La ONG FundaRedes denunció que más de 200 presas políticas en Venezuela enfrentan condiciones de reclusión “inaceptables” y “violencia” en las cárceles, donde actualmente hay, según datos de la organización Foro Penal, 1.903 personas encarceladas por “oponerse” al régimen, entre las cuales se encuentran 245 mujeres.
FundaRedes señaló que muchas mujeres sufren de hacinamiento, carecen de acceso a servicios básicos y son víctimas de violencia de género en los centros penitenciarios.
Los “patrones de violencia que se repiten”, según la organización no gubernamental, incluyen violencia psicológica, sexual, institucional y física, que, según manifestaron, evidencian las “graves violaciones de derechos humanos”.
La organización demandó que se garantice el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres encarceladas, al tiempo que afirmó que el Estado venezolano “debe asegurar justicia”.
El martes, familiares de presas políticas del estado Anzoátegui (este) mostraron su preocupación por el traslado de 29 reclusas que se encontraban en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a un centro penitenciario a más de 400 kilómetros de distancia, en Miranda (norte, cercano a Caracas), según informó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV).
Las mujeres fueron detenidas tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales, luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un triunfo calificado como “fraudulento” por la mayor coalición opositora, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles, y advirtió de que las investigaciones de su oficina “siguen en curso y están activas”.
La dictadura de Maduro liberó a la adolescente que María Corina Machado puso como ejemplo
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció la liberación de una adolescente detenida tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en el marco de las protestas que dejaron más de 2.400 personas arrestadas en el país. Estas manifestaciones surgieron en rechazo al fraude electoral.
En un comunicado publicado en Instagram, el MP informó que, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, la joven fue sometida a una evaluación médica, sin ofrecer mayores detalles. Posteriormente, se solicitó la revisión de su medida privativa de libertad.
“Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente, encontrándose dicha joven en libertad”, agregó.
Tras conocerse la noticia, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos declaró en su cuenta en X que la joven tiene 16 años y que había sido encarcelada de manera injusta.
“Gracias a la exigencia firme de su madre, amigos, organizaciones y todos los venezolanos que condenaron la crueldad contra la adolescente Mariana González, hoy fue liberada. Nunca debió estar injustamente detenida. No es terrorista, es inocente. Como ella, deben ser liberados inmediatamente todos los niños y adolescentes que siguen injustamente presos”, manifestó la ONG.
De acuerdo con datos de la organización Foro Penal, entre los detenidos durante las manifestaciones se encuentran más de un centenar de menores de entre 14 y 17 años. Según esta fuente y familiares de los arrestados, 48 de ellos aún permanecen encarcelados.
En septiembre pasado, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela denunció que al menos 158 niños, algunos con discapacidad, fueron arrestados durante los primeros días de las protestas. La misión señaló que varios de ellos enfrentan acusaciones por delitos graves, como terrorismo e incitación al odio.
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