Ahora que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha decidido corregir rumbo -lo que, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se conoció como realismo sin renuncia- el Mandatario debiera considerar seriamente la opción de implementar políticas de mano dura contra la delincuencia.
Precisamente porque Boric necesita ganar popularidad y convertir esa simpatía que genera su personalidad en apoyo a su gestión presidencial, debiera devenir en un sheriff que combata la delincuencia, el crimen y la vulneración de derechos de millones de chilenos que viven con miedo y que se sienten desprotegidos en una dimensión esencial de sus vidas, la seguridad.
Es cierto que a los gobiernos de izquierda les resulta difícil hablar de seguridad. Por flojera intelectual y dogmatismo trasnochado, muchos insisten en pensar que los delincuentes son víctimas de una sociedad que los margina. Aunque la propia izquierda denuncia que, entre aquellos que gozan de privilegios, hay personas que escogen violar la ley y abusar de otros, la izquierda sigue siendo tan paternalista que no puede aceptar que las personas que menos tienen también pueden decidir si quieren vivir respetando la ley o quieren llevar una vida delincuencial.
El propio Boric ha mostrado antes una incapacidad para entender que la gente muchas veces elige ser delincuente. En los polémicos indultos que realizó a fines de 2022 a varios de los llamados presos de la revuelta, Boric prefirió pensar que algunos delincuentes con extenso prontuario eran en realidad jóvenes idealistas que querían un mejor país. Ahora bien, su propia experiencia personal lo hizo verse involucrado, cuando era adolescente, en un lío judicial por un hurto que realizó en un supermercado de su natal Punta Arenas. Por eso, Boric debería entender a cabalidad que la decisión de cometer un delito muchas veces se toma sin tener la necesidad de hacerlo.
Ni siquiera sus acérrimos críticos pueden dudar del compromiso de Boric con la defensa de los derechos de las personas. Mientras los líderes políticos de izquierda de la región tienen profundas dificultades para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, Boric ha sido valiente en denunciar los apremios ilegítimos en que incurren esos gobiernos. Es honesto y sincero en su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Por eso, bastaría con entender que la delincuencia constituye una violación flagrante de los derechos de las personas a la libre circulación y a sentirse seguros en sus casas, barrios -o territorios, como se dice en la jerga del Frente Amplio- para que Boric se atreva a convertir la ley y el orden en una bandera de lucha de su administración.
Hay buenas razones para pensar que Boric es capaz de dar un giro pragmático y convertirse en el sheriff que el país hoy necesita. Como candidato presidencial, Boric prometió sepultar al neoliberalismo. Como Presidente, Boric nombró a un equipo económico que ha impulsado reformas moderadas que mejoren el modelo social de mercado. A su vez, después de oponerse tenazmente a los acuerdos de libre comercio, terminó poniendo su firma en el ingreso de Chile al TPP-11.
Sea por convicción, conveniencia o simplemente por ser capaz de aceptar pragmáticamente su derrota, Boric es capaz de darse volteretas ideológicas. Algunas de esas volteretas le han producido altos costos en sus bases de apoyo y no le han rendido beneficios entre los que rechazan su gestión.
La opción de darse una nueva voltereta y convertirse en un Presidente de ley y orden que encare de frente el creciente flagelo de la delincuencia resultaría en enormes ganancias y pocos costos para Boric. Incluso los izquierdistas más militantes sienten también temor por el aumento sostenido en los niveles de delincuencia.
Un Presidente que imponga la ley y el orden será premiado con aprobación presidencial. Es verdad que algunos izquierdistas dogmáticos pudieran resentir esa nueva transformación de Boric. Pero el Presidente ha tomado varias decisiones que ya han decepcionado profundamente a sus aliados más de izquierda. Es cosa de escuchar las críticas que cotidianamente hacen Daniel Jadue o Pamela Jiles, dos paladines de izquierda en Chile, para comprobar que la izquierda radical a la que Boric también perteneció está profundamente decepcionada de lo que ha hecho este gobierno.
Es imposible negar que el Gobierno está en un momento muy complejo. Sin agenda, sin mayorías en el Congreso, con una economía que no crece y con la amenaza de nuevos retiros de fondos de pensiones que un Gobierno débil e impopular tendrá dificultades para frenar en el Congreso, Boric necesita una bandera de lucha -un salvavidas- que le permita mejorar su aprobación. En un país en que el clamor por la seguridad ciudadana se escucha con creciente fuerza, un Presidente izquierdista que cree profunda y sinceramente en la protección de los derechos de las personas debiera tomar la bandera de la ley y el orden como primera prioridad de su Gobierno.
Así como van las cosas, Boric no va a poder convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo. Pero el Presidente de Chile pudiera convertir a Chile en la tumba de esa creencia de que se puede delinquir sin temor a las consecuencias.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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