Tres de las principales organizaciones sociales en Argentina que canalizan parte de la asistencia social destinada a los sectores más vulnerables están bajo investigación de la justicia federal por presunta extorsión a beneficiarios para obligarlos a participar en protestas callejeras, en un caso cuyos detalles se dieron a conocer en las últimas horas.
La pesquisa fue impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei a partir de denuncias recibidas en una línea telefónica gratuita habilitada el 19 de diciembre pasado, justo un día antes de que se realizara la primera movilización de organizaciones sociales contra la política de ajuste lanzada por el Mandatario.
La investigación se dio conocer el lunes a través de un comunicado difundido por la Presidencia argentina, luego de que el fiscal federal del caso, Gerardo Pollicita, ordenara 27 allanamientos en el marco de la causa. En tanto que una resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que avaló los procedimientos, también dio detalles de la investigación.
Cerca de una treintena de dirigentes de las organizaciones izquierdistas Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha fueron imputados por supuestamente haber exigido «coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan (subsidio)’, conformando un total de 924 casos», según un dictamen de ese tribunal.
«La extorsión tiene consecuencias», resaltó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la red social X. «Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones que extorsionaban a las personas para ir a las marchas. Todo esto es información que recibimos en la Línea 134… Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios».
Tras conocerse el caso, el dirigente del Polo Obrero Eduadro Belliboni se defendió. «Tenemos que ver si son son reales esas denuncias, porque esta cosa empezó el 20 de diciembre. No tenemos acceso a toda la causa, pero vamos a presentarnos, vamos a dar el debate. Allí hay una persona denunciada que probablemente exista y haya que echar de la organización», dijo a Radio Mitre.
El activista agregó que «tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente. Los allanamientos fueron todos hechos en la ilegalidad, de noche, apagando las cámaras de seguridad de un local que había en la zona».
Alta presencia
Las organizaciones señaladas surgieron al calor de la crisis económica de 2001, que causó 20% de desempleo y empujó a 50% de los argentinos a la pobreza.
Con fuerte presencia en barrios vulnerables, estos grupos rápidamente se convirtieron en intermediarios de las autoridades nacionales de turno para la distribución de ayuda social. Su poder de influencia creció notoriamente bajo los gobiernos de centro-izquierda de Néstor Kirchner (2003-2007); Cristina Fernández (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023) cuando se implementaron distintos tipos de programas asistenciales.
Con una pobreza estructural que oscila del 30% al 40% por las repetidas crisis económicas, las organizaciones sociales desarrollaron gran poder de movilización para bloquear los accesos y principales avenidas de la capital argentina. Además, tienen bajo su control a cientos de comedores populares en todo el país, donde alimentan a miles de personas.
El último reporte oficial correspondiente al segundo semestre de 2023 dio cuenta de que el número de pobres llega al 42% de la población argentina, aunque estudios privados estiman que esa cifra creció a casi 60% como consecuencias de las políticas de ajuste y desregulación de la economía implementadas por Milei.
Al poco de asumir el gobierno, Milei suspendió el pago de subsidios a miles de personas por incompatibilidades para acceder al beneficio y buscó limitar la influencia de las organizaciones sociales al reconducir la entrega de alimentos a comedores y firmar acuerdos con otros intermediarios, como organizaciones religiosas.
La investigación judicial también determinó que se «desviaban» los recursos para los comedores y que la comida que entregaba el Estado «la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente», según el comunicado oficial. «Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir (a las protestas) tenía que acreditarlo con certificados médicos».
Esta operatoria quedó expuesta «a partir del registro de conversaciones mantenidas mediante la aplicación ‘Whatsapp’ aportados como prueba en el marco de las audiencias testimoniales recibidas al inicio de la pesquisa», indicó la Cámara Criminal y Correccional Federal en un fallo en el que convalidó las medidas dispuestas por el fiscal Pollicita.
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