Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 418 del Código Procesal Penal fue presentado por la defensa del senador Manuel José Ossandón ante el Tribunal Constitucional.

La acción busca impedir que la fiscalía logre el desafuero del parlamentario en la Corte Suprema en el marco de la investigación que el Ministerio Público lleva en su contra por presunto tráfico de influencias en la comuna de Pirque.

Esto luego de que, la semana pasada, la Fiscalía Metropolitana Oriente enviara a la Corte Suprema un escrito de 13 páginas buscando revertir el rechazo -por nueve votos contra cinco- de la Corte de Apelaciones a la solicitud de desafuero de Ossandón. En el texto los fiscales Manuel Guerra y Felipe Sepúlveda apuntan a que la Corte de Apelaciones de San Miguel excedió “con creces el estándar de antecedentes preliminares del desafuero”, ya que este no es el tribunal competente para resolver el fondo del asunto.

En esa oportunidad, la defensa del senador, Samuel Donoso, ya adelantaba que “no cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema en este procedimiento” y que ocuparían las vías que les da la ley para impedirlo lo que se concreto en las últimas horas.

En el texto enviado por la defensa de Ossandón al TC, al que tuvo acceso La Tercera, se señala que “conforme lo señala claramente el inciso segundo del artículo 61 de la Constitución Política, en contra de dicha sentencia denegatoria del desafuero, no procede recurso de apelación, puesto que no se trata de una sentencia que haya hecho lugar a la formación de causa, que es la única hipótesis en que la Carta Fundamental autoriza la apelación para ante la Excelentísima Corte Suprema”.

En ese sentido, se agrega que “el fallo de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó el desafuero no es impugnable, en consecuencia, queda ejecutoriada la resolución que rechazó el desafuero y debe operar el efecto jurídico previsto por el artículo 421 del Código Procesal Penal, esto es, sobreseer definitivamente a nuestro respecto por los hechos que han sido imputados por el Ministerio Público”.

El parlamentario es acusado por el Ministerio Público de tráfico de influencias, al presuntamente haber intervenido en la Municipalidad de Pirque a favor de la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA, la empresa en que su hijo Nicolás era el administrador, en el marco de un millonario negocio de extracción de áridos en el río Maipo. La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada el 9 de noviembre de 2018 por el alcalde de Pirque, y primo del senador, Cristián Balmaceda, quien lo acusó de intervenir en el concejo municipal de su comuna en octubre de 2017 y también ante él, para tratar de destrabar un convenio en la municipalidad para favorecer a Cavilú, sin transparentar que ahí trabajaba su hijo.

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