Tras una reunión entre los propietarios de los terrenos de la toma de San Antonio, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, el subsecretario Luis Cordero, y el alcalde Omar Vera, se anunció la creación de una comisión técnica para abordar el conflicto que ha mantenido en vilo a la comunidad y a las autoridades. El acuerdo, que busca evitar un desalojo masivo, establece un protocolo que será presentado este martes ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el objetivo de suspender temporalmente la orden de desalojo y avanzar hacia una solución negociada.
Los puntos clave del acuerdo
La comisión técnica estará integrada por representantes de los propietarios del terreno, el Minvu y la Municipalidad de San Antonio. Entre sus principales tareas se encuentran la definición de un sistema de garantías, la fijación de un precio justo y la adquisición del predio en su totalidad mediante la figura de cooperativas. Este último punto busca evitar la fragmentación del terreno y garantizar una solución integral.
El protocolo establece que, en caso de no alcanzar un acuerdo, la comisión deberá proponer modalidades para cumplir de manera «razonable y paulatina» con el fallo judicial que ordena el desalojo. Además, se acordó que el terreno será vendido como una sola unidad, en un solo acto, y que el proceso tendrá un plazo máximo de seis meses. Durante este período, los informes y acuerdos de la comisión serán confidenciales.
El rol del Frente Amplio y la expansión de la toma
La toma de San Antonio, que comenzó en diciembre de 2019 en el contexto del estallido social, ha sido un foco de tensión política y social. Según expertos, el campamento creció rápidamente durante el mandato de la exalcaldesa Constanza Lizana (2021-2024), quien en ese entonces militaba en el Frente Amplio. Lizana, abogada especialista en vivienda y urbanismo, asesoró a los habitantes de la toma antes de asumir como alcaldesa y se opuso públicamente a los desalojos, argumentando que los propietarios no podían «abusar de la necesidad de compra del Estado».
En 2020, un audio filtrado reveló que Lizana instruyó a los ocupantes sobre cómo actuar frente a una posible inspección policial. «Si les piden sus cédulas de identidad, ustedes no están ahí, están viendo un familiar, están paseando», se escuchaba en el mensaje. La exalcaldesa defendió su postura, afirmando que se trataba de una «respuesta obvia de cualquier abogado» para garantizar que los procedimientos se realizaran conforme a la ley.
Presión internacional y riesgo humanitario
El conflicto ha trascendido las fronteras nacionales. En diciembre de 2024, los diputados Camila Rojas (Frente Amplio) y Luis Cuello (Partido Comunista) presentaron una acción cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender el desalojo. Argumentaron que la medida pondría en riesgo los derechos a la vivienda, la integridad física y psíquica de cerca de 9 mil personas, además de generar un posible desplazamiento forzado y violencia policial.
Tras el último fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, emitido el 17 de febrero, los parlamentarios solicitaron a la CIDH una resolución urgente, advirtiendo que la falta de acuerdo podría desencadenar una crisis humanitaria.
La postura del Frente Amplio y las críticas
Aunque el Frente Amplio no ha adoptado una posición oficial unificada sobre el desalojo, varios de sus miembros han manifestado su oposición a la medida. El diputado Jorge Brito (FA) ha argumentado que un desalojo forzado sería «socialmente inviable» y solo generaría más violencia. En su lugar, ha propuesto la creación de cooperativas para regularizar la situación de los ocupantes y convertirlos en propietarios.
Sin embargo, críticos como el diputado republicano Luis Sánchez han responsabilizado a Lizana y al Frente Amplio por el crecimiento descontrolado de la toma. «Ella llegó al cargo prometiéndole a la gente cosas irresponsables y que eran imposibles de cumplir», aseguró Sánchez en una entrevista.
Un desafío complejo y urgente
El acuerdo alcanzado esta semana representa un avance significativo, pero también plantea desafíos considerables. La comisión técnica tendrá la difícil tarea de conciliar los intereses de los propietarios, el Estado y los ocupantes, en un contexto marcado por la urgencia y la presión social. Mientras tanto, la sombra de un desalojo masivo sigue pendiendo sobre San Antonio, recordándonos que la solución definitiva aún está lejos de alcanzarse.
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