El salar de Atacama es la joya de la corona, por tamaño, concentración de litio, ubicación geográfica y condiciones naturales. Es el mayor yacimiento del mundo en salmueras y ahí, sobre pertenencias mineras de Corfo, operan dos empresas: SQM y Albemarle. De los cerca de 50 salares que existen en Chile, es el único en explotación. Pero los privados y el gobierno aspiran a que no sea el único. Hace ocho años, una comisión presidencial del litio explicaba que Chile disponía de 19 salares estudiados con contenidos de litio y que cuatro eran los más promisorios: Atacama, Maricunga, Pedernales y Punta Negra. Hoy todas las miradas están concentradas en uno de ellos: Maricunga.
El salar de Maricunga tiene una superficie de 14 mil hectáreas, muy inferior a las 280 mil hectáreas del salar de Atacama. Y está a 3.750 metros de altura sobre el nivel del mar, más arriba que los 2.300 de Atacama. Su concentración de litio en las salmueras -superior a 1.000 mg/l- es la mitad del salar de Atacama y las reservas, un décimo. Hoy varias empresas tienen pertenencias mineras que compiten con sus proyectos ahí.
Hay, sin embargo, un asunto es clave: quienes podrán operar son quienes tienen pertenencias mineras previas a 1979, cuando un decreto creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), declaró el carácter estratégico del litio y estableció la reserva del Estado sobre esos recursos. Previas a 1979 eran las pertenencias de Corfo en el salar de Atacama -que hoy arrienda a SQM y Albemarle- las pertenencias de Codelco en los salares de Maricunga y Pedernales. Pero hay otros dos actores: Minera Salar Blanco, controlada por la junior australiana Lithium Power International, y la alianza entre Cominor, del grupo que lidera Francisco Javier Errázuriz Ovalle, y la singapurense Simbalik, denominada Simco.
Codelco -según una presentación del Ministerio de Minería de 2018 sobre pertenencias pre 79- tiene derechos equivalentes al 18% de la superficie del salar y empresas privadas, un 25%. Codelco tiene cerca de 2.500 hectáreas.
Salar Blanco tiene 2.541 hectáreas, concentradas en la zona norte del salar, pero solo 1.125 hectáreas son pre 79.
Simco declara tener 966 hectáreas entre Cominor y Simbalik. Su proyecto está diseñado en la zona nororiente del salar.
La empresa que tiene la mayor cantidad de pertenencias en Maricunga, sin embargo, es SQM, con 33 concesiones por aproximadamente 6.600 hectáreas, dijo la empresa a Pulso. Pero con una gran diferencia: son todas posteriores a 1979. Para explotar esos recursos se requieren concesiones administrativas o permisos especiales de operación, ya que el litio es un mineral no concesible. Si el gobierno establece en su retrasada política nacional del litio algún tipo de autorización para las pertenencias posteriores al decreto de hace 44 años, esas pertenencias adquirirán valor. Las pre 79, sin embargo, difícilmente serán afectadas por una nueva política: sus titulares podrían ir a tribunales locales e internacionales.
En 2018, Corfo obligó a SQM a apoyar a Codelco, si así lo requería, para desarrollar su proyecto en Maricunga, incluso aportando sus pertenencias a un emprendimiento conjunto: para ello tenía 4 años. Vencido el plazo, Codelco nunca activó esa cláusula.
Los actores de Maricunga no solo requieren pertenencias. Lo segundo, otro permiso otorga valor económico a esos derechos: son las autorizaciones de extracción y venta otorgadas por la Cchen a cada empresa.
Ahí, la ventaja es de Codelco: tiene autorizada una cuota de 325 mil toneladas de litio metálico equivalente (LME) hasta 2057, cuando vence el permiso otorgado por el Estado en 2017. Cada LME permite producir poco más de 5 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), la unidad de referencia de la industria.
Salar Blanco tiene autorización para extraer litio en salmuera por 88 mil toneladas (472 mil toneladas de LCE), pero según la eficiencia informada por la empresa, del 40%, podrá producir 35 mil por 30 años.
La alianza de Cominor y Simbalik suma 54 mil toneladas LME autorizadas por Cchen.
Así, los tres actores tienen activos y derechos que son diferentes. Salar Blanco está en la zona norte del salar, la más atractiva. Codelco en la zona sur, y muchas de sus pertenencias se superponen con el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, lo que complejiza su operación.
Pero el tercer requisito es el que da ventaja a Salar Blanco en la carrera: los permisos, un asunto que retrasa por años cualquier proyecto minero.
Salar Blanco es la única de las tres empresas que tiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, incluyendo algo estratégico por lo que ningún otro proyecto ha pasado: la aprobación del Comité de Ministros, que en febrero de 2022 aprobó su proyecto. Aun quedan algunas reclamaciones pendientes en los tribunales ambientales, pero la firma confía en que esa valla será superada fácilmente.
Simco, en cambio, logró aprobar su RCA en septiembre de 2020, pero la Corte Suprema la obligó a retrotraer todo ese proceso a la etapa de consulta indígena, un obstáculo que Salar Blanco ya sorteó. Así, en los hechos, su RCA no está vigente.
Codelco no tiene nada de eso: recién terminando sus exploraciones y falta mucho aún para tramitar un permiso ambiental.
Salar Blanco lleva siete años de desarrollo de su proyecto. Ya ha invertido US$ 71 millones. Cuando presentó su Estudio de Impacto Ambiental, en 2018, estimó una inversión de US$ 527 millones, pero este año anunció que pretende invertir US$ 700 millones. El plan producir 20 mil toneladas de carbonato de litio metálico al año, un décimo de los cerca de 200 mil toneladas que en 2022 produjeron SQM y Albemarle. La firma asegura a Pulso que pretende finalizar el proceso de estructuración financiera del proyecto en el primer semestre del 2023 e iniciar su construcción a fines del segundo semestre. La construcción tardaría dos años y medio. Así, en 2026 podría estar produciendo y comercializando litio. Nadie más tiene esa ventaja de plazos.
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