Un informe de la PDI del 25 de junio registró una eventual anomalía contable que involucraba a Irina Karamanos y a la fundación ProCultura, donde ella trabajó antes de que el Presidente Boric llegara a La Moneda. Se trataba de cinco aparentes abonos (por $ 4.467.500 en total) de Karamanos a la fundación, investigada por fraude al fisco y tráfico de influencia. El Mostrador publicó que por esta razón el fiscal Palma resolvió citarla a declarar como imputada. El fiscal Valencia lo sacó el 26 de junio de la causa, luego de que fuera mencionado en el Caso Audios.

Qué observar. A las 5:26 pm del 26 de junio de este año, el comisario de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) Edson Figueroa envió un correo a la dirección casoprocultura@minpublico.cl informando lo que consideró eran posibles anomalías en las cuentas de una de las fundaciones investigadas en el marco del Caso Convenios.

  • Mencionó, como ejemplo, que la revisión de la IP 148-2024 arrojó que la cartola de una de las cuentas corrientes de la fundación cofundada por el siquiatra Alberto Larraín (ex DC) registraba un aparente abono de una periodista de ProCultura por $2.384.843, bajo la categoría sueldo de diciembre.
  • En el correo sostuvo que había una “inconsistencia eventual de esta operación, por cuanto de tratarse de un pago por sueldo debiese estar registrado como cargo más no como abono, planteando la hipótesis, que se debe confirmar o descartar respecto de una eventual devolución de dineros por parte de prestadores de servicios de la fundación investigada”.
  • Dijo, a continuación, que “se detectaron abonos a la contribuyente con el nombre Irina Karamanos, cuyo detalle más adelante se indica, con la descripción signada en parte bajo el nombre de ‘Recreo nos gusta el arte’”.
  • El nombre correspondía a un programa dependiente del Ministerio de Cultura iniciado en 2018, detalló un link de la cartera.
  • Entonces enumeró cinco supuestas operaciones de abono de Karamanos, efectuadas entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de enero de 2022, antes de que el Presidente Gabriel Boric asumiera y la entonces pareja del mandatario fuera nombrada coordinadora sociocultural de la Presidencia.
  • Estas sumaban $4.467.500. El anexo detalló además un “préstamo personal” por un millón de pesos transferido el 26 de noviembre de 2021.
  • El Mostrador publicó el miércoles que el entonces fiscal a cargo de ProCultura, Carlos Palma, había resuelto citarla a declarar como imputada. El director de la PDI Eduardo Cerna dijo este jueves que ellos no hicieron esa recomendación.

Larraín y Boric. El 26 de junio la fiscalía nacional anunció que Palma, hoy suspendido, había sido removido de la causa, luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia abriera una investigación en su contra en una de las aristas del Caso Audios. El caso ProCultura fue entregado al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

  • A través de una declaración publicada en sus redes sociales, Karamanos negó este jueves haber hecho depósitos a la fundación y desvíos a campañas políticas.
  • “Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la fundación ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales”, dijo. “Asimismo, desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política”.
  • El Presidente Boric salió este jueves a defender a Karamanos. “Confío plenamente en Irina Karamanos”, señaló. “En el comunicado que hace Irina manifiesta su disposición a colaborar con la investigación”.
  • El siquiatra Alberto Larraín mencionó en una entrevista de julio de 2023 el rol de Karamanos en la fundación, asegurando que fue contratada por sus “conocimientos en investigación social y temáticas culturales”.
  • Larraín y el Presidente Boric se conocían desde 2018, cuando este último hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), según el fundador ProCultura. “Se armó una bancada transversal en el Congreso y me pidió realizar la coordinación técnica”, señaló.

La investigación a ProCultura. ProCultura fue una de las primeras fundaciones indagadas en el Caso Convenios, luego de que se destapara que el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta —encabezado por el ex RD Ricardo Díaz—, le asignó $629 millones en 2022 para reparar las fachadas del casco histórico de la ciudad, pese a que su giro ante Impuestos Internos era la promoción de actividades culturales, la edición de libros y otros tipos de enseñanza.

  • En diciembre de 2023, el fiscal Valencia reagrupó las causas abiertas a nivel nacional y encargó al fiscal Palma, de Aysén, la indagación de esta fundación.
  • En este marco es que se abrieron las cuentas bancarias de la fundación creada en 2010, la del siquiatra Alberto Larraín y la de la actriz Constanza Gómez.
  • La fiscalía de Aysén detectó irregularidades en los convenios suscritos por la fundación en las regiones de Atacama, Valparaíso, Biobío, Ñuble, Magallanes y Metropolitana, consignó un oficio de seis páginas enviado en mayo por la fiscalía al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
  • Este último correspondía a la asignación directa de $1.683.788.000 para el programa de prevención de suicidios Quédate del Gore encabezado por Claudio Orrego (ex DC), pese a que Alberto Larraín era director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo de ese Gore.
  • El siquiatra renunció a su cargo de director el 6 de julio de 2022, luego de que se destapara el caso de Antofagasta.
  • ProCultura, mientras, anunció en noviembre de 2023 el término de sus operaciones.

El salto en los ingresos de ProCultura. El oficio de mayo de la fiscalía de Aysén enviado al tribunal advirtió que la fundación creada en 2010 aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.

  • “El gráfico da cuenta de la variación de los ingresos de fondos públicos a la Fundación ProCultura, evidenciándose un incremento significativo a partir del año 2022, época en que tienen lugar gran parte de los convenios objeto de esta investigación”, dijo el documento.

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