La primera jornada de escuchas a invitados en la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, se está llevando a cabo con una extensa lista que va desde el testimonio del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la expresidenta Michelle Bachelet, hasta parlamentarios y expertos en seguridad.
Se estima que la instancia sesionará hasta las 19.00 horas y podría concluir sus labores esta misma tarda si la votación es favorable. Pese a que los diputados republicanos, quienes impulsaron el libelo acusatorio, no pueden ser miembros la comisión, los parlamentarios integrantes acordaron que pueden participar de las sesiones.
Por lo mismo, el jefe de la bancada republicana, Luis Sánchez, presentó sus argumentos ante los legisladores: “La ministra del Interior lleva 25 meses en el cargo y bajo su mandato más de 2.200 personas han sido asesinadas”.
“En los últimos 24 meses la violencia homicida ha aumentado sin precedentes, estamos hablando de descuartizamientos, cuerpos quemados, cabezas humanas, cadáveres enterrados balaceras, acuchillamientos, secuestros extorsiones y amenazas, entre otros comportamientos salvajes, completamente ajenos a la realidad a la que estábamos acostumbrados en Chile”, complementó.
En esa línea, recalcó que el país “enfrenta la peor crisis de seguridad pública en su historia” y apuntó a que la forma de los crímenes. “Vendettas de bandas criminales normalmente asociadas al narco que se han establecido en el país ejerciendo un control territorial que antes no existía y que aterroriza a los chilenos”, indicó.
Sánchez afirmó que “existe una clara relación de causalidad entre las omisiones y decisiones del gobierno y el agravamiento de la crisis. Bajo el mandato de la ministra Tohá se ha intensificado el crimen, el narcotráfico y el flujo migratorio ilegal, la incapacidad de implementar un plan efectivo configura una infracción grave a los deberes del cargo, al no haber ejercido adecuadamente las facultades que la constitución y la ley le otorgan se ha generado un vacío de poder que ha permitido el avance del crimen y la inseguridad en las calles de todo nuestro país”.
Y zanjó que “la acusación constitucional no es un acto meramente político sino un proceso jurídico necesario para hacer rendir cuenta a autoridades que por acción u omisión han contribuido a la crisis”.
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