresado.
En cuanto al funcionamiento, el crédito tiene una tasa de interés fija y subsidiada por el Estado del 2% anual. Además, la deuda no se cobra (período de gracia) mientras el alumno estudia y hasta 18 meses después de su egreso, o bien, declarada su deserción. Los cobros mensuales se pagan directamente al banco que otorgó los recursos.
Según un informe realizado por Horizontal, con datos obtenidos de la Comisión Ingresa obtenidos vía Ley de Transparencia, el CAE ha facilitado el financiamiento de los estudios superiores de 1.128.362 personas, desde su creación hasta el 31 de diciembre del 2022. De estas, 818 mil están en etapa de pago, de las cuales el 77% han egresado de instituciones de educación superior y el 23% ha desertado.
De los 818 mil beneficiarios en etapa de pago, el 46% está al día y 54% está en mora.
Frente a este escenario y atendiendo a la promesa que se hizo durante la campaña del Presidente, en las últimas semanas desde el Ejecutivo han indicado que están evaluando la forma en que se aplicará la condonación.
Una idea sería beneficiar a las personas de menores ingresos que tengan esa deuda crediticia, otra es un porcentaje de la deuda. Lo que sí estaría descartado es que tenga un alcance masivo por su alto costo. En ese sentido, estimaciones de centros de estudios cifran en que el costo del “perdonazo” llegaría a casi 4% del PIB, más de US$11.000 millones, cifras que complicarían su aplicación.
En mayo del año pasado, el Mandatario adelantó que la condonación del CAE será para quienes estén “más al día” con sus pagos: “Nosotros vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago (…), porque si uno hiciera lo contrario todos dejarían de pagar, y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día”.
“Eso es algo que tenemos que ir trabajando, cuál es el mecanismo específico, pero condonación del CAE va a haber siempre aparejada a la reforma tributaria. Los gastos de estas características tenemos que hacerlo cuando tengamos los ingresos, y por eso también es importante la reforma tributaria”, concluyó en esa oportunidad.
Existen tres tipos de créditos previos al con Aval del Estado, dependiendo de la fecha en que se otorgó al beneficiario.
El crédito fiscal universitario se otorgó entre 1981 y 1986, con un interés de 1% anual. Se reajusta en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se paga en 10 cuotas anuales si la deuda es menor a 40 UTM, o en 15 cuotas anuales si la deuda es superior a 40 UTM.
Entre 1987 y 1993, en tanto, se comenzó a entregar el crédito universitario. Este tiene un 1% de interés anual y se reajusta en UTM, con un plazo de pago no superior al número de años en que se obtuvo crédito.
Finalmente, el antecesor directo del CAE es el crédito fiscal reprogramado, cuya ley (19.083) fue promulgada en 1991 y permitió a los deudores de crédito fiscal universitario reprogramar su deuda a 10 años plazo con un límite de pago anual de 5% de los ingresos del deudor, reajuste por UTM y un interés de 1% anual, con la posibilidad de pagar menos, aumentando el saldo deudor, cuando sus ingresos sean muy bajos.
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