El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional (Core) Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego (ex DC) de nombrar a tres nuevos directores de la Corporación Regional de Santiago, que él presidía.
- Se trataba de la hoy ministra de Interior, Carolina Tohá; de la exministra de la mujer del gobierno pasado, Mónica Zalaquett y del siquiatra Alberto Larraín, que en 2010 había cofundado la fundación ProCultura, de la que era director ejecutivo.
- El 29 de junio de 2022, el Core encabezado por Orrego aprobó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para evitar suicidios Quédate, en que la fundación debería coordinar el trabajo de otras fundaciones.
- Esta determinación derivó en que el hoy suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien dirigió durante seis meses el Caso ProCultura, incluyera a Orrego en un listado de 11 sujetos de interés de la arista de Santiago.
- Su inclusión como sujeto de interés, paso anterior a la calidad de imputado, era por tráfico de influencias.
- ProCultura fue una de las primeras fundaciones indagadas en lo que se conocería como el Caso Convenios, luego de que se destapara que el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta —encabezado por el ex RD Ricardo Díaz—, le asignó $629 millones en 2022 para reparar las fachadas del casco histórico de la ciudad, pese a que su giro ante Impuestos Internos era la promoción de actividades culturales, la edición de libros y otros tipos de enseñanza.
Defensa de Orrego. Recientemente, Claudio Orrego señaló en CNN, con respecto a ProCultura, que “en este caso nosotros somos querellantes y el Gobierno Regional es víctima de un delito. Nos querellamos oportunamente y pusimos término a los convenios cuando correspondió”.
- Agregó que “cuando se produjo el incumplimiento, a mí como gobernador me correspondió poner término, cobrar las pólizas de seguro y querellarme, que es lo que hicimos”.
- “Nuestros abogados, desde el día uno han entregado toda la información, hemos solicitado diligencia y vamos a perseguir esto hasta el final”, indicó.
Ampliación de querella. El pasado miércoles 13 de noviembre, el juez Ponciano Salles, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, admitió a tramitación de una querella interpuesta por la abogada Nubia Vivanco Illanes -quien defendió al carabinero Sebastián Zamora y fue candidata a diputada en 2021 por la lista del Partido Social Cristiano- contra el actual gobernador de la Región Metropolitana y candidato a la reelección, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.
- La ampliación de la querella es por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias “y por los demás ilícitos que puedan develarse en el curso de la investigación”.
- La acción judicial se refiere a “hechos relevantes que se desprenden en relación a las maniobras desplegadas en relación al vínculo contractual del GORE Metropolitano con la Aseguradora Porvenir (ASPOR) quien ha demandado la nulidad del contrato en virtud del cual caucionó la operación en atención que “por estar supuestamente basadas en un contrato en el cual todo parece indicar que es parte del esquema del caso “FUNDACIONES” y que, como veremos, carece totalmente de objeto, por ser una mera duplicación respecto de programas gubernamentales de prevención del suicidio ya existentes”.
- La querella indica que “ASPOR acompaña a su demanda un correo emanado de la contraparte financiera del Convenio por parte de la Gobernación Metropolitana a la representante legal de Procultura, en que indica que están en conocimiento que, en junio de 2023, Pro Cultura solo había rendido $35.186.283, de un total de $1.683.788.000, sin tomar ninguna acción orientada al efectivo cumplimiento de las estipulaciones del convenio ni velar por la correcta ejecución de los fondos transferidos”.
- Además, señala que el Gobierno Regional Metropolitano “conociendo la existencia de observaciones no aclaradas que datan del mes de mayo de 2023 antes remitidas (como se reconoció por su fiscal legal en conversaciones sostenidas con la gerente legal de Aspor), solicitó a la Fundación Procultura, y ésta a su vez a Aspor, la prórroga en el mes de junio de 2023, de 5 de las 8 pólizas suscritas sin transparentar esta situación a su asegurador como correspondía (..) además, de los mensajes remitidos por el GORE METROPOLITANO se puede concluir que frente a su asegurador sostuvo que todo funcionaba de manera adecuada y sin ningún tipo de inconveniente”.
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