El Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió al exmayor de Carabineros Claudio Crespo por los delitos que la Fiscalía Centro Norte lo acusaba en el marco de una causa que tuvo su origen en 2018, en medio de una manifestación por el Día del Joven Combatiente.
En concreto, el Ministerio Público imputaba al exuniformado por apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la justicia, lo que fue desestimado por el tribunal en decisión dividida.
Durante la madrugada del 30 de marzo de ese año, Crespo y otros tres uniformados se dirigieron hasta la comuna de Huechuraba alertados por diversos focos de desórdenes públicos y barricadas.
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía Centro Norte, entre las 1.00 y las 2.30, los uniformados llegaron hasta las cercanías del edificio de la municipalidad de esa comuna, donde había un grupo de manifestantes. Entre ellos estaba la víctima, E.P.G.A, junto a otros sujetos. Al ver la presencia policial, los manifestantes se retiraron del lugar. En un momento, acusó la fiscalía, mientras la víctima cruzó la calle cerca del carro policial, Crespo disparó su escopeta antidisturbios contra él, impactándole en la cara, boca y cuello. 11 de 12 perdigones dieron contra él.
La investigación del Ministerio Público, en específico de la fiscal Ximena Chong, determinó que el único oficial que en ese carro policial portaba una escopeta marca Hatsan, modelo Escort, era el entonces comisario Claudio Fernando Crespo Guzmán. El disparo se realizó a una distancia de entre 1 a 5 metros. “Al momento de efectuarse, ni el dispositivo táctico ni sus ocupantes ni otros dispositivos de Carabineros, ni miembros de la población civil se encontraban en riesgo inminente”, señaló la imputación.
Según el Ministerio Público, Crespo no disparó a una muchedumbre, sino que directo al manifestante, que terminó con fracturas y pérdida de piezas dentales.
Posterior al disparo, Crespo tomó detenido al atacado. Con todo, la fiscalía aseguró que Crespo falsificó el parte policial posterior, señalando que los manifestantes habrían hecho un forado en el edificio de la municipalidad de Huechuraba, intentando ingresar. Además, afirmaron que habrían sido atacados con elementos contundentes, incluso escuchando disparos.
Por el delito de apremios ilegítimos, la fiscalía pedía tres años de cárcel, mientras que por la detención ilegal solicitaba una pena de 2 años. Por último, por la obstrucción a la investigación pedía 300 días de presidio. Sin embargo, los jueces del tribunal no dieron por acreditada la acusación de la fiscal.
Gustavo Gatica
No es el único caso por el cual Crespo tiene que enfrentar a la justicia. La Fiscalía Centro Norte investiga al exmayor de Carabineros por disparar contra el Gustavo Gatica en el contexto de manifestaciones ocurridas el 8 de noviembre de 2019 en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, en pleno estallido social.
La Fiscalía argumenta que el funcionario hizo uso del arma que portaba, una escopeta marca Hatsan, modelo Escort y que contenía cartuchos calibre 12.
Según la acusación, estos disparos afectaron la zona superior de los cuerpos de los manifestantes, los cuales estaban a más de 20 metros del acusado. Entre ellos, se encontraba Gustavo Gatica, quien fue herido con dos perdigones en sus ojos, perdiendo la totalidad de su visión.
Crespo alcanzó a estar cerca de un mes en prisión preventiva hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del tribunal de primera instancia y lo dejó con arraigo nacional y firma quincenal.
Por este caso, que aún continúa en investigación, el Ministerio Público está pidiendo una pena de 12 años de cárcel.
El contraataque de Crespo
Por su parte, el 14 de mayo Crespo, mediante su abogado, presentó una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago alegando delito de falsificación en contra del efectivo de la PDI, Cristián Lizama. El oficial forma parte de la Brigada de Derechos Humanos, la cual recibe gran parte de las órdenes de investigar por parte de la fiscal Chong en casos como Gatica, el de Fabiola Campillai, la de Sebastián Zamora, entre otras.
En el documento -patrocinado por el abogado Pedro Orthusteguy- se lee que “el abogado defensor Mauricio Bascur descubrió fortuitamente que en varios registros policiales las firmas del querellado Cristián Lizama Loyola eran muy diferentes entre sí y eran diferentes a una firma indubitada del querellado”, en distintos informes policiales.
Según acusan, el PDI habría adulterado cinco informes en distintas causas relacionadas al 18-0.
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