Tras la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, la inmobiliaria dueña del inmueble anunció que pedirán la materialización forzosa de la venta.
“Los negocios comprometen de manera seria y de buena fe a las partes, debiendo respetarse los actos suscritos, la palabra empeñada y las obligaciones correlativas contraídas. Es lo mínimo que se podría esperar especialmente por tratarse de un acto en el que se involucra una institución pública”, argumentan.
Fue a través de una declaración pública que la inmobiliaria San Valentino explica primero el contexto en que ellos compraron la exclínica, aludiendo a que fue en medio de un “apuro económico”, sumado a “la discusión que se llevaba a cabo en el proceso constituyente, que tenía como uno de los puntos más polémicos el fin del lucro en la salud”. Esto generó un “contexto específico que nos permitió adquirir la propiedad bajo condiciones de precio y valoración excepcionales”.
Agregan que después de una larga negociación, en que los antiguos dueños tuvieron otros intentos de venta frustrados con otros interesados, y ante la urgencia de liquidez de parte de los antiguos dueños, pudieron “llegar a un acuerdo por el edificio sólo como inmueble, a un precio muy bajo, que es el conocido y expuesto por todos. Entendemos que comprar a un valor bajo, dentro de los márgenes establecidos por la ley, se encuentra permitido”.
De esa manera, desde San Valentino señalan que tras el rechazo a la propuesta de nueva Constitución y ya siendo dueños del inmueble, “las posibilidades de explotación del activo de salud (edificio médico e intangibles) volvieron a tener la expectativa de ser explotado para el uso específico que tiene, esto es como un centro de salud”. Y que el objetivo de la compra era “explotar directamente la clínica para un proyecto de salud propio, propósito para el cual estuvimos trabajando durante gran parte del año 2022 (con arquitectos, búsqueda de potenciales gerentes, etc)”.
Bajo ese contexto es que la Municipalidad de Santiago manifestó su interés en adquirir la propiedad.
Por ese interés, desde la inmobiliaria encargaron una valorización de activos fijos para obtener un parámetro del valor correspondientes a un recinto hospitalario y de consultas médicas, es decir, “como un centro de salud (tanto el edificio médico como sus intangibles), ambos como un todo, por un experto en este tipo de valoraciones de manera de tener una noción que nos sirviera como referencia si es que la municipalidad avanzaba en su interés por adquirir el establecimiento de salud u otros fines similares, por cuanto esta alternativa significaba renunciar a nuestro proyecto”, explican.
Abordaron también las diferencias de precio entre la compra de San Valentino, “prácticamente avalúo fiscal”, y el monto de venta a la municipalidad. Y explican que tal diferencia siempre fue conocida por todo el municipio, “incluyendo sus concejales antes de la votación en los estudios de títulos, lo que hicimos llegar siempre con la total transparencia)”.
“Entendemos que genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercado marcadas por los distintos contextos de cada operación”, dicen. “Rechazamos tajantemente lo que se ha expuesto respecto a que nosotros habíamos ofrecido la clínica públicamente por un valor mucho menor”.
En el escrito también aseguran que la captura de pantalla “que han hecho circular corresponde a una publicación de venta de abril de 2021 donde se ofrece el inmueble como un terreno y es de una fecha donde nosotros no éramos los dueños, y para ser claros y categóricos nosotros nunca hemos ofrecido la clínica a nadie, a ningún precio diferente al que le vendimos a la Municipalidad de Santiago”.
“Ella personalmente llevó esta negociación”: acusan “mala fe” e “inexperiencia” de Hassler
Respecto al proceso de venta con el municipio, San Valentino reitera que nunca ofrecieron el inmueble y que tampoco tuvieron “ningún tipo de acercamiento previo al contacto que ellos iniciaron con nosotros”.
Los primeros contactos, dicen, se produjeron entre los últimos días de septiembre y primeros días de octubre de 2022, mediante Claudia Ortega, una funcionaria del Cesfam Padre Orellana, quien indicó que la municipalidad estaba buscando adquirir infraestructura para salud y con quien se habrían coordinado las visitas de las autoridades municipales.
