El Senado dio luz verde al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones. Con un amplio respaldo, la iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor, frente a 7 en contra -incluido algunos parlamentarios de Chile Vamos-. Por su parte, el respaldo incluyó a legisladores tanto del oficialismo como de Chile Vamos.

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo, donde se espera su votación este miércoles.

Con todo, la iniciativa que ingresó al Congreso en 2022 sufrió fuertes modificaciones. De hecho, se la calificó como un «cascarón vacío» cuando salió de la Cámara en su primer trámite legislativo, dado que el corazón de las ideas del Ejecutivo no fueron respaldadas. Y así llegó al Senado donde, tras un acuerdo entre el Gobierno y senadores Chile Vamos en los últimos días, sumado a una maratónica tramitación, dio vida al proyecto que vuelve a la Cámara.

No se pone fin a las AFP -como anhelaba la administración de Gabriel Boric- y la cotización adicional será más de 6% y no irá en su totalidad a un «seguro social» (o reparto), fueron modificaciones centrales a las ideas originales del Gobierno. Pero, puntualmente, ¿cómo salió el proyecto de la Cámara Alta?

AFP se mantienen y aumenta la competencia

Las AFP continuarán operando, pero con mayor competencia, permitiendo la entrada de nuevos actores como Administradoras Generales de Fondos (AGF) y cajas de compensación.

Además, el Instituto de Previsión Social (IPS) podrá asumir funciones de soporte bajo este nuevo esquema.

Otro cambio significativo es la eliminación de los multifondos, vigentes desde 2002, que serán reemplazados por fondos generacionales, modelo utilizado en países como Reino Unido y Estados Unidos.

Estos entrarán en vigencia 25 meses después de la publicación de la ley.

Cotización adicional y un «préstamo»

Uno de los puntos más complejos en la discusión fue la distribución de la cotización adicional, la cual finalmente se fijó en un 7%, incrementándose desde el 6% inicial.

De este porcentaje, un 4,5% irá a cuentas de capitalización individual, mientras que un 1,5% será destinado al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

Este fondo financiará beneficios como el aporte de UF 0,1 por años cotizados y el «Aporte con Rentabilidad Protegida», conocido durante la tramitación como un «préstamo».

La cotización total del empleador llegará a 8,5%, considerando el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y los nuevos aportes previsionales.

Además, el Seguro Social creado con la reforma administrará un 2,5% adicional, beneficiando principalmente a mujeres y jubilados actuales. La implementación de la cotización adicional será gradual, extendiéndose por nueve años, aunque podría llegar a 11 dependiendo del impacto recaudatorio evaluado.

El FAPP

El funcionamiento del FAPP fue ajustado tras advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre posibles riesgos fiscales.

El fondo contará con un consejo directivo compuesto por cinco miembros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, similar al modelo del Banco Central.

También se establecieron mecanismos para abordar déficits o excedentes en el fondo.

Afiliados: Licitación de stock

Otro cambio relevante es la licitación del stock de afiliados, que ahora será de un 10% cada dos años, en lugar de anualmente, como proponía el proyecto original.

La entidad que gane la licitación deberá mantener el precio por cinco años. Además, los afiliados podrán cambiarse de inversor en cualquier momento, fortaleciendo la libertad de elección.

La reforma introduce incentivos para las AFP o futuros inversores, vinculando premios y castigos a la rentabilidad de los fondos previsionales.

Incremento de la PGU y su gradualidad

La reforma también incluye un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, aunque no logró universalizar el beneficio, como originalmente buscaba el Ejecutivo.

El alza será gradual, comenzando con personas de 82 años o más seis meses después de la publicación de la ley.

La implementación total se completará a los 30 meses desde la aprobación de la reforma.

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