Paulina Vodanovic una vez más disparó al Frente Amplio (y después, como es habitual, matizó) en el tema que es la prioridad de la ciudadanía: la seguridad. Porque es allí también donde el Socialismo Democrático pone la cara por La Moneda en el ministerio del Interior, con la PPD Carolina Tohá y los subsecretarios Monsalve (PS) y Vergara (PPD). Y se avecinan elecciones en octubre…
En terreno fértil cayó la crítica de la presidenta del Partido Socialista al Mandatario, en cuanto a que debe tomar el liderazgo y dirigir “la política contra la acción criminal”, advirtiendo que “de reuniones estamos todos cansados”.
El fin de semana pasado fueron asesinadas ocho personas en la Región Metropolitana y la principal preocupación frente al próximo feriado largo es cuántas personas más van a morir baleadas y no las actividades propias de las fiestas patrias del 18 de septiembre. Esta semana la Fiscalía Nacional dio a conocer las estadísticas de homicidios del año pasado y por primera vez, otra cosa inaudita, desglosó el porcentaje que se puede atribuir al crimen organizado. Casi el 20%, y de ellos el 30% corresponde a víctimas extranjeras, mientras la población penal migrante alcanza el 15% como promedio, pero supera el 50% en las cárceles de Tarapacá.
Mientras aterrizamos a la nueva realidad depreciada, Gabriel Boric reaccionó a la crítica de la presidenta del PS mandatando a todos sus ministros a defender la “dirección firme y convicción” de su gobierno frente a la delincuencia y lo mucho que se está haciendo con los planes “enjambre” y la coordinación que tienen sus secretarios de Estado con la policía y Aduanas. Pero la aguja no se mueve. Esa es la realidad. De hecho, la comuna donde más homicidios se cometieron el año pasado, Quilpué, estuvo en el plan Comuna sin Violencia. Y en La Pintana, que está en la misma categoría de mayor protección, se cometieron cuatro homicidios el último fin de semana. Uno de ellos, de un adolescente encontrado en un tambor.
¿Pero ejerce algún liderazgo Boric? En materia de seguridad, no parece ser así. Basta ver que no convence ni a su núcleo duro cuando se observa qué ocurre con la agenda legislativa de Seguridad II. De 32 proyectos priorizados en mayo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que en su Cuenta Pública dijo pondría discusión inmediata, sólo uno está aprobado. Y siguen dando tumbo iniciativas como las RUF (Reglas para el Uso de la Fuerza), un mínimo minimorum en el contexto octubrista para que la policía y las FF.AA. puedan cumplir con el deber con que son mandatadas a actuar; o la ley antiterrorista, o la de Inteligencia, que ingresó en noviembre de 2018. Y ¿por qué no salen adelante? Porque son sus aliados del Frente Amplio y del PC los que se niegan y se restan de avances legislativos, como ocurrió con la ley Naín Retamal, aprobada el año pasado para que Carabineros se atreva a actuar en legítima defensa.
Tampoco hemos visto al Presidente convenciendo a su coalición para sacar adelante el Ministerio de Seguridad (ingresó hace tres años y está en comisión mixta y con discusión inmediata). Aunque, seamos claros, el nuevo Ministerio tampoco va a terminar con el crimen organizado que se toma progresivamente las poblaciones y el territorio.
Sí podría ayudar el crear un nuevo músculo poderoso de inteligencia que pudiera aportar información a las policías para desbaratar las bandas criminales, pero Boric no parece jugar ningún papel en persuadir a los suyos que el alud delincuencial exige que superen los traumas del pasado con la DINA y la CNI y acepten que sin inteligencia (sobre las bandas, el dinero, en las cárceles) vamos a paso de polka a mexicanizarnos.
Sólo él, que antes denigró a Carabineros y a los militares, puede dar el paso de devolverle herramientas al Gobierno, que no le gustan a la izquierda, para defender el Estado de Derecho y resguardar la seguridad de los ciudadanos. Sólo él, que consideró antes que Temucuicui era “territorio liberado”, está en posición de retrotraer esas comunidades, que viven en terrenos que les donó el fisco, al imperio del derecho. A él la izquierda no lo va a demandar en tribunales nacionales e internacionales por reintegrar a Chile esos territorios donde habitan comuneros que continúan protagonizando crueles actos de violencia y asesinatos en la macrozona sur, robando y traficando droga, y se niegan a ser censados, pero reciben gustosos generosos subsidios del Estado.
El Mandatario, en su gira esta semana a La Araucanía, reconoció lo que ha denunciado la Fiscalía Nacional: que “con la excusa de la causa mapuche”, bandas que han cometido actos delictuales, como la emboscada a la ex ministra del Interior, Izkia Siches, están relacionadas con delitos comunes, como el millonario y reciente robo de Brinks. Utilizan el mismo armamento, como se comprobó también en el allanamiento policial en Villa Francia en una investigación relacionada con atentados con artefactos explosivos.
Pero ese reconocimiento del Presidente está lejos de dirigir las fuerzas “para terminar con el terrorismo” y afirmar que “va a derrotarlo”, como esperaba inútilmente el diputado Andrés Jouannet de su visita, para poner fin al miedo que impregna todos los poros de los habitantes de La Araucanía.
Ponerse ese desafío sería liderar, como sería también que Boric afirmara que hará realidad su promesa de campaña de terminar con la migración clandestina, llegando a acuerdos regionales. Ningún acuerdo se ha visto. Al contrario, el Gobierno incluso ha renunciado a reconducir a la migrantes ilegales a todos los países limítrofes que se oponen por no tratarse de un connacional, pero al que ha permitido ingresar a territorio chileno. Esta abdicación a exigir el respeto de las fronteras sólo ocurría con Bolivia y ahora, frente a la amenaza de un nuevo flujo migratorio masivo desde la dictadura de Venezuela, el Gobierno extiende el instructivo a Argentina y Perú. Y es una excusa que argumente que, en vez de insistir o negociar la reconducción, iniciarán el proceso de expulsión de inmediato, porque todos sabemos que entran por decenas de miles por pasos clandestinos y las expulsiones administrativas se cuentan por unidades.
Pero el Presidente no colige de este diagnóstico la necesidad de no seguir haciendo lo mismo porque no da ningún resultado. Al contrario, el crimen organizado, de la mano de migrantes delincuentes, continúa extendiéndose como plaga. Y tampoco parece percibir que él tiene en sus manos una posibilidad única, puesto que la izquierda jamás tolerará a un gobernante de derecha restablecer el orden. Su fórmula de más carabineros, más programas, más reuniones de coordinación y más leyes está fracasada. Le falta lo esencial: la convicción para poner definitivamente orden con la migración ilegal, el crimen organizado y el terrorismo. Si sigue titubeando entre lo que requiere el país y lo que no tolera su coalición, como lo ha hecho hasta ahora, estamos condenados a continuar transitando a un Estado fallido.
Por Pilar Molina, periodista, para El Líbero
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