A las 10:30 horas de este viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debió salir a aclarar una vez más las dudas que dejó el otorgamiento de pensiones de gracia en el marco del estallido social. Esta vez, luego de que este jueves se conociera un informe de Contraloría del 13 de diciembre de 2023 que revelaba graves desprolijidades en la acreditación de lesiones y antecedentes delictuales en algunos beneficiados que profundizaron los cuestionamientos al proceso. Incluso, se informó que uno de los pensionados fue condenando por producir pornografía infantil.
La difusión ayer del informe entregado por la Contraloría del documento dejó una serie dudas sobre la reacción de La Moneda a la crisis que desataron los antecedentes penales de pensionados que iban siendo revelados a goteo por medios de comunicación. El mayor cuestionamiento es que la primera versión del informe de Contraloría, que era de carácter confidencial, llegó a manos del Ministerio del Interior, el 21 de septiembre. Desde ahí, ya estaban al tanto de las alertas del ente fiscalizador.
Pero al ser consultado si es que el Presidente Gabriel Boric estaba al tanto del informe la respuesta de Monsalve fue: “Los presidentes no leen todos los informes de la Contraloría”.
Según el subsecretario, el documento llegó formalmente a Interior el 19 de diciembre -dos días después del plebiscito del 17 de diciembre, lo que abrió las dudas de la oposición- y en él se advertía del caso de pornografía infantil y también de una serie de desprolijidades en la corroboración de antecedentes médicos de parte de los beneficiados. Es más, desde Interior abrieron un sumario administrativo para evaluar eventuales responsabilidades, información que tampoco fue transparentada.
Este viernes, al ser consultado, Monsalve aseguró que fue porque nadie le consultó por posibles sumarios, pero lo cierto es que sí se le consultó por eventuales desprolijidades en el proceso de entrega de pensiones.
“No hubo desprolijidad porque cumplimos rigurosamente la ley que faculta al Presidente para entregar pensiones de gracia, a través de la glosa del presupuesto y del reglamento que se había establecido”, dijo el 12 de enero a La Tercera, fecha en la que ya cursaba la investigación por eventuales responsabilidades.
Los ministros en el diseño
Pero no solo eso. Desde hace semanas han existido reuniones periódicas en la que participan ministros del comité político como Carolina Tohá, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, en las que se han evaluado opciones jurídicas para dejar sin efecto los beneficios, para evaluar estrategias políticas-comunicacionales y también para revisar los antecedentes de las personas que integran el listado. En esos encuentros también ha participado Luppy Aguirre, jefa de la división jurídica de Interior, quien sí estaba al tanto del informe de Contraloría, lo que genera dudas de que el Presidente ni integrantes del gabinete hayan estado al tanto de las desprolijidades informadas por el ente fiscalizador.
Este jueves, luego de la revelación del informe, la ministra del Interior aseguró que antes de irse de vacaciones -el jueves de la semana pasada- el Mandatario firmó el decreto para dejar sin efecto la pensión al beneficiado que tiene antecedentes vinculados a pornografía infantil. Monsalve también fue cuestionado por la tardanza en informar la decisión del Presidente y explicó que en el documento no se atribuía el delito a un RUT en particular y que “cuando se tiene conocimiento de los antecedentes penales de esta persona en particular, el Presidente toma de inmediato la decisión”.
Además, desde La Moneda aseguraron que ya hay 17 casos -de los 69 pensionados que cuentan con antecedentes- que correrán con la misma suerte cuando Boric llegue de sus vacaciones tras la gira a Chiloé.
Mientras en el gobierno han apuntado también a que hay casos de pensionados con antecedentes durante el gobierno anterior y también a las fallas de acreditación de antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
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