La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal podría ser apelada por Fernández, dos veces presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta de 2019 a 2023, en un caso conocido como Vialidad. En ese sentido, la defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible.
Una multitud de militantes rodeó el tribunal para protestar contra un fallo que la exmandataria consideró que tiene intencionalidad política. “El verdadero objetivo es proscribirme de por vida”, señaló en la red social X.
Aún con la condena confirmada por la Cámara de Casación, consigna la agencia Reuters, la expresidenta no irá presa, ya que la sentencia queda firme y se ejecuta solo cuando estén agotadas todas las instancias judiciales de revisión. Así lo dispone el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente en vigencia. Esto implica que la pena se aplicará recién cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la expresidenta, lo que puede demorar años.
El presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que fue quien leyó la sentencia, informó además que se aplicará un decomiso de $ 84.835.227.378, que se ejecutará una vez que el fallo esté firme, previa actualización del monto.
En una breve audiencia, los jueces Mariano Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia del caso, con la que avalaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó el 6 de diciembre de 2022.
Por unanimidad, los camaristas confirmaron las condenas de Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El caso Vialidad trata de las 51 licitaciones otorgadas sistemáticamente al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, donde los tribunales concluyeron que el Estado se puso en beneficio de un grupo económico con fuertes lazos comerciales con la entonces presidenta de la Nación.
Los responsables de las diversas áreas “omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas, como así también supervisar mínimamente la marcha de la construcción de las obras”. Además, se habló de un “trato preferencial a las sociedades del grupo proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de adelantos financieros permanentes y de pagos anticipados de certificados de obra”.
A juicio de los integrantes de la Cuarta Sala, la operatividad posibilitó que el grupo empresarial de Báez tuviera un “crecimiento económico exponencial, directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
Austral Construcciones tuvo como único ingreso económico los fondos del Estado nacional.
/psg
