Isabel Amor fue contratada en el cargo de directora del Servicio Nacional de la Mujer y equidad de género de Los Ríos y luego despedida 48 horas después. Para tan abrupta decisión, la directora nacional Priscilla Carrasco, que participó en su selección a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), arguyó pérdida de confianza.
La decisión fue un golpe al proyecto de vida familiar de Isabel: su esposa, embarazada de tres meses, se había trasladado con ella a Valdivia. Isabel Amor pretendía continuar allá con su familia su trayectoria profesional en entidades de defensa de derechos humanos. Renunció para ello a la dirección del INDH en Ñuble, cargo que había ocupado también seleccionada por la ADP. Antes había trabajado como jefa de estudios y luego directora ejecutiva de la Fundación Iguales, entidad que defiende los derechos de las minorías sexuales.
Esa era su vocación y como profesional destacada que era, quería desarrollar su talento en beneficio de esa causa. No resulta verosímil que en 48 horas su jefa le haya perdido la confianza, pese a que habló de la existencia de varias situaciones que la habían llevado a esa conclusión. Todas ellas, al final, estaban relacionadas con el hecho que su padre, el médico militar Manuel Amor, había sido condenado como encubridor de torturas realizadas en 1974 a Luis Corvalán Castillo, hijo del secretario general del PC, en el Estadio Nacional. Dichas torturas le habrían causado la muerte el año 1975.
Lo que la directora del servicio y su superiora, la ministra de la Mujer Antonia Orellana, estaban indicando a Isabel, es que su carrera en ese tipo de instituciones no era posible en este gobierno por las actuaciones de su padre, lo que contradice un principio fundamental del derecho. Quizás por eso las autoridades, arguyeron que Isabel Amor había relativizado la culpa de su padre. Isabel replica que ella no la relativizó, pues estaba de acuerdo con la sentencia y así lo declaró en la entrevista publicada en El Mercurio luego de su despido. Pero sus inquisidoras aseguran que en el borrador de la entrevista que ella había mostrado a quien sería su superiora antes de la publicación -prueba de su buena fe- sí lo había hecho respecto a otra pregunta sobre actuaciones de su padre en casos de tortura. ¿Querían una confesión al estilo estalinista acusando a su padre de haber perpetrado torturas, pese a que ella no creía en eso y no había condena alguna por ese delito? Así parece.
Las máximas autoridades del país en defensa de la dignidad y los derechos de la mujer agravian así a una mujer, frustrando su proyecto de luchar por esa causa, pese al testimonio que ella había dado con su trayectoria profesional. Traicionan así su misión, además de hacer un serio daño al sistema de Alta Dirección Pública, con casi veinte años de funcionamiento después de la crisis del MOP-Gate en 2003, pues su creación obedeció a la necesidad de profesionalizar el servicio público. ¿Para qué seguir ese proceso si a las 48 horas se despedirá al profesional elegido?
Isabel Amor, con su bendita inocencia, pensó que dedicar su vida a la defensa de los derechos de las personas en el gobierno de Gabriel Boric no sería incompatible con un sentimiento tan ancestral como el de amar a su padre.
Se equivocó y a la cancelación que ha sufrido Isabel Amor de parte de Orellana y Carrasco se suman otras siete mujeres despedidas por razones políticas durante la gestión de Antonia Orellana, según ha relevado recién en El Líbero otra afectada. Esta pretensión de superioridad moral, que lleva a las autoridades a usar el poder para exigir sumisión a quienes trabajan en la administración pública, está en las antípodas de una autoridad que debe tutelar derechos y buscar la equidad.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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