El 27 de marzo del año pasado, la fiscal de Alta Complejidad Centro, Ximena Chong, llegaba a tomarle declaración en calidad de imputado al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La investigadora llegó hasta su oficina, en la Dirección General, ubicada en calle Zenteno, en el centro de Santiago, con el propósito de tomar su testimonio.
El escenario no era el mejor. Hacía pocas horas, Carabineros había despedido a una uniformada víctima de un homicidio en la Región de Valparaíso, lo que tenía a los uniformados en medio de un duelo institucional y, por esa época, a un fortalecido general ante los ojos de la opinión pública. El alto oficial optó por el silencio, pero pidió dejar en acta su argumento.
“He prestado, con anterioridad, el día 7 de abril de 2021, declaración en una investigación paralela en calidad de imputado ante la fiscal regional de Valparaíso, doña Claudia Perivancich, declaración que está incorporada en esta investigación; y 2) he prestado además declaración en calidad de testigo en investigaciones llevadas por usted relacionadas a hechos similares. Por lo anterior, y escuchando el consejo de mis abogados, quienes me han indicado hacer uso del derecho ya indicado, es que por ahora no prestaré declaración”, le dijo en un tono amable, pero evidentemente hastiado por la situación. Chong lo había requerido otras tres veces.
La fiscal -sin embargo- volvería a la carga. En agosto y en noviembre del 2023, evidenciando una tensión entre ambos bastante patente. En Carabineros ya se comentaba que en algún minuto lo formalizarían por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social. Las sospechas no estaban tan lejanas de la realidad.
Valencia, Yáñez y un poderoso Armendáriz
Los rumores crecían a medida que avanzaba el tiempo, pero el jefe máximo de Carabineros gozaba de “buena popularidad”. La institución estaba nuevamente posicionándose con buenos índices de confianza, la cual había perdido entre los años 2017 y 2020, principalmente por los casos del megafraude, Catrillanca, Huracán, y los ilícitos cometidos por uniformados durante el estallido social.
En noviembre del 2023, Carabineros alcanzó un 75% de aprobación, según la Cadem. Las gráficas fueron rápidamente viralizadas entre los generales de la institución, y el propio Yáñez dijo “los niveles de evaluación ciudadana más altos de la Cadem. Creo que en gran medida -y quiero hacer un reconocimiento- es gracias a cada uno de los carabineros desplegados en el territorio nacional”.
Sin embargo, esa buena imagen hoy está en peligro. En 24 horas, Carabineros y su general director parecieran jugarse lo que les tardó casi ocho años en reconstruir.
Fue el martes 2 de enero que La Tercera informó de una solicitud de inhabilidad presentada por la defensa de Yáñez, en contra de los fiscales Xavier Armendáriz -jefe regional Centro Norte- y la fiscal Chong, porque, según el representante del oficial, “carecen de la debida objetividad e imparcialidad para seguir adelante”.
El requerimiento había sido ingresada el 4 de diciembre, pero se dio a conocer ayer, cuando en la defensa de Yáñez ya había ciertas sospechas de que la causa podría derivar en la toma de decisiones para solicitar su formalización.
Pero esas sospechas eran más que eso, porque el mismo martes 2 de enero, pero a la 1.30 horas, el fiscal Armendáriz había ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía el escrito con la solicitud de formalizar a Yáñez, además de los generales en retiro Mario Rozas y Diego Olate. A todos, como autores del delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, “cometido en el desempeño de sus funciones de mando de Carabineros de Chile, ejercidas en la comuna de Santiago, entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020″.
El quiebre
En la interna del Ministerio Público advierten que el fiscal nacional prefería esperar, dado que la indagatoria no estaría del todo agotada. Por lo mismo, Valencia no había respondido el requerimiento de la defensa de Yáñez, aunque sí quiso dar una señal simbólica sobre lo que significó el golpe de Armendáriz.
El fiscal nacional decidió sacarlo de la línea para subrogarlo. Históricamente, el fiscal regional Centro Norte era el encargado reemplazar al titular del Ministerio Público, en caso de que este se ausentara por vacaciones o tuviera que salir del país.
Ahora no sería así. El mismo martes 2 de enero, pero a las 16.42 de la tarde, luego de que se solicitara la formalización del general director sin informarle a nadie, Valencia dictó su primera resolución del 2024 y sacó a Armendáriz como “su primer subrogante”.
“Siendo necesario garantizar el principio de continuidad de la función de fiscal nacional establecida en la ley y dar certeza respecto de la función del fiscal nacional establecida en la ley”, se lee en el documento los argumentos expresados por la máxima autoridad del Ministerio Público.
Y es que no solo se cambió el orden de subrogancia, sino que Armendáriz salió del cuadro completo, lo que es interpretado en las altas cúpulas del Ministerio Público como un quiebre entre ambas autoridades. En la resolución queda como “dos” el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros (quien también está a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH); le siguen Carmen Gloria Wittwer, de Los Lagos; Roberto Garrido, de La Araucanía, y Nayalet Mancilla, de Ñuble.
Alto mando: “En mantención”
Internamente en Carabineros, la noticia sorprendió a algunos generales de vacaciones y a otros, en funciones, sin embargo, existe un ruido evidente de lo que pasará con el general Yáñez.
Es más, las declaraciones de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, para algunos son reveladoras. “Hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como gobierno. Estamos a la espera de las resoluciones que estime la justicia”, dijo.
La situación del general director de Carabineros pone al gobierno en una disyuntiva porque podría darse el escenario de tener a la máxima autoridad de la institución en frente de un estrado, ante un juez, y en el Centro de Justicia. Pero, a su vez, el Ejecutivo impulsa una agenda marcada por la seguridad y el combate en contra de la delincuencia que requiere apoyos transversales.
En todo caso hay una consideración práctica que complica a Yáñez: al concretarse la formalización, el Ministerio Público deberá solicitar una medida cautelar, exponiendo así al alto oficial a, por ejemplo, quedar con una firma mensual, o quedar con prohibición de salir del país, o en el peor de los casos, en prisión preventiva. En cualquiera de estos escenarios existiría una incompatibilidad evidente con el cargo de general director.
El mandato del general Yáñez en Carabineros vence el 19 de noviembre de este año. Se desconoce cuándo el tribunal fijará la audiencia, pero si es antes de esa fecha, todo apunta a un cambio de general director.
Para eso los nombres que aparecen en la quina son: Marcelo Araya, Enrique Monrás, Ramón Alvarado, Jean Camus y Pablo Silva.
Este último es el más cercano a Yáñez y denominado como su “delfín”, el resto competiría en igualdad de condiciones por un cargo, donde la otra opción que se maneja -en caso de concretarse la renuncia del general director- es una de un “general director en propiedad”, es decir, que asuma un interino, hasta que se defina el titular.
Hasta el cierre de esta edición, Yáñez, abogados y generales estaban en reuniones para ver cómo administrar una crisis que tardó en llegar, pero que entró de lleno, sin avisar hasta lo más alto de la institución.
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