Según señaló Karen Herrera, directora jurídica de la ONG, al medio argentino Infobae: “11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de la población de Juraguá en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los recurrentes apagones y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua”.
“Seguimos estudiando otros casos. De los 1.113 prisioneros políticos, siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores: 27 de ellos aún cumplen sentencia y tres siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. Además, 117 mujeres, incluyendo menores y dos de género trans, siguen actualmente en prisión política o condenadas en limitación de libertad domiciliar y fuertemente amenazadas. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia, al igual que las que lo están por delitos comunes, han estado y están encarceladas entre hombres con todo lo que eso conlleva”.
La directora ejecutiva de ONG Prisoner defenders agregó que “ hemos observado 305 con patologías médicas graves, sin tratamiento médico adecuado y comprobado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención. Maltrato, abusos y tortura que hemos documentado y se intensifica con el colectivo más vulnerable en prisión. Aquellos con padecimientos psiquiátricos y discapacidades mentales y emocionales encarcelados en prisiones ordinarias donde son vejados, humillados y golpeados por los funcionarios a su cargo”.
Finalmente alertó que el “operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente, las detenciones, interrogatorios, multas y decomisos contra periodistas en toda la isla en una razia de gran intensidad y que son amenazados con largas condenas y cadenas perpetuas si continúan realizando su trabajo”.
“Hemos registrado 1.113 prisioneros políticos pero también identificamos más de 11.000 civiles jóvenes afrocubanos en su inmensa mayoría no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de dos años y diez meses que sufren condenas debido al nuevo Código Penal y su desobediencia penal precriminal implantada mediante los nuevos artículos 434.1 y 189.3, para continuar con el control social ejercido durante décadas por la peligrosidad social predelictiva”
/psg
