En medio de los alegatos de la audiencia de cautela de garantías por la denuncia de abuso sexual y violación en contra de Manuel Monsalve, el persecutor Xavier Armendáriz de la Fiscalía Centro Norte reveló que están indagando que el exsubsecretario ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) visitar a la víctima antes de que presentara la denuncia.
En esa línea, Armendáriz explicó que “el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas” por parte del imputado.
“¿Qué es lo que se ha hecho? Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si hace esto, no sabemos si se va a repetir. Y es una investigación que está en curso, que está recién empezando”, reclamó.
Este nuevo antecedente despertó múltiples críticas entre el mundo político, que principalmente acusan a Monsalve de “abuso de poder” y apuntan a las responsabilidades en la Policía de Investigaciones (PDI) por presuntamente no seguir los protocolos ante la solicitud de la exautoridad.
Ante esto, la jefa de bancada PPD-Independientes, Camila Musante, manifestó: “¿Qué pasa con la Policía de Investigaciones que toma en contacto con la víctima antes de que ni siquiera exista una denuncia por parte de la misma? La PDI no sólo obedece a su superior jerárquico, sino que primeramente a lo que establece la Constitución y las leyes. Esto claramente puede haber sido constitutivo de presiones indebidas”.
“Esto claramente pudo haber sido constitutivo de presiones indebidas. Estamos viendo un caso de abuso de poder y una falta de apego a la Constitución, las leyes y a los procedimientos por parte de la PDI”, agregó.
Desde la UDI, el jefe de bancada Christian Moreira sostuvo que “habría que determinar, además, si todas estas actuaciones del señor Monsalve, en beneficio propio y muchas de ellas en calidad de ministro del Interior subrogante, fueron conocidas o no por otras autoridades de gobierno, lo que agravaría el asunto”.
Por su parte, su par de Evópoli, Jorge Guzmán, remarcó que con esto se puede concluir que “intentó disuadir a la víctima para que no denunciara o incluso interferir en una investigación penal fuera del ámbito de sus atribuciones”. Y precisó que se deben sancionar y tener claridad de “quiénes más fueron cómplices del actuar del exsubsecretario”.
Mismas críticas que recalcó la diputada Camila Flores (RN), quien emplazó al director de la PDI, Eduardo Cerna, a realizar las gestiones para que “los funcionarios involucrados respondan y probablemente él también, como jefe superior de un servicio”.
“Acá se trató de persuadir, de presionar, quizás hasta de intimidar a una víctima. ¿Por qué no podríamos creer eso? ¿Qué tenía que hacer la Policía de Investigaciones acercándose a la casa de la víctima que denuncia? Me parece realmente grave lo que hemos conocido”, indicó.
Asimismo, el parlamentario Stephan Schubert (Rep-Ind) dijo que “esto es inaceptable y aquí se requieren explicaciones, no solo de la Policía de Investigaciones, sino que también del Ministerio del Interior y del propio Presidente de la República”.
A su vez, la diputada Ana María Gazmuri (AH) solicitó la importancia de iniciar “un sumario administrativo para esclarecer si hubo colaboración de funcionarios públicos en los últimos hechos denunciados”.
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