La inmobiliaria habla en específico de una visita realizada el 5 de diciembre, cuando la alcaldesa Irací Hassler llegó junto a un grupo de cerca de 15 personas, y que su equipo de comunicaciones hizo público, quedando registrado en redes sociales, y “mostrando el establecimiento y un gran entusiasmo por concretar esta compra por parte del municipio, en circunstancias que aún no recibía sus tasaciones ni se tenía mayor claridad de si podría o no concretar o no la operación”.
Es esto último lo que ahora constatan como “un primer paso irresponsable de la alcaldesa”, pues “antes de conocer sus tasaciones o valoraciones o si disponía del presupuesto para ello, comenzó a generar expectativas de los vecinos y funcionarios, por el pronto traslado del Cesfam Padre Orellana”.
Sin embargo -señalan- “de todos modos desde el inicio nos abrimos a la posibilidad de venta únicamente porque este podría ser negociado no como un terreno o inmueble, sino que como un edificio médico como activo de salud con sus derechos, de lo contrario nunca habríamos explorado esa opción”.
Tras ello, San Valentino asegura que sólo existió una instancia de negociación, una reunión presencial el 20 de diciembre de 2022, a la que fueron citados por Hassler y donde “ella personalmente llevó esta negociación”. En la instancia, según dicen, la edil ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedieron. Por ello es que la alcaldesa ofreció el valor que sí aceptaron, de 234.124 UF.
La reunión, dicta el comunicado, se realizó con la participación de alcaldesa Hassler y otras autoridades, entre ellos el secretario de Planificación; director de Asesoría Jurídica; directora de Salud. “En dicha reunión sugerimos un acta que señale los participantes y las tratativas ahí abordadas, cuestión que se nos refirió como no necesaria. Ante lo cual, por seriedad como vendedores, requerimos a la municipalidad nos remitieran una carta de cierre de negocio para formalizar con ésta última lo acordado en dicha reunión”.
En ese sentido, apuntan a una serie de “incumplimientos, irresponsabilidades y falta de claridad mínima” de la alcaldesa de Santiago y sus equipos, la que “a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe de la compradora, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte”.
Y apelan a que no sólo ellos se han visto perjudicados, sino que también otros propietarios, a quienes la municipalidad les había entregado expectativas de compra.
Acciones judiciales
Por todo aquello es que desde San Valentino anunciaron acciones judiciales “destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa, protegiendo nuestros legítimos intereses como vendedores”.
La inmobiliaria asegura que culpar a los tasadores que fueron contratados por la municipalidad, deslindando en terceros las responsabilidades que le competen principal y personalmente a la alcaldesa Hassler como jefa superior del servicio, “sólo demuestra a nuestro parecer una falta liderazgo y compromiso con sus propios deberes, equipos y con sus vecinos, a quienes les ha generado durante meses grandes expectativas asociadas a la apertura de este recinto como un servicio de salud, y dar rápidamente dignidad en la atención a los usuarios del CESFAM Padre Orellana”.
“Creemos, por lo tanto, que lo que corresponde a una autoridad es asumir la defensa de su proyecto, subsanar o reconocer y hacer propios los errores si los hubo y no escudarse en señalar con el dedo a quienes estaban en su equipo, bajo su mando, o en profesionales que ellos mismos contrataron”.
Finalmente, descartaron todas las teorías de fraude construidas, que sólo se pueden entender “en el silencio injustificado que mantuvo Hassler durante gran parte de la polémica, y luego el mal manejo de la información aportada a los medios de comunicación, las omisiones, la poca claridad y falta de proactividad de parte de su equipo para ofrecer respuestas claras y concluyentes”.
E informaron que encomendaron a una universidad tradicional del país un estudio de valorización del activo como unidad económica, “el que en sus conclusiones arriba a un valor similar (incluso mayor al precio de venta) al de las tasaciones cuestionadas, el que será puesto a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de despejar cualquier duda respecto al valor por el cual la Municipalidad adquirió”.
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