Lo que comenzó en un reclamo en el Concejo Municipal de Santiago, y luego en una denuncia ante Contraloría, hoy tiene a la alcaldesa de la comuna, Iracía Hassler (PC), en una situación más que incómoda. Y es que a partir de esos ruidos internos, en enero de este año, la jefa comunal hizo frente en dos sedes: la administrativa y la judicial. Sin embargo, ahora, podría sumar un nuevo flanco, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entró de lleno al estudio de la causa.
En lo administrativo el panorama aparece más o menos resuelto: el 13 de abril, Controlaría lapidó las aspiraciones de Santiago y cuestionó la compra de la Clínica Sierra Bella por “precio injustificado”, trabando definitivamente cualquier negociación, la cual involucraba el desembolso fiscal de $8 mil millones por la adquisición del inmueble.
El “golpe” dio de lleno en el municipio, provocando la petición por parte de Hassler de la renuncia del director jurídico y el jefe de Secplac. Con eso, la jefa comunal quería, de alguna manera, frenar los ruidos internos. Sin embargo, es lo judicial lo que complica más en la comuna. Eso se notó el 18 de abril cuando efectivos de la PDI llegaron hasta el edificio municipal para incautar el computador de la alcaldesa.
A las miradas de la Fiscalía y Contraloría, ahora se sumó el CDE. El organismo encargado de cautelar el legítimo uso de los gastos fiscales está al tanto de la investigación y es algo que ya está analizando.
El jueves 20 de abril fue la primera vez que el Comité Penal de la entidad estudió oficialmente el caso. La Fiscalía Centro Norte remitió los antecedentes de la causa para que el CDE viera si ameritaba o no querellarse en la causa que dirige el fiscal Patricio Cooper, lo cual dio pie para el inicio de una coordinación interna para tomar una decisión.
Así, el Comité le encargó a un abogado del CDE que se coordinara con la PDI para seguir recabando antecedentes del caso, adentrarse en el marco legal y qué tipo de facultades tendría el Consejo frente al caso, donde -explican conocedores de estas instancias- podrían querellarse por el delito de Fraude no consumado o negociación incompatible.
En la institución explican que el caso en el CDE está, como se dice formalmente, en “estado de vigilancia”, y que recién podría tomarse una decisión en tres o cuatro semanas más.
El rol del Concejo en la mira
Entre los puntos que el CDE busca dilucidar, antes de tomar su decisión está el rol que tuvo el Concejo Municipal al momento de aprobar la compra. Esto -agregan- es importante, pues allí la responsabilidad no solo sería de la alcaldesa Hassler, sino que también de quienes estuvieron por visar el negocio.
Esto porque el propio comprador, la inmobiliaria Valentino, sostiene que Hassler lideró las tratativas. El CDE indaga el rol de la alcaldesa.
Por lo mismo, se están analizando las actas del Concejo del 18 de enero, donde se aprobó la compra del inmueble. Lo que busca ahí el CDE es determinar qué concejales estuvieron por aprobar, quiénes por rechazar y quiénes se abstuvieron. Es partir de eso que también podría definirse, eventualmente, a quién iría dirigida la querella, en caso de decantarse por esta opción.
Otro punto que el organismo -que hoy dirige el abogado Raúl Letelier – busca despegar es el rol de los tasadores y si estas fueron o no en base al valor comercial o fiscal, y si al momento de hacer el trámite lo hicieron en “concierto” o acuerdo con el municipio, antes de evacuar una oferta formal. Toda esa operación y cómo se desarrolló paso a paso es lo que quiere aclarar el CDE, previo a una eventual acción judicial.
Los abogados querellantes en la causa están expectantes a lo que pueda resolver el organismo. Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados Republicanos que pidieron abrir la investigación, señala que “la labor del CDE es precisamente perseguir los delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por los empleados municipales. Por ende, el CDE tiene la obligación por instar que se determine la eventual responsabilidad penal de los funcionarios público involucrados en estos hechos”.
En esa misma línea, agrega que “la intervención del CDE, adicionalmente, produce un efecto trascendental desde el punto de vista procesal, ya que la representación de la municipalidad en este asunto queda radicado única y exclusivamente en dicho servicio. Lo anterior resulta lógico, ya que no puedo quedar la persecusión del delito en manos del mismo funcionario público que intervino en los hechos criminales”.
Por su parte, el abogado Aldo Duque, también querellante en la investigación, señala que “para nosotros sería muy importante la integración del CDE, pues ratificaría que el interés patrimonial del Fisco está comprometido, en razón de las maniobras desplegadas por quienes a nuestro juicio son autores del delito frustrado de fraude. Consideramos fundamental que se hagan parte, al igual que el SII, ya que son quienes deben analizar toda la arista tributaria, lo que cobra especial relevancia al observar que la sociedad que adquirió el inmueble (Inmobiliaria Sierra Bella) se constituyó con un patrimonio de $100 millones y pagó más de $2 mil millones por el recinto”.
Por ahora, el CDE espera armarse un panorama legal del caso y a partir de eso se tomarán las definiciones. Las etapas estarán marcadas por lo que logre recabar el abogado encargado, luego el informe que se presente al Comité Penal y luego, ya para tomar la decisión institucional de querellarse o no, se votará en el pleno de la insitutición encargada de resguardar los fondos fiscales.
/psg
