44 atentados incendiarios, 35 ataques armados y 10 usurpaciones son solo algunas de las cifras que dejaron los 50 días sin Estado de Excepción en la Macrozona Sur. Así lo explica el informe de la Multigremial de La Araucanía que reveló el alza de delitos en este periodo, donde tras la desestimación de la medida, se obligó al retiro de más de dos mil efectivos militares de la zona.

Las cifras ubican una vez más al Presidente Gabriel Boric en la polémica, al igual que las consecuencias de haber desestimado la continuidad del recurso constitucional.

Titulado como “Impacto en la Macrozona Sur a 50 días del retiro del Estado de Emergencia”, el estudio detalla que durante los 50 días previos al fin del Estado de Excepción se registraron 45 hechos de violencia, mientras que en periodo posterior –y ya sin la medida en marcha– la cifra aumentó a 122. Un incremento de 171% que eleva la media diaria de 0,9 hechos violentos a 2,4.

122 atentados en 50 días

El texto detalla que las usurpaciones de terrenos aumentaron en un 400%, en comparación a los 50 días previos (del 5 de febrero al 26 de marzo) en que sí hubo Estado de Excepción; mientras que los ataques armados a personas un 289% y los atentados incendiarios en un 91%. Respecto a estos últimos, de 23 delitos se pasó a 44.

Sobre los sectores afectados, los delitos están mayormente concentrados en la Región del Bíobío y La Araucanía. La Provincia de Arauco lidera la cantidad de sucesos, así como el aumento de ellos sin el Estado de Excepción; de 15 delitos aumentaron a 47. Es seguida por la Provincia de Malleco que bajo el Estado de Excepción registró 17 episodios, cifra que aumentó a 30 en el período sin la medida.

Ante estos hechos, el gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, cuestiona que en principio se haya levantado la estrategia y el período que estuvo sin regir: «Lamentablemente se podría haber hecho antes. 50 días, cuando hemos tenido 122 atentados entremedio son temas que se podrían haber evitado».

Además, Rivas subraya que mientras el Estado de Excepción estuvo vigente funcionó desde el punto de vista que bajaron las usurpaciones, los atentados y la gente se sentía más segura. «Haber dejado pasar 50 días sí complica un poco la situación porque tenemos grupos que cada vez se han ido radicalizando», afirma.

La advertencia desoída

El presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibañez apunta sobre los resultados del estudio que “en la medida que hay seguridad, la justicia puede hacer su pega y, por lo tanto había detenidos, había avances que era lo que a nosotros y a todo el mundo le interesa, que haya avance en el sentido que estos delitos y la gente sea puesta a disposición de la justicia, ser juzgado y que no se mantenga la impunidad”, enfatiza.

“Claramente el Estado de Excepción era un avance que podría ser incluso mejorado, pero ahí hubo un retroceso importante”, agrega. Asimismo, destaca la advertencia que le habían hecho al Ejecutivo: “Nosotros se lo dijimos a las autoridades desde antes que asumieran que el Estado de Excepción era importante, que había logrado reducir los delitos, reducir la violencia y no había en todos los casos logrado los objetivos, pero en lo sustancial había sido un gran avance”.

¿Llegaron a tiempo?

El pasado lunes el Gobierno decidió desechar su plan inicial de “estados intermedios” y declaró Estado de Excepción para dos provincias de Biobío y toda la región de La Araucanía. Una derrota interna para el Ejecutivo y que cambia el discurso –incluso de campaña– del presidente Gabriel Boric quien en reiteradas ocasiones había manifestado su rechazo al recurso como forma de enfrentar la violencia desatada en la Macrozona Sur.

“Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, era parte de lo que el Mandatario decía al ser consultado sobre el tema. Sin embargo, el incremento de los hechos violentos en el sector presionó a la autoridad a tomar acciones urgentes sobre la seguridad y su decisión de recuperar o no el Estado de Excepción Constitucional, medida que el mismo Ejecutivo había decidido no renovar el pasado 26 de marzo.

Cabe recordar que el Estado de Excepción había sido una medida aplicada por el expresidente Sebastián Piñera y que debido a la constante situación de violencia fue renovada en nueve ocasiones por el Congreso y, según los datos arrojados por la Consulta Ciudadana realizada en la región de La Araucanía, contó con el 81,56% de apoyo de las personas.

Fuentes consultadas por El Líbero afirman fuera de micrófono que la ministra del Interior, Izkia Siches, antes de asumir fue advertida por los responsables de la seguridad de la macrozona de que no retirara la medida, pues al poco tiempo se vería obligada a restablecerla. Lo que se concretó 50 días después y tras el fracaso de la estrategia que intentó implementar de «estados intermedios».

