El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, emuló ayer la escena que protagonizó el Presidente Gabriel Boric en agosto, cuando megáfono en mano se dirigió a un grupo de personas. En el caso del Presidente, se trataba de manifestantes por el déficit habitacional, pero en el caso del titular del Minvu, era un agradecimiento al respaldo en medio del Caso Convenios.
Esto, porque Montes hoy es sindicado por la oposición como uno de los responsables políticos de la serie de delitos que se investigan -o que ya se han sancionado- en un caso que estalló en junio de este año y que incluso ha abierto la posibilidad de una eventual acusación constitucional.
Así, en las cercanías del Minvu, se congregaron casi una decena de comités habitacionales de distintas comunas, cuyos miembros dieron una muestra de apoyo al cuestionado ministro. Él, por su parte, agradeció y explicó lo que su cartera está haciendo para apoyar las investigaciones.
Ante esto, el rector de la UDP, Carlos Peña pregunta si acaso hizo bien el ministro. «No del todo», plantea en una columna en El Mercurio.
«No parece muy razonable que quien tiene a su cargo la institución que está bajo la lupa, quien está bajo escrutinio por parte de órganos regulares del Estado -el Congreso, la Fiscalía de manera indirecta, la Contraloría-, establezca vínculos directos y de esa índole con grupos de manifestantes que lo apoyan», comenta Peña.
A su juicio, esto no es razonable porque «parece un indicio de que la peor tentación del populismo pudiera incoarse a partir de este tipo de gestos».
Luego, vuelve a preguntar: «¿cuál es la tentación?», según Peña, es la de «establecer vínculos directos con el pueblo como una terapia frente a los reproches que merece el propio quehacer público. Como si se pudieran tratar con indiferencia las reglas mientras el pueblo confiara en que no se las infringió».
Si bien Peña sostiene que el ministro no ha incurrido en ella, comenta que «una de las peores formas de populismo consiste en establecer vínculos con la ciudadanía o el pueblo, al margen de las instituciones, como una forma de poner atajo, siquiera simbólico, a la investigación que estas últimas llevan adelante».
«Nada de esto le hace bien a las instituciones», continúa el columnista. Esto, porque las instituciones, especialmente las estatales, «funcionan sobre la base de la responsabilidad y esta última -la responsabilidad- solo existe allí donde alguien, para bien o para mal, la hace suya y en vez de eludirla la enfrenta, dando explicaciones completas, manteniendo la sobriedad, evitando erigirse en víctima de incomprensión o maltrato y asumiendo las consecuencias».
Por el contraste, dice Peña, si las autoridades, «en vez de asumir esa actitud sobria y dedicar su tiempo a explicar cómo pudo ocurrir esto o aquello, cómo pudo ser que estando tal o cual función bajo su responsabilidad ella se desquiciara sin él advertirlo, prefieren, como acaba de hacer el ministro Montes, ignorar en los hechos a las instituciones perorando con un megáfono, en lugar de dar explicaciones pormenorizadas frente a quienes puedan confrontar las que formule, entonces todos acaban dañados».
Ese daño, sostiene el columnista, abarca incluso a «aquellas personas que lo aplaudían y acunaban como si él fuera una víctima incomprendida, cuando en realidad -no vale la pena ocultarlo ni menos ocultárselo-, él es el último responsable político de todo eso que tiene el aspecto flagrante de un delito».
/psg
