9.465 personas fueron asesinadas en Venezuela por policías y militares del régimen chavista en los diez años que lleva Nicolás Maduro al mando del país, según denunció este sábado la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos).
“Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”, expresó la organización venezolana en Twitter y señaló que, en la última década, también documentó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal, que abarca malos tratos y tortura.
Provea afirmó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por “la impunidad estructural” y “el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo”.
En diálogo con Infobae, el abogado y activista Marino Alvarado -coordinador de investigación de Provea- explicó que es “imposible” saber con precisión cuántos de esos homicidas han sido condenados y cuántos casos de asesinatos han sido llevados a un tribunal porque “no hay posibilidad de acceder a los expedientes y la justicia venezolana no es trasparente informando el estado de los procesos judiciales”.
“En la Justicia venezolana no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ya sean los crímenes cometidos mediante detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad o en el contexto de protestas”, advirtió Alvarado.
Pero señaló que la Fiscalia de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió su “investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela” en 2017 a raíz de toda la documentación que se le pudo hacer llegar con el trabajo de activistas y con los testimonios de familiares de las víctimas o las propias víctimas. “Luego, la CPI extendió el período a investigar desde 2014 a la actualidad ya afirmando que no son ‘presuntos’ crímenes sino que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, remarcó.
Por otra parte, Alvarado también indicó cuáles fueron los dos períodos más duros de la represión del régimen de Maduro desde 2013.
“Uno abarca del 2015 al 2017 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las matanzas de jovenes pobres que realizan policías y militares en esos denominados ‘operativos de seguridad’; que luego continuó la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía) de 2017 hasta el 2022, cuando fue disuelta”, contó Alvarado, y consideró que allí comenzó “la institucionalización de los asesinatos por parte del Estado” debido a que “quedó evidenciado que las ejecuciones no eran casos aislados sino que constituían una política de Estado”.
“Después estuvo la represión del 2017, que tiene características distintas porque se cometió con un uso excesivo de la fuerza frente a la protesta social que dejó un saldo de 143 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Pero no quiere decir que todos fueron asesinados por policías o militares porque también hubo una participación de colectivos (grupos paramilitares afines al chavismo)”, dijo Alvarado a Infobae, y recordó que las violaciones a derechos humanos del 2017 también fueron acompañadas con la “aplicación intensiva de justicia militar a civiles y el comienzo de la utilización de tribunales antiterroristas para asociar protesta social con terrorismo”.
Nicolás Maduro cumplió el último viernes 10 años de su llegada al poder en el Palacio de Miraflores tras la muerte de Hugo Chávez y su victoria en las elecciones de 2013 con una diferencia de menos del 1% en los votos contra la oposición. “Una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, consideró Provea.
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