La Contraloría General de la República confirmó este martes 18 de febrero el inicio de una investigación sobre el cuestionado curso Primera escuela de formación en prácticas de acompañamiento y elaboración de la violencia de Estado, financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). El proyecto, organizado por el Laboratorio de Estudios sobre Violencia Institucional (LEVI), se llevó a cabo entre el 27 y el 31 de enero en el Museo de la Memoria.
El contenido del curso
El curso, que buscaba ser un espacio de reflexión sobre la violencia estatal, se centró en analizar las consecuencias de la represión durante el estallido social de octubre de 2019. Según la descripción del programa, “la represión estatal hacia la población civil movilizada incluyó el uso desproporcionado de la fuerza, generando múltiples afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias en el tejido social”.
Además, el texto agregó que el objetivo era “generar herramientas prácticas y teóricas que permitan enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado en contextos contemporáneos”.
Críticas de la oposición
El curso no tardó en generar polémica. José Antonio Kast, candidato presidencial, criticó duramente la iniciativa a través de su cuenta en X (antes Twitter): “¿Inteligencia artificial? ¿Automatización? No. Esta es la ciencia que financia este Gobierno ideológico. Millones de pesos botados a la basura en programas y proyectos que reivindican la insurrección financiados con plata de todos los chilenos”.
Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) acusó al Gobierno de “amparar y financiar a los violentistas”. En declaraciones públicas, Flores afirmó: “Nunca se han arrepentido del enorme daño que le hicieron a miles de chilenos el 18/O/19. Seguro en unos años los veremos nuevamente en las calles tratando de quemarlo todo. Para esto quieren tener abierto el mal llamado Museo de la Memoria”.
El Gobierno defiende la iniciativa
Frente a las críticas, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, salió al paso para defender el proyecto. Aclaró que los fondos fueron entregados en 2023 a la Universidad Mayor, una institución privada, y destacó la importancia de estudiar fenómenos sociales complejos.
“A través de proyectos como este se estudian, desde las distintas disciplinas —en este caso, desde las ciencias sociales—, fenómenos sociales complejos que apuntan precisamente a fortalecer y robustecer procesos de toma de decisión. En este caso en particular, los estudios tienen que ver con las víctimas de violencia institucional”, explicó Etcheverry.
Contexto político
La polémica se enmarca en un momento en que el Gobierno ha sido cuestionado por su postura respecto al estallido social. La semana pasada, la subsecretaria Nicole Cardoch afirmó que no recordaba “enfrentamientos directos” del oficialismo con Carabineros durante ese período, lo que generó un nuevo debate sobre el rol del Ejecutivo en aquellos eventos.
Mientras la Contraloría avanza en su investigación, el curso sigue siendo un punto de discordia entre el oficialismo y la oposición, reflejando las profundas divisiones que persisten en la sociedad chilena respecto a los hechos de octubre de 2019.
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