La derecha debe darse cuenta de que la izquierda hace mucho usa los DD.HH. como medio para avanzar su revolución neutralizando la capacidad defensiva del Estado, narra Vanessa Kaiser, PhD en Filosofía y en Ciencia Política, en su columna de opinión publicada en ElLíbero.
En innumerables ocasiones hemos oído a personeros de gobierno amenazar con que habrá otro estallido. La extorsión se ha usado para presionar por el avance de su agenda política cuyo norte quedó plasmado en el proyecto de nueva Constitución apodado “el mamarracho”. En simple, todos sabemos con qué sueñan el PC y el FA.
Es muy probable que en un futuro gobierno de derecha se concrete la amenaza de movilizar la calle y desquiciar aún más las vidas de ciudadanos que hoy sufren por el crimen organizado, la inmigración ilegal descontrolada, una situación económica paupérrima y un largo etcétera de flagelos provocados por el avance de la agenda política octubrista.
Y decimos que es “muy probable” porque, sin el placebo del poder y el acceso a la plata fácil de los contribuyentes, la tentación de ponerse el disfraz revolucionario será irresistible. ¿Se imagina a todos esos embajadores y burócratas otrora agitadores de la violencia octubrista volviendo a las calles? ¿A qué cree que usted que van a dedicar el tiempo libre?
No se necesita de mayor imaginación o referencias históricas para saber que habrá un nuevo golpe de Estado o estallido 2.0. La pregunta es en qué situación se encuentra el país, especialmente en lo que respecta al monopolio del uso de la fuerza y la capacidad del Poder Judicial para imponer el imperio de la ley. Para responderla haré referencia a un análisis del abogado Julio Alvear, Doctor en derecho y filosofía, profesor de derecho constitucional.
En sus investigaciones, Alvear se encontró con una sesión en la Cámara de Diputados del 18 de enero de 2020, ocasión en la que el ex fiscal nacional, Jorge Abbott, concurrió con la directora de la sección de DD.HH. de la fiscalía para dar cuenta sobre lo que ellos estaban haciendo frente al llamado “estallido social”. Oír las declaraciones de Abbott impacta, porque sólo alguien que esté decidido a no entender, podría evitar concluir que estábamos ante una conspiración política y jurídica. El objetivo era neutralizar a las FF.AA. y de Orden de modo que quedaran inhabilitadas para frenar el proceso de alzamiento que iba a terminar deponiendo a Piñera. El exfiscal nos cuenta cuáles fueron los instrumentos y el modus operandi:
“Efectivamente, nosotros redactamos una ficha porque nos dimos cuenta de que se cometían muchos hechos constitutivos de violaciones a los derechos fundamentales practicados por agentes del Estado, y las denuncias que nos llegaban eran muy incompletas, denuncias que les faltaban muchos antecedentes. Entonces decidimos hacer una ficha donde consignábamos todos los elementos necesarios para iniciar una investigación […] y la distribuimos a todos los defensores del país y ellos llenaban la ficha y hacían la denuncia directamente al Ministerio Público”.
Es decir, el Ministerio Público ayudaba a hacer las denuncias por torturas y tratos crueles en contra de Carabineros y después el mismo Ministerio Público las recibía para activar la persecución. Alvear se pregunta, “¿no viola esto el deber constitucional de objetividad, impuesto al Ministerio Público por el artículo 83 de la Constitución, el artículo 3 de la ley 19.640 y el ítem IV punto III del Código de Ética de la propia institución?”.
El deber constitucional de objetividad exige investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que agravan la responsabilidad del imputado, sino también las que eximen de ella, la extingan o atenúan. Por otra parte, en lugar de aplicar el artículo 330 del Código de Justicia Militar donde se establecen las penas por violencia innecesaria, el Fiscal mandató una persecución penal por torturas, violaciones a los DD.HH., tratos inhumanos y crueles en base a denuncias tan mal formuladas y carentes de evidencia empírica que, él mismo reconoce, tuvieron que crear una “ficha”. Gracias a ese instrumento jurídico se armó un tsunami de querellas en contra de quienes defendieron la democracia de la asonada revolucionaria. ¡Más de 12 mil querellas presentadas fundamentalmente en contra de Carabineros! Ese número representa aproximadamente a un cuarto de la institución.
Como si fuera poco, el oficio 618 del 28 de julio de 2021 contiene una especie de “convenio” entre la Fiscalía y el INDH para repartirse el trabajo de perseguir a carabineros y militares imputándoles violaciones a los DD.HH. El fundamento ideológico de una persecución de esta índole tiene tres aspectos. Primero, el presupuesto de la violencia institucional -es decir, el uso de prácticas estructurales de violación de derechos humanos cometidas desde instituciones del Estado-, algo así como que las torturas, crueldad y violencia sería inherentes a la estructura de las FF.AA. y de Orden. El segundo aspecto dice relación con el modo como la izquierda jurídica entiende los DD.HH. Simplificando, hay humanos que no tienen derechos. Son los que visten el uniforme, los llamados agentes del Estado. Finalmente, bajo el mismo paraguas ideológico, se entiende al derecho como un instrumento de la revolución. En este sentido hay que interpretar el retiro de las querellas por violación a la Ley de Seguridad Interior del Estado y las 12 mil querellas en contra de las FF.AA. y de Orden. La guinda de la torta son las pensiones de gracia. El doble estándar es evidente, no sólo se persigue a militares y a carabineros por violaciones a los DD.HH. en medio de una revolución cuyo objetivo era consumar un golpe de Estado que depusiera al gobierno, sino que, además, al terrorismo etnomarxista del sur de Chile se le denomina “violencia rural”.
¿Qué lecciones debemos aprender de nuestro pasado reciente para no repetir la amarga experiencia del 18-O? La derecha debe darse cuenta de que la izquierda hace mucho usa los DD.HH. como medio para avanzar su revolución neutralizando la capacidad defensiva del Estado no sólo ante asonadas revolucionarias, sino también ante el control de las invasiones migratorias y el imperio en expansión constante del crimen organizado. Una vez hecho el diagnóstico urge una estrategia política adecuada para desmantelar la vía revolucionaria operando desde el aparato jurídico que sirve a objetivos políticos contrarios al bien común, la paz, la seguridad y nuestra democracia.
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