Sin Estado de Excepción

Entre los 122 registros violentos hubo uno que marcó dicho período, este tuvo lugar en la comuna de Los Álamos, en la Región del Bíobío. Allí, el pasado 28 de abril, un grupo indeterminado de desconocidos llegaron hasta el sector a bordo de vehículos y encendieron fuego a más de 30 camiones y maquinaria perteneciente a una empresa de áridos. En medio de disparos y camiones en llamas que obstaculizaban el paso de la policía, los violentistas redujeron todo a cenizas.

Con una violencia similar, el pasado 13 de mayo, el retén de Carabineros de Tirúa, en la Región del Bíobío, registró su segundo ataque consecutivo. Hecho que dejó a una mujer inocente y su hija de apenas 15 años con lesiones provocadas por perdigones. El ataque, que se extendió por casi diez minutos, tenía como objetivo “rescatar” a dos personas que habían sido detenidas por portar numerosos cartuchos de escopeta.

Sin embargo, la jornada de violencia no terminó. El mismo día, un grupo de sujetos realizó un ataque incendiario al hotel Küref, perteneciente a Fernando Fuentealba, el presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur.

Apenas un día antes, el 12 de mayo, un grupo de sujetos armados llegó hasta un predio en la comuna de Victoria, donde prendieron fuego a una casa patronal y le dispararon a un amigo del cuidador del predio. Tras el hecho, la Fiscalía aseguró que personal de Carabineros habría encontrado en el lugar un lienzo relacionado a un grupo denominado Resistencia Mapuche Malleco.

“Hemos perdido tiempo valioso”

Para el gobernador Luciano Rivas, «es importante que el gobierno haya tomado esta medida aunque han pasado cincuenta días y hemos perdido tiempo valioso de poder controlar la situación de violencia en nuestra región creemos que de todas maneras es importante que se toma esta decisión». Aunque lamenta que haber dejado pasar 50 días «sí complica un poco la situación porque tenemos grupos que cada vez se han ido radicalizando».

Rivas recalcó en su cuenta de Twitter que “la seguridad es un derecho que no puede someterse a chantajes ideológicos”, en alusión al conflicto interno que desató la decisión dentro del equipo del Mandatario y sus partidos aliados como el PC.

A pesar de la determinación, las autoridades de Apruebo Dignidad aún cuestionan su efectividad. La propia ministra Siches indicó el pasado martes que si bien la medida no era perfecta, sí ayudaba en el control de la violencia en la zona. “Entendemos muy claramente que el Estado de Excepción no es la solución para nada, ni para perseguir el crimen organizado como para tampoco para detener los enfrentamientos que hay en el territorio», dijo en Mega.

Rivas asegura que la ministra Siches «se equivoca rotundamente en su visión de los militares». Argumenta que «esa visión se toma con un sesgo político de las autoridades en Santiago y no ayuda a lo que vivimos en la Región de la Araucanía. Aquí necesitamos más seguridad, no menos seguridad y la ministra hace una lectura errada».

La tardanza en decretar la medida también molestó al gobernador de la Región del Bíobío, Rodrigo Díaz. El pasado martes y tras conocer la decisión final del Gobierno, la autoridad regional aseguró en conversación con Radio SonarFM, que “la verdad es que lo que se ha estado viviendo tanto en la zona cordillerana de la provincia del Biobío, como particularmente por su gravedad en la provincia de Arauco, ameritaban tomar una decisión distinta a la que se estaba ejecutando”.

Asimismo, comentó que la tardanza provocó impotencia y enfatizó en que «nosotros hemos perdido dos semanas con la discusión de fondo que cruza a parlamentarios que apoyaban al Presidente de la República, para que nos decreten un Estado de Emergencia acotado a lo mismo que era un Estado Intermedio».

“Entonces a uno lo frustra un poco viviendo a 500 kilómetros de Santiago que la discusión, en el plazo que se perdió, haya significado camioneros golpeados, una madre con su hija con perdigones, carabineros baleados en sus cuarteles y cortes de ruta», añadió.

El eco político

La molestia de la oposición con el Gobierno llevó a que un grupo de diputados del Partido Republicano anunciaran la presentación de una acusación constitucional contra la Ministra del Interior Izkia Siches. La razón, por “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución”.

El anuncio persistió aún, pese a que los jefes de bancada; Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y Andrés Longton (RN) habían hecho sus esfuerzos por convencer al PR de que era una mala estrategia.

Por Ángela del Canto para El Líbero

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