Mientras la oposición se cuadra en una arremetida contra La Moneda tras verse salpicada por el caso Hermosilla y el de la Universidad San Sebastián, sacando nuevamente a la luz el caso Convenios, el oficialismo se divide, luego de la publicación de El Mostrador sobre el peritaje de la PDI que detectó cinco abonos realizados por la exprimera dama Irina Karamanos a una cuenta de la cuestionada fundación ProCultura.

Desde el Frente Amplio salieron a blindar a Karamanos, con el diputado Gonzalo Winter (FA) poniendo las manos al fuego por la exprimera dama, mientras que tanto el Presidente Gabriel Boric (FA) como la ministra Camila Vallejo (PC) pidieron “que se investigue todo lo que haya que investigar”. No obstante, desde el Partido Socialista fueron más categóricos exigiendo que la situación debe ser aclarada. El senador Fidel Espinoza (PS), de hecho, no descartó presentar acciones legales.

Los primeros en manifestarse fueron los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. Esta última declaró que “la arista ProCultura debe investigarse a fondo, caiga quien caiga, venga de donde venga”.

Cabe mencionar que este medio publicó en julio de este año sobre una serie de circunstancias que se combinaron para que la investigación del caso Convenios o Fundaciones, en su arista ProCultura, paralizara abruptamente el ritmo de sus diligencias, que venían registrándose a lo largo del país, con allanamientos e incautaciones en instituciones públicas. El hecho decisivo para que cambiara el curso de las indagaciones fue la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de remover de la dirección de esta investigación al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, hoy suspendido del Ministerio Público de manera indefinida.

“El fiscal Palma no fue suspendido por investigar políticos poderosos, fue por entregar información secreta en una causa de narcotráfico a Hermosilla”, remarcó la diputada Cicardini. En esa misma línea, en una declaración conjunta, se manifestó el diputado Manouchehri. “La imputación a Irina Karamanos en arista ProCultura se debe aclarar”, añadió.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) también apuntó a un “caiga quien caiga”. No obstante, enfatizando que las transferencias de Karamanos se hicieron entre 2021 y 2022, precisó que “fue en pleno gobierno del Presidente Piñera” por lo que “creo que no corresponde una acusación que hoy intenta levantar la derecha contra el Presidente”. De todas formas, al ser consultado por la prensa, el diputado Ilabaca sostuvo “la investigación debe determinar qué sucedió allí. Y será la señorita Karamanos quien determine y entregue los antecedentes dentro de este proceso investigativo”.

El más duro fue el senador Espinoza (PS), quien no descartó sumarse a una acción judicial. “La corrupción se combate, sea de izquierda, de derecha o de centro. Si aquí hubo financiamiento ilegal o malversación de recursos en el caso Convenios, en este caso involucra a tan cercanos a La Moneda en su momento, sería muy lamentable, pero tiene que tener la mano de la justicia igualitaria”, sentenció según consignó el medio Radiosago.

Consultado por acciones legales, aunque precisó que “no todo es querella, el senador Espinoza dijo que “no descartamos hacer lo que hemos hecho en casos anteriores, sumarnos a investigaciones y pedir transparencia”.

Frente Amplio blinda a Kamaramos

Tras la defensa de la propia Irina Karamanos, quien expresó intención de colaborar con la investigación pero negó categóricamente los hechos en una publicación en la red social X realizada cerca de las dos de la mañana, parlamentarios del Frente Amplio le entregaron su apoyo. Gonzalo Winter fue el más firme, asegurando que las explicaciones de la exprimera dama “son muy contundentes” y afirmó que le “cree”. Además, señaló que “pongo las manos al fuego”, en que no ha incurrido contra la probidad.

“Cuando digo que pongo las manos al fuego, yo no conozco el caso. Yo no tengo idea de la relación que tiene Irina Karamanos. Lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido a la probidad. Eso no me calza con el personaje”. indicó Winter según consignó La Tercera.

La diputada Maite Orsini dijo que “rigurosidad y responsabilidad: Algunos tratan de jugar al empate, cuando no hay nada que empatar. Todo mi respaldo a Irina”. En tanto, el diputado Jorge Brito remarcó que “apoyamos todas las investigaciones” e hizo un llamado a la oposición a “no hacer empates, el único político desaforado fue electo por el Partido Republicano (en relación al diputado Mauricio Ojeda involucrado en la arista Manicure del caso Convenios) si quieren hacer un empate, empatemos abriendo las cuentas bancarias”.

Quien marcó cierta diferencia fue la diputada Catalina Pérez. “Como cualquier antecedente en esta materia, todo debe investigarse y estar en manos de la justicia (…) independientemente del sector del que venga, cualquier materia cuestionable por la ciudadanía o por el Poder Judicial debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, dijo la parlamentaria frenteamplista, quien también enfrentó cuestionamientos por el mismo caso debido a sus vínculos con su expareja, el líder de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.

“Cualquier hecho que sea pertinente ser investigado judicialmente, debe serlo. Y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas, independientemente de su posición política o de, digamos, venga de donde venga”, enfatizó la diputada Pérez a La Tercera.

Gobierno: investigar “hasta las últimas consecuencias”

La portavoz de La Moneda abordó el tema en un punto de prensa. “Es de nuestro interés como Gobierno, y lo hemos señalado en otras oportunidades, que todos los casos que tengan que investigarse, se estén investigando. Y entendemos que en este caso, asociado a ProCultura o al Caso Fundaciones, hay investigaciones en curso que están siendo exhaustivas, porque tienen fiscales a cargo, equipos de abogados, y eso es lo importante”, señaló la ministra Vallejo.

La secretaria de Estado reiteró que “todas estas cosas que ameriten investigación, tienen que ser investigadas hasta las últimas consecuencias”
“Hasta el momento lo que conocemos es un chat, pero si el Ministerio Público considera que tiene que investigarse en profundidad eso, tiene que hacerse, y punto. No hay dobles lecturas”, aseveró.

Vallejo resaltó que “ya hemos visto algunos avances en justicia, tenemos un parlamentario que fue desaforado por el Caso Convenios (Ojeda). O sea, hay acciones que se están desarrollando y están teniendo muchísimos resultados, y, por lo tanto, nosotros consideramos que esto es positivo”.

Fiscalía abre investigación de oficio

Tras las revelaciones de El Mostrador en la que se indican los abonos que habría realizado la socióloga y exprimera dama, Irina Karamanos, a la Fundación ProCultura, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció que abrirá una investigación de oficio respecto a las filtraciones.

El anuncio, que fue entregado en un comunicado oficial, informó que la causa es liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, “con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.

La fiscalía argumentó que, en conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N* 19.913 sobre lavado de activos, toda filtración o “difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” debe ser sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, esto “con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independiente de su condición”.

“La Fiscalía Regional de Coquimbo hace presente que los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”, dice el comunicado.

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