El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció al régimen de Nicolás Maduro por secuestrar y torturar a menores de edad, especialmente en las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, en las que se autoproclamó presidente electo.
En un comunicado, el funcionario cargó contra “las atrocidades cometidas por el régimen de Venezuela”, al que acusó de haber rebajado “sus límites de humanidad y decencia a los peores niveles de barbarie”, derivando así en “crímenes de lesa humanidad” contra los más jóvenes. Asimismo, Almagro mencionó la existencia de “audios y reportes procedentes de los centros de tortura” en el país, que son “escalofriantes” y exponen cómo los menores de edad “son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación e, incluso, abusos sexuales”.
“Su dolor y sus gritos son un motivo ineludible para que todos los demócratas exijamos sin ambages el fin de la barbarie en Venezuela”, sentenció.
Así, el Secretario General pidió la inmediata liberación de todos los menores, así como “que se ponga fin a todo tipo de torturas y que los y las responsables materiales e intelectuales de estos infames crímenes sean llevados ante la Justicia”. La OEA condena “en los más fuertes términos las atrocidades cometidas (…) Estos crímenes de lesa humanidad (…) constituyen una nueva dimensión jurídica de responsabilidad criminal internacional de las autoridades del régimen”, sumó, a la par que instó a la comunidad internacional a trabajar en conjunto por esta causa.
“Debemos velar para que no queden sin castigo y, a tal fin, seguiremos adoptando las medidas en el plano internacional para asegurar que, efectivamente, sean sometidos a la acción de la Justicia”, cerró.
El último balance de la ONG Foro Penal, que data de este miércoles, expuso que en Venezuela hay 1.916 detenidos por “motivos políticos”, es decir, 11 más que los informados en el recuento anterior. De ellos, 1.846 son adultos, mientras 70 son adolescentes de entre 14 y 17 años.
Estos se encuentran detenidos por “acusaciones irracionales e infundadas como terrorismo y traición a la patria” y son juzgados en procesos poco transparentes y carentes de garantías y acceso a una defensa privada.
“Queremos la libertad de nuestros hijos porque no son terroristas”, dijo la madre de uno de los secuestrados, semanas atrás.
Al igual que lo hizo la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también manifestó su repudio a la situación post electoral en Venezuela. En un escrito, la CIDH advirtió que los menores son privados de su presunción de inocencia, tienen vulneradas sus garantías judiciales y se les prohíbe el contacto con sus familias.
“La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes (…), reitera que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afecta puede ser ejercido de manera colectiva (…) y recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”, sumó el texto.
“Existe un deber del Estado de especial protección para asegurar espacios seguros para su participación efectiva (…), lo que implica el derecho de ser escuchados como grupo y participar de la vida pública”, insistió el organismo.
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