El presidente del Senado Juan Antonio Coloma en una entrevista en El Mercurio se ha mostrado partidario de llegar a buenos y grandes acuerdos con el gobierno. Otros dirigentes de Chile Vamos, como la presidenta de Evópoli Gloria Hutt y el de Renovación Nacional Francisco Chahuán se han mostrado de acuerdo. Es una buena declaración de intenciones. Sin embargo, con la confianza que da haber compartido una cancha de fútbol, me permito preguntarle al senador de la UDI si él recuerda en el último tiempo a algún dirigente de la izquierda decir que está dispuesto a llegar a grandes acuerdos con la derecha. Yo no. ¿Por qué será?

Curioso, porque si bien concuerdo en que el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre no es sólo un triunfo de la derecha, sino más bien uno del sentido común y la sociedad civil, también es cierto que muchas de las banderas que ha levantado el sector al que pertenece Coloma como el combate a la delincuencia, la propiedad de los fondos previsionales, un sector privado con incentivos para invertir y crear empleos han sido olímpicamente ignoradas y más bien combatidas por este Gobierno, con el que el senador quiere llegar a grandes acuerdos.

Y es que para bailar tango se necesitan dos y yo no veo en el Gobierno disposición alguna a considerar las posturas de la derecha, excepto en el tema de la criminalidad, el cual el presidente del Senado con razón ha puesto en primer lugar.

En general en la centroderecha hay mucha timidez para tomar las banderas de causas como “con mi plata no” o “libertad de elegir”, ampliamente triunfadoras el 4 de septiembre y mayoritarias en las preferencias de la población en todas las encuestas.

Es cierto que hay que negociar acuerdos nacionales, pero hay que hacerlo desde la posición que tienen las ideas de la centroderecha hoy. El modelo debe ser el de la última negociación para elaborar la nueva Constitución, donde si bien no está garantizada una primacía de la derecha ni un resultado, al menos se pueden observar condiciones equitativas. El espíritu del 4 de septiembre debe estar presente en esta nueva negociación. Seguramente Juan Antonio Coloma recuerda haberle escuchado a Jaime Guzmán que no hay nada tan estúpido en política como tomar las banderas del enemigo.

Esa actitud es la que uno esperaría de los políticos de la centroderecha que están dispuestos a llegar a acuerdos. Es más fácil atrincherarse y negarse a negociar que encontrar acuerdos justos y razonables y por eso entiendo que la tarea no es fácil. Pero lo que es indudable es que la negociación debe tener bordes, o límites, o bases, o líneas rojas, o como quieran llamarlo.

El rechazo de la reforma tributaria en la Cámara nos da la oportunidad de desechar malas políticas incluidas en el proyecto del Gobierno, como el impuesto a los altos patrimonios y la desintegración.

El objetivo de reducir la evasión tributaria es fundamental y debe centrarse en mecanismos para evitar la informalidad. Sabemos, por ejemplo, que gran parte de la madera comercializada en La Araucanía y Bío Bío no paga IVA y es producto de robos. Lo mismo ocurre con muchas otras actividades ligadas a mafias que han sido denunciadas públicamente en los medios de comunicación.

El Gobierno, en cambio, insiste con mecanismos arbitrarios para fortalecer la norma general antielusiva, pretendiendo cobrarle más impuestos a los pocos que pagan. La elusión es una cuestión distinta a la evasión. La reforma rechazada transformaba al SII en juez y parte, entregando a sus funcionarios, y no a tribunales tributarios como sucede actualmente, la calificación de la elusión, con el agravante que parte de la remuneración de esos funcionarios depende de la recaudación tributaria.

La reforma pretendía castigar “planificaciones tributarias agresivas”. ¿Qué es eso? ¿Pretenden acaso reemplazar a los abogados y contadores expertos en tributos por funcionarios de Impuestos Internos? Si ha de haber una reforma tributaria, ella debe fundarse en bases completamente distintas al proyecto rechazado e incluir también rebajas de gasto en programas que el propio Estado ha evaluado negativamente. De lo contrario tendremos más de lo mismo: regulación que inhibe el crecimiento económico y la inversión y no redunda a la larga en mayor recaudación tributaria.

Si el ministro Marcel se empeña en mantener intactos los aspectos esenciales de su fracasada reforma, la centroderecha no puede darle el paso. De eso va la negociación después de todo.

Por Luis Larraín, economista

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