Ayer lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez (ex FA), permitiendo que la Fiscalía Regional la impute por tres delitos de fraude al fisco. La investigación se centra en los convenios suscritos en 2022 entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por un total de $426 millones.
El desafuero es clave para que el Ministerio Público formalice a Pérez y solicite medidas cautelares en su contra. En la causa ya están imputados su expareja y representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica.
El pleno de la Corte resolvió de forma unánime el desafuero. Ahora, la defensa de Pérez tiene cinco días para apelar ante la Corte Suprema. Si el fallo se mantiene, la Fiscalía procederá con su formalización. La diputada se convierte en la segunda parlamentaria desaforada por el caso Convenios, tras el exrepublicano Mauricio Ojeda.
Fundamentos del fallo
La Corte concluyó que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos investigados. En su resolución, el tribunal sostuvo que se cumplen los estándares de desafuero, considerando la probabilidad de éxito de la persecución penal y la necesidad de evitar imputaciones arbitrarias.
Las partes fueron citadas para la lectura de sentencia el jueves 20 de enero a las 09:00 horas.
Fiscalía: “Hubo una maquinación con fines políticos”
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, sostuvo que Daniel Andrade carecía de experiencia en este tipo de convenios y que su ingreso a los contratos fue facilitado por Pérez. Según Aguilar, se diseñó una estructura para obtener recursos fiscales con fines políticos, lo que quedó reflejado en conversaciones de WhatsApp.
Aguilar señaló que la diputada propició la postulación de Andrade a los programas de inversión, a pesar de que ni él ni Democracia Viva tenían experiencia en habilitación de terrenos. “Lo sabían desde el inicio”, afirmó.
Según la Fiscalía, Pérez operaba como “consejera” de Andrade, revisando incluso sus mensajes y brindándole asesoría. Además, en los chats analizados se observó el uso recurrente de la palabra “nosotros”, lo que indicaría su participación activa en las decisiones.
Eliminación de pruebas
La Fiscalía también reveló que Pérez y Andrade borraron conversaciones de WhatsApp con el exseremi Carlos Contreras, justo en el período de las negociaciones de los convenios. Esto contradice la versión de la diputada, quien en enero afirmó que solo eliminó “situaciones íntimas” de su teléfono.
La PDI concluyó que Contreras también manipuló su celular para eliminar mensajes con Andrade y asesoras de Pérez, lo que refuerza la tesis de un intento de ocultamiento de pruebas.
La defensa de Pérez
El abogado de la diputada, Gonzalo Medina, cuestionó la solidez de la acusación y señaló que no existe claridad sobre el rol específico de su representada en los hechos. “No logro ver cómo los chats demuestran una facilitación de medios para cometer fraude al fisco”, afirmó.
Además, argumentó que la Fiscalía está usando conversaciones fuera de contexto para justificar la imputación. “Mi representada no tuvo ninguna participación en los delitos investigados”, sentenció.
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