El escrito del CDE apunta a la diputada ex FA por su participación como cómplice en el delito de fraude al fisco. Según el organismo, Catalina Pérez “realizó gestiones directas con personas con quienes llevaba años vinculada por amistad y políticamente” antes y después de que Democracia Viva suscribiera los millonarios convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El Consejo dice que “queda en evidencia que colaboró en todas las etapas del proceso”.

Por qué importa. El 31 de enero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de la diputada Catalina Pérez (ex FA) por su participación en calidad de cómplice de fraude al fisco reiterado en el caso Democracia Viva.

  • La diputada ya estaba siendo investigada por el Ministerio Público, que busca imputarla como autora de tres cargos de fraude al fisco, por los convenios suscritos en 2022 entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones.
  • Pérez enfrentará este lunes una audiencia de desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, solicitada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, de la cual también se hará parte el CDE. De aprobarse la solicitud, la parlamentaria podría ser formalizada y podrían dictarse medidas cautelares en su contra.
  • Según el CDE —que ya se había querellado en contra de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica, en 2023 y 2024—, Catalina Pérez intermedió ante Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, para que le asignara a Andrade, su expareja, tres convenios.
  • “La relación de la querellada con los otros imputados por el mismo delito y su influencia terminó por asegurar la ejecución de los hechos”, se lee en la acción legal, a la que accedió Ex-Ante.

Qué dice la querella. El CDE afirma que Catalina Pérez “realizó gestiones directas con personas con quienes llevaba años vinculada por amistad y políticamente” para colaborar en la suscripción de los convenios que Andrade, como representante legal de Democracia Viva, firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Agrega que Pérez intervino en la ejecución de los contratos.

  • “Todas las directrices que instruyó, así como la coordinación con los imputados Contreras y Andrade, confirman su colaboración en todas las etapas relacionadas con los convenios motivada por el constante deseo de posicionar y establecer a su pareja“, señala el escrito.
  • Sin las gestiones de Pérez, añade, “jamás se habría asegurado la inclusión de la fundación como receptora de fondos públicos del Programa de Asentamientos Precarios (…), pues no constaba con ningún mérito para ser considerada dentro del programa, ni con requisitos mínimos para operar, ni tampoco contaba con dicha preparación ni experiencia su representante Daniel Andrade”.
  • “Andrade ninguna vinculación tenía con la región (vivía en la región Metropolitana) por lo que sin su colaboración jamás habría sido considerado por las autoridades regionales del distrito de la querellada”.

Las gestiones previas. La querella narra gestiones que Pérez habría realizado antes de que se suscribieran los convenios, entre ellos los siguientes:

  • La falsa sede: En julio de 2022, Daniel Andrade le solicitó a Cecilia Millán —militante de RD— “celebrar un falso contrato de arrendamiento” de su domicilio en Ñuñoa, aprovechándose de “la cercanía de Millán con su pareja”. Esto, con el fin de cumplir con los requisitos que exigía la Seremi de Vivienda para suscribir convenios y para poder iniciar actividades ante Impuestos Internos.
  • En septiembre, Andrade y Pérez fueron al domicilio de Millán a retirar el contrato. “A Daniel lo conocí en esa oportunidad”, declaró Cecilia Millán ante la PDI.
  • “La querellada (…) conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando, pues, cuando concurrieron a su domicilio, ambos le explicaron, solo generalidades de las fundaciones”.

“Las lucas”. El 29 de julio de 2022, Andrade escribió a Pérez: “Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas”. Para el CDE, esto se trata de una “alusión expresa a la transferencia de fondos que recibiría en la fundación que representaba producto de convenios que habían concertado suscribir, denotando con ello el conocimiento previo que tuvo la querellada”.

  • “Ella conocía cada movimiento, pues, el sr. Andrade todo se lo consultaba e informaba, al menos, en lo relacionado con su vida laboral o profesional (…). Resulta inverosímil que no tuviese conocimiento, como lo ha sostenido (…), pues queda en evidencia que, a lo menos, colaboró en todas las etapas del proceso”.
  • “Acuerdo mula”: Un mes antes de suscribir los convenios, según el CDE, Andrade le habría pedido a Catalina Pérez producir un documento para mostrar la antigüedad de la fundación.
  • La diputada, a su vez, le ofreció a través de una conversación por chat “hacer un acuerdo mula”.

Reunión clave. Según el CDE, el 30 de abril de 2023, Andrade, Pérez y Contreras se reunieron en un centro que era propiedad de los padres del exseremi. El encuentro se hizo a propuesta de Andrade.

  • Luego del encuentro, Catalina Pérez y Daniel Andrade conversaron por WhatsApp, donde ella le señaló que encontraba “bacanes” a sus amigos, refiriéndose a Carlos Contreras.
  • El 2 de junio, luego de que Andrade se mostrara preocupado por la posible filtración de los convenios, la parlamentaria le dio instrucciones a su pareja: “No hagan nada ni lo hablen con nadie sin decirnos”.
  • El 4 de junio la diputada le envió a su entonces parejas un plan de acción, que incluía que ella sostuviera una reunión con Contreras. “Está todo bien, súper buena reunión”, le escribió la diputada a Daniel Andrade tras el encuentro y le detalló lo conversado con el seremi.
  • Posteriormente, de acuerdo al CDE, fijó una estrategia para blindar a los directivos de la fundación en caso de que las irregularidades salieran a la luz.
  • “El nexo directo e influencia hacia (Carlos) Contreras lo ejercía mayormente Pérez”, plantea la querella.

La firma de los convenios. La acción legal del CDE también afirma que Catalina Pérez conversó con Andrade lo siguiente:

  • “Propuso distorsionar los hechos acaecidos, barajando opciones como derechamente falsificar un instrumento público (cuando refiere haber analizado el cambio de la firma del convenio), pero haberlo descartado solo porque ese documento ya estaba en poder de otros funcionarios públicos no concertados con aquellos”. “Y luego, recomendando falsificar ideológicamente un instrumento privado, faltando a la verdad en su contenido, derechamente proponiendo manejar la fecha de la falsa renuncia del imputado Andrade a Democracia Viva”.
  • Una vez que reventó el caso, el 16 de junio, el CDE indica que la diputada gestionó la estrategia comunicacional para enfrentar la crisis y elaboró incluso las frases que entregó a la prensa Daniel Andrade, en que la desligaba a ella del caso.

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