Joel Ovalle (68) transitaba en su vehículo en la ruta de Alboyanco, entre Collipulli y Angol, en la región de La Araucanía cuando, pasadas las 17.00 horas, un grupo de encapuchados lo comenzó a perseguir por los caminos rurales. Tras ser alcanzado en el kilómetro 20 de la Ruta R-340 los aún desconocidos realizaron cuatro disparos a la camioneta que manejaba el agricultor, según los antecedentes que se manejan hasta ahora por la policía.

Con un pronóstico poco auspicioso, el hombre fue trasladado hasta el Hospital de Angol, donde cerca de las 18.30 horas se confirmó su deceso.

Quien acompañaba al agricultor en el momento del ataque no se percató del primer impacto hasta que se acercaron a una curva. Según declaró a la policía, cuando Ovalle disminuyó la velocidad del vehículo, miró al conductor y se dio cuenta de que tenía sangre bajando por su cuello. Es justo en ese momento cuando el vehículo comienza a detenerse, mientras por detrás aparecen los encapuchados. Uno le golpea el vidrio y le dice ‘corre o te matamos’, el acompañante se bajó rápidamente y escuchó más disparos.

La persona se va, se esconde en matorrales y solo regresa cuando los vecinos llegan a prestarle auxilio al conductor herido, momento en que ya se habían ido los agresores.

Los primeros reportes ya daban cuenta de al menos tres impactos de bala de 9.9 milímetros que el parcelero recibió en sus piernas y cráneo. Si bien se trató del segundo fallecido del martes 18 de enero por hechos de violencia en la Macrozona Sur, fuentes cercanas a quien fue el presidente de la Junta de Vigilancia de Vecinos de Alboyanco aseguran que el caso de Joel no fue un ataque cualquiera.

“A él lo mataron porque se la tenían prometida hace rato, esto no fue una cuestión al azar, no fue un tema cualquiera, esto fue con nombre y apellido”, afirma la diputada electa Gloria Naveillán (Republicanos). Y es que la activa labor de Ovalle para cuidar a la comunidad y dirigir la vigilancia del sector, junto con una postura pública y clara respecto a los hechos de violencia y las orgánicas radicalizadas, lo pusieron en la mira de los violentistas.

En 2012, el propio Ovalle lo advirtió: “Voy a tener que andar en la calle armado porque a mí en cualquier momento me asaltan en la calle y me ponen un balazo en la noche“.

El agricultor se radicó por cuatro años en Santiago, volvió a su predio en abril del 2021, pero no alcanzó a estar más de un año en la Araucanía, cuando estos balazos “con nombre y apellido” le quitaron la vida.

Tiempo atrás ya había sido víctima de otras amenazas. Su nombre quedó grabado cuando en 2014 advirtió públicamente que algunos parceleros de La Araucanía se estaban armando para protegerse de los ataques. “Si me tocan a uno de mis trabajadores, yo obviamente voy a tocar a cinco de ellos”, decía. Su interés contra la violencia en La Araucanía lo llevó a participar en un desayuno con la expresidenta Michelle Bachelet en una de sus visitas a la región en 2015.

Su posición sobre la defensa de los predios incomodó a más de alguno e, incluso, figuras públicas habían denostado su actuar. No obstante, tras una serie de hostigamientos, en 2017 el Ministerio Público dispuso a un grupo de Carabineros para proteger su domicilio e integridad, según consignó La Tercera.

“Él era probablemente un blanco hacía rato”, aseguran otros cercanos al agricultor y añaden que sentía gran respeto por el derecho a vivir en armonía. Naveillán explica que fue precisamente él quien presidió –en conjunto con el Gremio de Agricultores de Victoria Malleco y la Asociación de Víctimas de Violencia Rural– la solicitud al gobierno para comprar los predios de sectores que viven asedio.

