El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la resolución judicial que permitía la posibilidad a reos de alta peligrosidad de mantener videollamadas con el exterior, como un hecho “gravísimo”.
La medida fue otorgada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó la comunicación con familiares y parejas para cuatro internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
De acuerdo a Mega Investiga, la primera reacción de Gajardo fue de calificar el hecho de “gravísimo”, y agregó: “Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país”.
“Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”, aseguró.
En ese sentido, aseguró que el beneficio “pone en riesgo no solo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal”, sino que también la seguridad de la sociedad. “Por eso esta resolución es gravísima”, reafirmó.
En el recinto penal de alta seguridad están recluidas personas que en gran número están relacionadas con las bandas criminales venezolanas del Tren de Aragua y Los Gallegos.
“En el recinto especial de alta y máxima seguridad reaperturado por el Presidente de la República en abril del año pasado, se encuentran los criminales más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario”, añadió la autoridad.
La polémica se suscitó luego que el medio diera a conocer que el juez Urrutia, el pasado 25 de enero, concedió la posibilidad de comunicación con terceros a cuatro internos del penal de alta seguridad.
Asimismo, se informó que al interno colombiano, Rafael Marín Vielma, condenado a 15 años de cárcel por narcotráfico se le autorizó una visita íntima en el recinto, pese a no contar con las instalaciones adecuadas.
Las resoluciones obligaron a que Gendarmería presentara un reclamo en contra de Urrutia, quien ratificó sus decisiones, lo que llevó al organismo a presentar un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que emitió una orden de no innovar y el pasado 13 de febrero dio un plazo de dos días al tribunal de garantía para enviar los antecedentes que fundaran la decisión de Urrutia.
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