Un total de 60 organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron que el régimen de Maduro persigue a defensores de derechos humanos, actos que condenan, luego de que el director de la ONG Provea, Óscar Murillo, fuera citado a declarar ante una sede policial en Caracas en el marco de una investigación por la muerte de un dirigente social.
En un comunicado, las organizaciones alertan que en el país sudamericano “la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales”, pese a lo cual reiteraron que mantendrán su trabajo, aun cuando hay varios activistas detenidos y acusados por delitos como terrorismo.
“Condenamos que un Estado —en cuya Constitución se denomina democrático, de derecho y justicia— intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos y la protección a quienes los defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral”, reza el escrito.
Sobre la citación de Murillo, que rindió declaraciones por espacio de cinco horas en una sede policial, las ONG criticaron que nunca se explicó al convocado si acudiría en calidad de testigo, sospechoso o cuál era su vinculación con la investigación por la muerte de Edwin Santos, registrada en octubre pasado luego de que familiares denunciaran su desaparición.
“Nos preocupa profundamente que estemos frente a un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos, así como de los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Podría ser, además, un intento de intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela”, añade el comunicado.
Provea, al igual que otras ONG, pidió una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de Santos, denunciada por parte partidos opositores —que aseguran que el dirigente social estuvo detenido antes de ser encontrado muerto— como asesinato y reportada como un accidente de tránsito por las autoridades.
Parlamento Europeo impulsa el enjuiciamiento de Maduro
Por otra parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó que la Comisión Europea impulse el enjuiciamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta petición se basa en las graves violaciones de derechos humanos registradas en Venezuela, las cuales, según el organismo, se intensificaron tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Durante el debate, Dolors Montserrat, presidenta de la comisión parlamentaria, instó a la Comisión Europea a cumplir el mandato del Parlamento Europeo. Según Montserrat, “un dictador como Maduro debe ser enjuiciado”, destacando la importancia de esta medida “en defensa de los derechos y libertades del pueblo venezolano”. También exigió a la Comisión Europea un informe actualizado sobre la situación en Venezuela, recordando que la Unión Europea (UE) tiene el deber de garantizar el respeto por los Derechos Humanos y de implementar la resolución aprobada por la Eurocámara en septiembre.
La petición ciudadana presentada por opositores venezolanos, apoyada por la Comisión de Peticiones, solicita a la UE que inste al fiscal del CPI a informar sobre el estado de las investigaciones y ordene urgentemente la detención de Maduro. Este llamado se fundamenta en los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2014, 2017 y 2024, y en el acuerdo de cooperación firmado en 2006 entre la UE y el Tribunal Penal Internacional, el cual obliga a la UE a colaborar con el CPI en su función sancionadora y preventiva.
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