“Lo que pedían era súper claro, ellos no podían seguir viviendo ahí y, por lo tanto, lo que ellos pedían era que el gobierno les comprara esas tierras para que ellos pudieran rehacer su vida en otro lugar. Finalmente el gobierno compró la gran mayoría de las tierras de Chiguague, les pasó la plata, en fin, pero a la gente de Alboyanco no. Esa gente quedó absolutamente abandonada y esa gente se tuvo que ir del lugar”, describe la diputada electa.

Fuentes cercanas a la seguridad en la Araucanía declaran a El Líbero que para ellos los hechos fueron una “ejecución”. Según comentan, “la etiqueta que le pusieron los medios fue un ataque, pero a esta persona la venían siguiendo, se habló de una persecución y ahí se produjo el atentado”.

Para Francisco Alanis, presidente de la Asociación para la Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), en el sector sufren de un acoso permanente. “En ese sector este grupo de parceleros viven bajo constante asedio, se ha hecho un desplazamiento enorme porque ya de 40 y tantos parceleros van quedando cinco”, sostiene.

De los cerca de 45 parceleros que junto a sus familias habitaban un total de 500 hectáreas en el sector, a la fecha viven alrededor de cinco, uno de ellos era Joel, y quienes quedan allí viven “un hostigamiento permanente”. Los violentitas, dice Alanis, ya han quemado casas, galpones, bosques, matado a animales, entre otros elementos con los que se sustentan los vecinos. “Hay algunos parceleros que ya están prácticamente sin nada. Esto se lo hemos hecho presente a los ministros del Interior que han venido acá, a los delegados, a todas las autoridades les hemos hecho presente el caso”, enfatiza.

El grito de auxilio

Apenas unas horas antes del ataque a Ovalle, desconocidos asesinaron a Andrés Millanao (22) en Cañete. Con un disparo por la espalda que le atravesó el tórax, el hombre que se encontraba en una faena forestales dentro de un un skidder, finalmente murió en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de la comuna. A pesar de que aún no está confirmado que se trate de un atentado producto del conflicto en la zona, la emboscada fue el inicio de lo que marcaría una de las jornadas más crudas de la Macrozona Sur y que confirmaría una vez más la ola de violencia que sufren los habitantes del sector.

Tras los hechos, la mañana del miércoles el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró en Radio Duna que ambas muertes habían sido “dos situaciones gravísimas” y que dan cuenta de la violencia que se vive, tanto en la provincia de Arauco como en la provincia de Malleco, “y esto fue justamente lo que llevó al Presidente de la República a decretar un Estado de Excepción Constitucional”. Medida, que dijo, es necesaria mantener.

La presencia del Estado y las medidas en la zona han sido un grito de auxilio para quienes viven a diario la incertidumbre de si podrían sufrir un ataque.

Desde el Consejo Político Mapuche y el Consejo Político Primeras Naciones rechazaron “todo acto de violencia, venga de dónde venga” y aseguraron confiar en que el camino de solución de cualquier conflicto es el diálogo. En esta línea, el líder de la organización, Fernando Rodríguez, lamenta “profundamente” la muerte del agricultor y enfatiza en que es un hecho violento que se suma “a los tantos que ya hemos conocido”, donde el Estado de Chile es quien debiese ponerle el ‘cascabel al gato’ y no lo ha hecho.

Frente a la aplicación del Estado de Excepción, Rodríguez profundiza en que la “militarización” de la zona es una ayuda, pero no es la solución: “Tal como les hemos planteado, creemos y estamos convencidos de que hay que trabajar en torno a tres aristas: tierras, política y delincuencia”. Según Rodríguez, a pesar de la serie de planteamientos al Gobierno, “lamentablemente no nos ha escuchado”.

Para el presidente de la Fundación Manke y coordinador nacional de Evópoli para los pueblos originarios, Rodrigo Huenchumán, la violencia en el sector debe ser un tema que las autoridades deben abordar con urgencia. A pesar de que valora la efectividad del Estado de Excepción, considera que no ataca el tema de fondo. “Yo siempre he dicho que está bien que atacaran la arista policial, pero está totalmente por el piso, al debe, una agenda política que subsane los temas de fondo”, dice.

Por Ángela del Canto y Francisca Escalona para El Líbero

/psg