Luego de días de especulaciones, ayer el Gobierno presentó el veto que hace semanas había anunciado, en torno al proyecto de ley que, entre otras cosas, establece multas para quienes no concurran a las elecciones.
La presentación, a cargo del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fijó finalmente una multa única de 0,5 UTM, es decir, unos $33 mil aproximadamente para quienes no concurran a votar, para chilenos y extranjeros; un costo sumamente inferior al máximo de $200 de la sanción que se fijó antes (de 0,5 a 3 UTM).
La sanción contenida en el veto regirá para todos los electores -y no sólo a los ciudadanos, como buscaba antes el Gobierno-, aunque se dejó planteado sobre la mesa que se discuta la regulación del voto a los extranjeros.
En otras materias, el Gobierno también plantea suprimir la eliminación del feriado irrenunciable para el domingo; se regula la propaganda a través de redes sociales y se sustituye la redacción del plazo para incorporar los documentos en las declaraciones de candidaturas.
«Se parece más a un voto voluntario»
En conversación con Emol, analistas políticos afirman que el veto del Gobierno «se parece más a un voto voluntario» y que en el debate por el voto «antipobres» que acusó el diputado Gonzalo Winter (FA) hace un par de semanas, algunos creen que «es un error pensar que el voto obligatorio favorecerá siempre a un sector político».
Germán Silva, analista político de la U. Mayor, comenta que «en la práctica el voto se parece más a un voto voluntario que a uno obligatorio, porque la multa apenas alcanza a un 16% de la multa anterior que podía llegar a $200 mil».
A su juicio, la señal que se está dando «es que tiene poco costo no concurrir a las urnas, y si a esto sumamos que la gente sabe que aumentando la abstención las posibilidades de fiscalización son escasas, la presión de lo obligatorio baja considerablemente».
«Lo que sí me parece acertada es la indicación del feriado obligatorio, porque eso facilita el voto. El riesgo es que para algunos empresarios les convenga más pagarle $33 mil a sus trabajadores críticos para que concurran a trabajar», afirmó.
Por su parte, Eric Latorre, director del magíster en gobierno y dirección pública de la U. Autónoma, comenta que «sin duda es una estrategia de voto voluntario soterrado. Habida cuenta que ya con una multa mucho más elevada era muy complejo cobrar, por una serie de inconvenientes procedimentales que tienen los juzgados de policía local».
«Por consiguiente, esta multa lo que hace es que al final va a ser el castigo imposible de aplicar, en tanto los juzgados de policía local no van a poder aplicarlo en la práctica, menos con una multa de tan baja cuantía», subrayó.
Añade que, a su juicio, se trata de una «jugada política del Gobierno bastante atentatoria contra el mandato constitucional que establece que el voto es obligatorio. Porque esto podría generar un desincentivo en una parte importante de la población para ir a votar, al entender que no se le va a cobrar la multa o va ser muy baja».
«Multas proporcionales»
Para Gonzalo Valdés, analista político de la Universidad Andrés Bello, el debate en torno al voto voluntario y obligatorio ha sido «simplón» puesto que «estamos muy cerca de las elecciones» y porque «se ha cambiado muchas veces el sistema».
«Normalmente se acepta que las personas con más ingresos están más politizadas que el promedio, y por eso cuando el voto es voluntario las personas de mayores ingresos resultan ser sobrerepresentadas. Agregar una multa fija es una forma de incentivar la participación de los más pobres, ya que esa multa representa un mayor porcentaje de sus ingresos», comenta.
Valdés añade que «lo más interesante es que las personas menos politizadas, por definición, no tienen tendencia política, y por eso es un error suponer que porque alguien es pobre y no vota es de izquierda o de derecha. Las personas no politizadas cambian su apoyo a candidatos o partidos de acuerdo a cuales son sus mayores preocupaciones: si el problema es el empleo prefieren a alguien de derecha, y si son las injusticias sociales a alguien de izquierda», afirmó.
En consecuencia, subraya que «es un error creer que el voto obligatorio beneficiará para siempre a una tendencia política».
Respecto al tamaño de la multa, comenta que «es difícil» entender por qué el Gobierno y el Frente Amplio «no proponen multas proporcionales a los ingresos, como pasa en el impuesto a la renta en nuestro país, o directamente con las multas de tránsito en Finlandia».
«Después de todo, si el problema es que para un millonario 30 o 40 mil pesos representa una fracción mínima de sus ingresos, lo más fácil es que la multa sea proporcional y así todos tengan un incentivo similar a votar», cerró.
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