Cristina Fernández de Kirchner, CFK, o simplemente Cristina Kirchner, sabía que 2024 sería un año complejo en el ámbito judicial. La expresidenta de Argentina, y vicepresidenta durante la reciente gestión de Alberto Fernández, enfrentará causas penales como la firma del Memorándum con Irán y Hotesur y Los Sauces. Y, finalmente, la lista empezó a correr este lunes con la revisión en la Cámara de Casación (símil a la Corte de Apelaciones en Chile) de la condena a seis años de prisión dictada en 2022 contra la líder kirchnerista en el marco del “caso Vialidad”, lo que, además, le valió quedar inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero no se trata de una apelación en la que solo la defensa pueda alegar. También lo puede hacer la parte persecutora. Y para el fiscal a cargo de la investigación se trata de la oportunidad perfecta para intentar ampliar hasta los 12 años la condena que pesa sobre CFK. Mientras la exvicepresidenta y todos los imputados apelaron la decisión y solicitan que se revoque la sentencia acusatoria, los persecutores quieren duplicar la pena de Cristina K, que sean condenados los absueltos en el juicio oral de 2022, y que se confirme el decomiso de 84 mil millones de pesos argentinos ordenado por el tribunal.
Tras un total de seis audiencias, las que culminarán en abril, la instancia de apelación analizará la sentencia condenatoria contra la expresidenta acusada el 6 de diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta. Según el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Cristina K, el empresario Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros cinco antiguos funcionarios de Santa Cruz son culpables de redireccionar obras públicas de la citada provincia con el fin de favorecer a Báez.
A las 11 de la mañana se iniciaron las audiencias en Comodoro Py 2002, donde el fiscal Mario Villar pidió agravar la condena hasta los 12 años contra la anterior vicepresidenta argentina, alegando que también es responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefa, algo que ya había solicitado durante el juicio oral el fiscal Diego Luciani. Se espera que la audiencia de defensa de Cristina Fernández de Kirchner ocurra el jueves 7 del próximo mes.
De ese modo, la Cámara de Casación tiene tres posibilidades: los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña pueden confirmar la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2, lo que mantendría la pena de 6 años de prisión contra los ya imputados; el trío podría modificar la sentencia para sumar el delito solicitado por la Fiscalía, ampliándola a los 12 años, o también puede atender al reclamo de los acusados y revocar la pena impuesta por el TOF 2, consignó el periódico Clarín.
Independiente de aquello, vale recordar, la instancia no es definitiva. Para que el fallo sea firme, sin importar si la decisión es positiva o negativa para la expresidenta, el trámite debe pasar por la Corte Suprema. Si la máxima instancia de apelación mantiene lo decretado por el TOF 2, esta podría ser detenida.
Sin embargo, otro factor podría evitar su llegada a prisión. Pese a que, a diferencia de la instancia de diciembre de 2022, ahora no cuenta con el fuero parlamentario que su cargo de vicepresidenta y presidenta del Senado le otorgaba, CFK tiene más de 70 años, por lo que podría solicitar el cumplimiento de la pena desde su casa.
El primero en intervenir fue el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar, detalló Clarín. La columna vertebral de su alegación será que cada una de las 51 licitaciones que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez constituyen hechos individuales de corrupción. “No son un solo o único hecho del delito de administración fraudulenta contra la administración pública nacional”, reclaman los persecutores, lo que se traduce en que, a su parecer, Cristina K no solo formó parte de una asociación ilícita, sino que sería parte del delito de asociación ilícita en carácter de jefa.
Según el planteo de la Fiscalía, citado por el mismo medio, “todo esto se concretó paralelamente al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y del poder político que ejercían”, todo con el fin de “detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero”.
Además, no lo circunscriben a solo una administración presidencial, sino que lo amplían a tres. La de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y las dos de Cristina Fernández de Kirchner. “Entonces, si se consideran los tres períodos presidenciales involucrados en el presente expediente, no existiría otra posibilidad que evaluar tres administraciones patrimoniales distintas”.
En la causa condenatoria inicial, la Fiscalía determinó que se había direccionado la obra pública en favor del Grupo Austral. La instancia judicial aseguró que los 51 contratos habían sido adjudicados con todo tipo de irregularidades, incluidas simulaciones de los procesos licitatorios, sobrecostos, falta de controles, recordó Clarín. Todo esto con un perjuicio de 80.000 millones de pesos argentinos de la época, cifra que asciende exponencialmente si se considera el ritmo inflacionario transandino, que solo en el acumulado en los últimos doce meses llega al 254,2%.
Según el mismo periódico, el fiscal Villar busca apuntar a que la estructura montada desde el interior del Estado, cuando Cristina Kirchner ostentaba cargos de poder y que habría beneficiado al mismo holding empresarial con el 86% de los contratos licitados en la provincia de Santa Cruz, respondió a una asociación ilícita piramidal.
“¿Que les decimos a los funcionarios que asumen el cargo, si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo? ¿Qué ejemplo estamos dando?”, argumentó Villar en la instancia de apelación. Y prosiguió, en línea con los delitos separados: “Si una persona roba las cuatro ruedas de un auto, una por día, y lo condenan por un solo robo, no es razonable que un delito de corrupción merezca esta pena. Es sentido común, es sentido de justicia. Es muy extraño. Se le saca la asociación ilícita, cuando la escala penal permitía una pena razonable”.
“Esta pena no refleja la gravedad del hecho, incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, añadió el fiscal Villar.
Cristina Kirchner siempre ha alegado su inocencia, y el principal argumento de su defensa ha sido que la Fiscalía nunca pudo producir ninguna evidencia –ya sea documento o mensaje– que la vinculara directa y personalmente con la entrega de obras a Lázaro Báez. “Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, dijo en su momento la exmandataria en X, el entonces Twitter.
También reclama una persecución política mediante el Poder Judicial, también como lawfare. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo a los tres jueces que la condenaron, a quienes ella misma había designado durante su gobierno, consignó BBC. Días antes de que la condenaran, dijo al Tribunal: “Cuando hablé del lawfare fui muy generosa; más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento”.
“Esta suerte de pelotón de fusilamiento tuvo como objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”, en referencia a sí misma, “para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros”.
/psg
