Aunque todavía no cumple su primer año en el poder, el gobierno del Presidente Gabriel Boric parece agotado y sobrepasado por las crisis y problemas que enfrenta el país. Aunque los gobiernos siempre enfrentan dificultades y deben modificar sus agendas producto de la contingencia, la administración actual parece atrapada en una estrategia reactiva a los problemas y no ha sido capaz de poner los temas de su agenda en el debate público.
El mes de febrero siempre ha sido un mes más lento en la arena política. Como el Congreso está en receso, el gobierno no puede copar la agenda noticiosa con sus proyectos de ley y reformas prioritarias. Pero precisamente porque los legisladores de oposición y oficialismo se han ido de vacaciones, los gobiernos aprovechan el mes de febrero para destacar sus logros y poner en marcha iniciativas del Ejecutivo que no necesitan aprobación del Congreso. Como la oposición baja la guardia en febrero, los gobiernos tienen una inmejorable oportunidad para influir en la agenda noticiosa con temas que son ganadores para el oficialismo.
Este año, febrero ha sido un mes difícil para el gobierno. La magnitud de los incendios forestales y las polémicas asociadas a la respuesta gubernamental a esa emergencia han tenido al gobierno en la defensiva. Desde una supuesta falta de preparación para un fenómeno que se da todos los años hasta la polémica sobre si corresponde a los ministros tomarse vacaciones mientras el sur del país arde en llamas, la agenda pública se ha centrado en las fallas e insuficiencias de la respuesta gubernamental frente a la emergencia.
Si bien el Presidente ha podido comunicar su sincera preocupación por el sufrimiento de muchas personas, su liderazgo ha sembrado dudas sobre su capacidad para liderar equipos que puedan responder adecuadamente a la magnitud de la amenaza. Por eso, sumando y restando, el mandatario ha salido para atrás en estas semanas.
La mala noticia es que, cuando se comience a terminar el verano y se reduzca la amenaza de los incendios, se vienen enormes desafíos para el gobierno. El nuevo proceso constituyente, que empezará en marzo, con las deliberaciones de la comisión de expertos, confirmará que el país está en un estado de ánimo muy distinto al ímpetu refundacional que reinaba cuando Boric llegó a la presidencia. Aunque la gente sigue expresando apoyo a una nueva Constitución, hay poco interés en seguir de cerca el proceso. El grupo de expertos, con mayoría de derechistas y moderados, probablemente terminará redactando un texto bastante parecido al actual, con más derechos sociales y el reconocimiento, razonable, de los pueblos originarios.
La campaña para la elección del consejo constitucional, cuya votación se realizará el 7 de mayo, tendrá un complejo desafío. La gente no parece demasiado interesada en ponerle atención a lo que tienen que decir los candidatos. El gobierno deberá intentar promover una mayor participación y contribuir a generar entusiasmo por el proceso. Pero no está claro cómo se puede hacer eso.
Aunque la votación el 7 de mayo será obligatoria, nadie sabe a ciencia cierta si las personas irán a votar masivamente como lo hicieron el 4 de septiembre de 2022. Después de todo, es improbable que, si hay mucha abstención, los jueces de policía local se animen a multar a todos aquellos abstencionistas.
El resultado de la votación el 7 de mayo será una nueva prueba para el gobierno. Si la lista oficialista es derrotada por la lista de la derecha tradicional, el gobierno recibirá una nueva bofetada del electorado. Si los chilenos no le dan apoyo en las urnas al gobierno, la capacidad de la administración para seguir impulsando sus principales reformas se verá negativamente afectada.
Aunque la reforma tributaria probablemente salga de la Cámara antes de mitad de año, la mayoría derechista y moderada en el Senado reducirá todavía más el tamaño de esa reforma. Ya nadie se acuerda de que Boric alguna vez habló de ocho puntos del PIB. Ahora la reforma probablemente estará más cerca de los dos puntos del PIB, un tamaño, por cierto, bastante más razonable que lo que se anunció inicialmente.
La reforma de pensiones tendrá un camino más difícil. Si bien las personas quieren mejores pensiones y un mayor subsidio estatal, los chilenos también preferir las cuentas individuales y no cuentas nocionales. La gente quiere mejores pensiones, pero también quiere que su plata siga siendo suya. El gobierno deberá negociar cuidadosamente con la oposición un acuerdo que evite que, una vez más, se descarrile la reforma de pensiones.
La complejidad de los desafíos que se le vienen al gobierno hace especialmente preocupante esta sensación de que la administración de Boric está cansada, agotada y a la defensiva. Porque los gobiernos deben tener la energía para liderar cambios y avanzar sus agendas, da la impresión de que el Presidente necesita con urgencia sumar nuevos rostros a un equipo que necesita recuperar el control de la agenda para poder enfrentar exitosamente los desafíos que se vienen en 2023.
Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP, para El Líbero
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