La Corte Suprema dio pie atrás a la decisión de comprar 22 autos marca Lexus para sus ministros.
El Pleno del máximo tribunal se reunió esta mañana para abordar la polémica decisión que había sido aprobada por el mismo órgano el 2 de febrero con la finalidad de renovar su flota vehicular. Luego de dos horas, fue el secretario de la Suprema Jorge Sáez quien entregó las definiciones de la cita en un comunicado de seis puntos.
“El Poder judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto”, comenzó diciendo, y agregó que “la decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental”.
“Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos”, agregó sobre esto último. “Este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país”.
Así las cosas, el secretario apuntó a la eventual aprobación que ya había habido por parte del Ejecutivo. “Se debe puntualizar que si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, (…) ratificándose el acuerdo previo adoptado por el Ministro de Hacienda con el ex Presidente de la Corte Suprema y dos Ministros Consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el Director de esta última, que incluía la renovación de los vehículos institucionales.
Finalmente, Sáez señaló: “Se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus ES300H que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”.
Hoy La Tercera reveló que el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, envió el 26 de enero un oficio a la Dipres solicitando fondos para la compra de estos vehículos. En dicho texto Guzmán hacía alusión a un “acuerdo” que había tomado la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. No tuvo respuesta.
Tensión con La Moneda
La resolución de gastar $1.253 millones en estos vehículos había generado tensión entre el Poder Judicial y La Moneda. Ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que “esa compra no está visada” y que “esa glosa no está activada”.
Por su parte, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, puntualizó que el Poder Judicial contaba con presupuesto propio al ser otro poder del Estado. “En términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem. Sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, por ende, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra”.
Por la mañana, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, dijo que la Suprema debía “despejar” supuesta autorización de Hacienda para uso de fondos en compra de Lexus.
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