Los expedientes de los 6 indultados del 18-O cuyas libertades defiende el gobierno ante el Tribunal Constitucional -y que el gobierno pidió al TC mantener reservados- revelan que los informes de Gendarmería de cada uno de esos casos fueron desfavorables a sus solicitudes de perdón de pena. Los motivos incluyeron riesgos de reincidencia “muy altos” y falta de conciencia de sus delitos. Los antecedentes fueron enviados por el director de Gendarmería a la entonces ministra de Justicia, quien a fin de año firmó los decretos a nombre del Presidente. El gobierno pidió al TC a principios de mes mantener la reserva de los expedientes que aquí revela Ex-Ante, citando la ley de protección de datos personales, pero omitiendo las conclusiones de Gendarmería.
Qué observar. El director nacional de Gendarmería Sebastián Urra envió durante 2022 una serie de oficios reservados a la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos.
- Se trataba de los informes sobre los condenados en prisión que solicitaban al Presidente Gabriel Boric que perdonaran sus penas, utilizando la facultad presidencial contemplada en la ley de indultos particulares.
- Para cada uno de esos casos se abrió un expediente, donde Gendarmería se manifestaba favorable o desfavorablemente a la petición del reo.
- Estos expedientes adquirieron mayor relevancia luego de que senadores de Chile Vamos y Demócratas impugnaran ante el Tribunal Constitucional (TC) 6 de los 12 indultos concedidos a fin de año a presos del 18-O, además del perdón de pena al exfrentista Jorge Mateluna, condenado por un asalto bancario en 2013.
- La defensa de los senadores pidió acceso a los expedientes que el TC había declarado en reserva, a lo que el Presidente Boric se opuso en una serie de escritos ingresados el 6 de marzo al tribunal. En esos documentos argumentó que debían mantenerse en privado para permitir la reinserción social de los beneficiados.
- El ministro de Justicia Luis Cordero dijo luego en La Moneda que esa información debía permanecer en reserva ya que contenía datos de terceros cuya difusión haría incumplir la ley de protección de datos personales. El tribunal respaldó su planteamiento.
- Ex-Ante tuvo acceso a los expedientes de los 7 casos disputados en el TC, que mostraron que los informes de Gendarmería de los 6 indultados del 18-O, cuyas libertades defendió este jueves el gobierno ante el TC, fueron desfavorables a sus solicitudes de perdón de pena.
- Sólo en el caso del exfrentista Jorge Mateluna el organismo se mostró favorable a perdonarle la pena que le quedaba por cumplir.
- Se trata de nuevos antecedentes en un caso marcado por incertidumbres y costos políticos. El 7 de enero el Presidente Boric pidió la renuncia a la ministra Ríos y del jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía, acusando “desprolijidades”, que no precisó.
Por qué Gendarmería emitió informes desfavorables. Los expedientes mostraron que los motivos de Gendarmería para emitir informes desfavorables en los 6 casos de indultados del 18-O incluyeron riesgos de reincidencia “altos”, “muy altos” y falta de conciencia de los delitos cometidos, entre otras razones. A continuación, las explicaciones dadas en cada caso.
Luis Castillo Opazo (38). En el caso del condenado a 4 años de cárcel por atacar el Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad, que tenía 5 condenadas previas al estallido social y se presentó en un video como “insurrecto”, el informe del 18 de mayo de 2022 del Tribunal de Conducta del centro penitenciario de La Serena, concluyó:
- “El solicitante no es acreedor a la gracia de indulto”, consignó la página 15 de las 50 de la carpeta con su expediente. A ésta se sumaron anexos.
- “Desde su proceso de reinserción social se puede indicar que presenta aplicación de inventario para la Gestión de Caso e Intervención (IGI), donde se indica un riesgo de reincidencia muy alto”.
- “Se considera desfavorable la solicitud de indulto presentada por el interno”.
Brandon Rojas Cornejo (22). En el caso del integrante de la primera línea de Iquique condenado a 5 años de cárcel por tenencia y lanzamiento de bombas molotov, el informe del 23 de noviembre del Tribunal de Conducta del penal Alto Hospicio, concluyó:
- “Evidencia una conciencia inadecuada por el delito y daño por el cual cumple condena, dificultades para discriminar entre lo correcto y lo incorrecto, argumentando que su intención y motivaciones respecto al delito de índole agresiva, por lo tanto no reconoce el detrimento social”.
- “Nula reparación y disposición al cambio producto de inmadurez emocional, y por ello no presenta posibilidades reales de favorecer su proceso de reinserción social”.
- “Los integrantes de la presente sesión del Tribunal de Conducta consideran que el interno no es acreedor de indulto particular”, consignó la página 22 de las 96 de la carpeta con su expediente.
Bastián Campos Gaete (23). Para el condenado a 3 años de cárcel por robo y porte de artefacto incendiario, luego de que encontraran una molotov y especies robadas en su mochila en Antofagasta, el tribunal de conducta de la cárcel de Taltal, en sesión del 1 de mayo de 2022, sugirió “no otorgarle el beneficio”, consignó la página 2 de las 83 de su carpeta.
- Basaron su decisión en su informe social y en el sicológico.
Jordano Santander Riquelme (38). Para el condenado a 5 años de cárcel por homicidio frustrado luego de haber atropellado a un policía en San Antonio, más condenas menores por daños calificados y receptación, el Tribunal de Conducta se manifestó “desfavorable a la gracia del indulto”, en su sesión del 25 de abril de 2022, consignada en la página 30 de las 180 de su carpeta.
- “Presenta un alto riesgo de reincidencia”, se advirtió en la página 29.
Claudio Romero Domínguez (21). Para el condenado a 5 años de cárcel por 4 delitos de lanzamiento de artefacto incendiario y porte de molotov en Iquique, en el grupo “K-Pop primera línea de Tarapacá”, el tribunal de conducta de Alto Hospicio, en sesión del 4 de octubre del año pasado, sugirió “no otorgar el beneficio”.
- “Adquiere especial relevancia su informe sicológico que refiere una visión estereotipada de la norma, minimiza su actuar delictual, capacidad de empatía disminuida, dificultad en generar un discurso objetivo sobre el motivo por el cual cumple condena”.
- “No presenta posibilidades reales de favorecer su proceso de reinserción social, por tanto los integrantes de la presente sesión de tribunal de conducta consideran que el interno no es acreedor de indulto particular”, consignó la página 10 de las 54 de su expediente.
Felipe Santana Torres (22). Para el condenado a 5 años de cárcel, 541 días y 300 días por los delitos del frustrado incendio de la catedral de Puerto Montt (de la que quemó las puertas de madera), además de daños a bienes de uso público y hurto simple, el tribunal de conducta sugirió, por unanimidad, “no otorgar el beneficio”.
- “No tiene conciencia del delito cometido y no cuenta con referencia estable que (le) permitan proyectarse en el medio libre”.
- “Ha normalizado conductualmente el reglamento penitenciario sin asimilar los delitos y daño causado”.
El caso de Jorge Mateluna. “El tribunal de conducta sugiere por unanimidad acceder a la solicitud de indulto presidencial, considerando que el interno en mención mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes para reinsertarse a la sociedad”, consignó el acta del tribunal de conducta de Colina I, del 5 de septiembre de 2022.
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