Hace unas semanas, la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez no tenía intención alguna de denunciar a Alberto Fernández por violencia de género: todo cambió después de que un juez se contactara con ella tras un hallazgo hecho en medio de una investigación por un caso de corrupción que involucra al ex mandatario trasandino y a su círculo más íntimo. Nadie había pensado que una causa de este tipo destaparía uno de los secretos más turbios del líder peronista y lo sumiría en un escándalo mayor que ha sepultado su carrera política.
Antes de que se supieran las acusaciones de Yáñez, la prensa argentina estaba enfocada en el llamado «escándalo de los seguros», que estalló a principios de este año tras la denuncia presentada por el Gobierno de Javier Milei contra su antecesor, Alberto Fernández, por las contrataciones fraudulentas de seguros por parte de organismos públicos durante su Gobierno, razón por la cual el dirigente peronista fue imputado por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
Con el paso de los meses, han surgido más revelaciones que han golpeado al ex gobernante trasandino, quien al final de su mandato el año pasado decía orgulloso que quería ser recordado como «un presidente que lo dejó todo y no se llevó nada», desmarcándose así de sus antecesores. Pero los hechos dicen otra cosa.
Ahora, Fernández debe enfrentar en paralelo dos procesos judiciales en su contra: uno por corrupción y otro por violencia de género, del cual no se hubiera sabido nada de no ser por el primero.
Los hechos
El escándalo estalló en febrero pasado, cuando el diario Clarín publicó un reportaje en el que se revelaba el hallazgo de inmensos gastos en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (Anses). Este organismo público pagaba 1.700 millones de pesos argentinos mensuales a Nación Seguros, una cifra ridícula que encendió las alarmas en el Gobierno de Javier Milei.
Este fue el punto de partida de una tremenda trama de corrupción que involucra a prácticamente todas las instituciones del Estado durante la administración de Alberto Fernández y a personas de su círculo íntimo.
Pero para entender esto hay que remontarse a 2021. A fines de ese año el entonces Presidente Fernández firmó un decreto que obligaba a todos los organismos públicos contratar los seguros necesarios en Nación Seguros, institución perteneciente al estatal Banco Nación, con la finalidad de «proteger los bienes del Estado». Se cambiaba de esta forma el proceso de compra: si antes era mediante licitación, ahora debía ser con una empresa específica.
La situación se vuelve más turbia si luego se considera que se colocaron productores (conocidos como brokers) para «intermediar» a cambio de comisiones millonarias por un servicio que bien podría contratarse de forma directa.
Así, se descubrió que estos intermediarios recibían comisiones de hasta un 25% del valor total. Las cifras son escandalosas: según medios locales, las operaciones dieron réditos anuales de 20.000 millones de pesos argentinos.
De acuerdo con La Nación, los brokers eran principalmente tres, todos vinculados al peronismo. Pero hay uno que destaca: Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria personal de Alberto Fernández, María Cantero, y con quien el entonces mandatario mantenía una relación personal y comercial.
Entre los «clientes» de Martínez Sosa -detalló el citado medio- figuran instituciones como Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras.
Esto llevó al Gobierno de Javier Milei a presentar una denuncia penal contra el propio Alberto Fernández y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La causa cayó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien inició la investigación.
Tras conocerse el escándalo, Fernández se desligó inmediatamente. «No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó». Luego de la imputación mantuvo su defensa: «Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado ni autorizando ningún negociado», aseguraba a Radio La Red.
Pero para desgracia de él, el juez Ercolini ordenó la inhibición general y el congelamiento de los bienes del ex mandatario, así como también de Héctor Martínez Sosa y de su esposa María Cantero y unas 30 personas naturales y jurídicas.
La secretaria y los chats
Entre las medidas tomadas también se allanaron domicilios de Martínez y se requisó el teléfono celular de Cantero. Fue así como los investigadores accedieron a una serie de chats de la secretaria, en los que habla con su marido sobre las gestiones que estaba haciendo ella a favor de él para quedarse con el negocio de las concesiones de diversas instituciones públicas, según consignó La Nación.
En las conversaciones, los involucrados mencionan a una serie de funcionarios de gobierno a los que Martínez Sosa quería convencer para que contrataran a su aseguradora.
Entre los nombrados aparecen figuras importantes como el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial peronista Sergio Massa, así como también el ex titular de Obra Pública Gabriel Katopodis, cuya cartera contrató seguros con Martínez Sosa.
Los chats también revelaron cómo María Cantero intervino ante el ex jefe de gabinete de Fernández y posteriormente canciller Santiago Cafiero para que diera de baja al broker que había elegido y favoreciera a su marido.
Otros funcionarios mencionados en las conversaciones fueron el ex vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos (al cual el matrimonio tilda de «traidor» por conseguir seguros a otro broker), el ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el ex director de Gendarmería Andrés Severino y el ex ministro de Defensa Agustín Rossi.
Fue en esas indagatorias que el juez Ercolini encontró las conversaciones entre Cantero y Fabiola Yáñez, donde ésta le comentaba haber sido víctima de violencia por parte de su entonces pareja, Alberto Fernández, en la Quinta Presidencial de Olivos. Esto llevó al magistrado a comunicarse con la ex primera dama, quien en un principio declinó presentar una denuncia judicial.
Posteriormente, Yáñez cambió de opinión y presentó la acusación. Recién el martes hizo su declaración judicial, en la que aseguró haber recibido golpes en numerosas ocasiones por parte de Fernández, a quien incluso acusó de obligarla a abortar en 2016, al inicio de su relación.
Así, Fernández sigue pendiente de dos causas: una por corrupción y otra por violencia de género.
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